Crisis carcelaria

La única manifestación desencadenada hasta el momento es una huelga de hambre que protagonizan 300 prisioneros del penal de Puente Alto –situado al sur de Santiago, la capital– quienes se solidarizaron con los presos de la cárcel iquiqueña y protestaron por las condiciones de hacinamiento y mal trato que enfrentan.

«Una situación como ésta genera angustia en el resto de los recintos penales, solidaridad. Es posible que haya réplicas», reconoció a Reuters el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.

«Lo importante es que nosotros podamos conversar, (…) para lograr evitar que se produzcan hechos que pudiéramos lamentar en el futuro», agregó.

Las razones del siniestro, la mayor tragedia en la historia carcelaria del país, aún no están claras para las autoridades, aunque los testimonios de los involucrados dejaron de lado la idea inicial de un motín.

Más que una revuelta carcelaria, las hipótesis apuntan hacia un accidente ocasionado por un desperfecto eléctrico o una fuga de gas, que provocó las llamas en una celda donde se hacinaban 32 reclusos, de los cuales 26 murieron calcinados.

«Yo conversé con los gendarmes y con los internos, los que me relataron los hechos, y ambos me señalaron que no era un motín», afirmó Gómez.

El gobierno ha debido enfrentar las críticas de los familiares de los reos de Iquique, quienes acusan a Gendarmería, organismo encargado de custodiar las cárceles, de haber reaccionado tarde.

«Debieron haber actuado antes (…) Si hubieran roto los candados (cerrojos) antes, se podrían haber salvado algunos, no todos, pero algunos», manifestó Isidro Saavedra, familiar del joven Alejandro Saavedra, procesado por robo, quien murió acorralado por las llamas en la prisión iquiqueña.

De acuerdo con bomberos, el llamado para acudir al siniestro sólo se realizó 20 minutos después de que se desencadenaron las llamas, lo que impidió salvar a algunos de los presos fallecidos a consecuencia del incendio.

Ya están en camino dos investigaciones, una administrativa y otra criminal –encabezada por un juez especialmente designado– que determinarán las causas del incendio y las eventuales responsabilidades de los guardias.

«No vamos a adelantar juicios respecto a una investigación (…) Haremos todo lo posible para que la gente pueda saber por qué pasó el accidente o la situación que ocurrió en el penal de Iquique», dijo Gómez.

Licitación de cárceles

La desgracia ocurrida en el norte de Chile revela la precaria realidad carcelaria del país, un problema que se repite regularmente en distintos países de América Latina. Países como Argentina, Brasil o Venezuela sufren normalmente amotinamientos de los prisioneros, quienes protestan por el hacinamiento y los malos tratos recibidos.

Chile se encuentra en medio de un proceso que justamente apunta a prevenir las tragedias: una licitación para construir nuevas cárceles que eviten la sobrepoblación y una reforma al sistema judicial que lo hará más ágil y transparente.

De esa forma se desea evitar que presos, como muchos de los jóvenes que murieron en Iquique, pasen tras las rejas prolongados procesos sin conocer siquiera cuáles serán sus condenas.

«Con estas dos situaciones, en un plazo que nosotros pensamos que no puede pasar de 2004, vamos a tener resueltos los problemas que hoy día son estructurales del sistema (judicial) chileno», afirmó Gómez.

El gobierno subastará a empresas privadas el diseño, construcción y mantención de 10 nuevas cárceles, donde habitarán 16.000 internos. Esos recintos penitenciarios comenzarán a operar en 2003.

Ya existen siete grupos interesados en construir tres nuevas prisiones que serán preadjudicadas en octubre, cuando se abran las ofertas económicas. Otras dos se licitarán un mes después.

Las cinco restantes serán subastadas en 2002. En Chile hay 104 penales que albergan a 34.000 reclusos con un 40 por ciento de sobrepoblación.

En la cárcel de Iquique, por ejemplo, se encuentran alojados 1.700 internos, cuando el edificio estaba diseñado para albergar sólo a 1.000. (Reuters)