En 12 meses procesaron a 65 "micronarcos" en Montevideo

La preocupación del secretario de Estado al momento de tomar la determinación quedó expresada en la resolución firmada el 2 de mayo de 2000, que hacía referencia al aumento de la venta callejera de droga y, por ende, al consumo, lo cual «genera innegables situaciones de violencia, inseguridad y distorsión de la normal convivencia social».

«Asimismo –afirmaba Stirling– se ha constatado en las inmediaciones de los centros de enseñanzas y clubes nocturnos la presencia de personas distribuyendo y/o consumiendo droga (cocaína, marihuana etcétera), hecho que causa gran preocupación en la dirección de esos institutos y padres de los jóvenes que allí concurren».

En aquel momento se revelaron las nuevas conductas de los vendedores, que, buscando amparo en la ley –que no esablece penas para los consumidores–, merodeaban liceos y lugares públicos de esparcimiento de jóvenes con pequeñas cantidades de droga. Esto para, en el caso de ser apresados por la Policía y puestos a disposición de la Justicia, no resultar procesados y poder volver al negocio.

Incluso, esto motivó la presentación de un proyecto de ley que establecía nuevas pautas en este sentido. El mismo fijaba que según las circunstancias en las que una persona era capturada con droga, aunque sea mínima, el juez podía decretar su procesamiento. El fundamento para pedir este cambio era que «estas conductas llamadas de ‘microtráfico’, productoras de graves daños sociales, no se encuentran apropiadamente tratadas en la legislación actual».

Metodología

Este panorama determinó que el Departamento de Orden Público se abocara especialmente a combatir esta situación.

Y esto en el entendido de que el combate al narcotráfico a mayor escala se encuentra bajo la órbita de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid). Sin embargo, en el transcurso de este tiempo la repartición también terminó con el accionar de personas y grupos que estaban varios escalones arriba del «microtráfico».

Y en este contexto, teniendo en cuenta que el Orden Público tiene históricamente asignadas otras misiones específicas, en la práctica procede a asumir el operativo primario y elevar el caso a la Justicia, y una vez que ésta decide, deriva los antecedentes a la Dgrtid para que profundice las pesquisas.

Fuentes de Orden Público explicaron a LA REPUBLICA que desde la resolución tomada por el ministro del Interior han sido detenidas 689 personas. La mayoría de estas correspondió a consumidores que, tras ser indagados por los funcionarios, aportaron o confirmaron informaciones que se manejaban. En una tercera etapa los actuantes proceden a realizar allanamientos en las fincas sospechosas o a detener in fraganti delito a los vendedores.

Pero la fase final no siempre pudo ser concretada en un primer momento, en virtud de que los narcos también acusaron el golpe de la iniciativa policial, y en muchas ocasiones armaron sus propios «servicios de seguridad». Las fuentes explicaron que vecinos o consumidores eran contratados para estar alertas ante movimientos sospechosos, y llegado el caso avisar a sus jefes. Esto frustró varios procedimientos.

Resultados

En lo que hace a los resultados estadísticos, un informe al que accedió LA REPUBLICA sobre el primer balance de la misión asignada a Orden Público revela que de los 689 detenidos en el transcurso de los procedimientos, 65 fueron procesados al comprobarse responsabilidad en la tenencia o comercialización de estupefacientes.

Esta importante cifra, traducida a la realidad primaria planteada por Stirling, demuesta que desde mayo de 2000 la repartición sacó de la calle, por mes, a 5,5 «microtraficantes».

Las estadísticas demuestran también que fueron incautados 14 kilos 100 gramos de marihuana, casi ocho kilos de cocaína, 644 pastillas de extásis, 18 pastillas europrint y 8 dosis y media de acído lisérgico (LSD). Pero el secuestro de elementos también incluyó aquellos que los procesados empleaban para su trabajo: 23 teléfonos celulares, 17 balanzas y 10 cucharitas para el fraccionamiento de la droga.

Pero los bienes incautados a los narcos, además, incluyeron una computadora portátil, 1.470 dólares y 56.400 pesos (producto de las ventas) una moto y un auto Peugeot 405. Este último rodado pertenecía a dos narcos que cayeron en la zona de Carrasco con dos kilos de cocaína y que forman parte de los 65 procesados. Las fuentes consultadas dijeron que el vehículo, por decisión de la Justicia, quedó a disposición del Poder Ejecutivo, que en base a la legislación puede destinarlo al uso oficial, a una institución relacionada a la rehabilitación de consumidores o a la institución participante en el operativo.