El robo llegó a la Junta

Mariana Rabinovich – San José

 

Como informara LA REPUBLICA en la edición del pasado sábado, la rapiña al funcionario ocurrió en cuestión de segundos a plena luz del día y en el centro de la capital departamental, poniendo seriamente en riesgo su vida. Un individuo armado lo amenazó de muerte y lo obligó a entregarle la recaudación por concepto de patentes que debía depositar en el Banco República.

Luego, el delincuente encapuchado fugó con el botín y la ayuda de un cómplice que le aguardaba en una motocicleta. Extraños matices presentaron los hechos. Entre ellos, y quizás el más grave, es que el funcionario no iba acompañado por el guardia armado que en estos casos es exigido por las disposiciones ministeriales que regulan la materia, y que el monto transportado excedía ampliamente lo permitido por las mismas disposiciones para el traslado a pie –fijado en menos de 8 mil dólares–.

En la sesión del legislativo comunal se presentó una moción urgente para analizar el tema, presentada por los representantes del Encuentro Progresista y dos de los sectores blancos (listas 1 y 50, no oficiliastas). Pero, en el momento en que el cuerpo de ediles se disponía a abordar el problema, en forma inesperada arribaron a la sede del legislativo la secretaria general del municipio y el contador comunal Linder Reyes, lo que provocó que de sala fueran retirados oyentes y prensa para sesionar en carácter secreto.

Según la información a que pudo acceder LA REPUBLICA de fuentes internas a la Junta, la intención era centrar el análisis en si correspondería o no al Banco de Seguros del Estado reintegrar a la Intendencia el monto robado. «El asunto terminó siendo muy light», manifestó uno de los ediles consultados. Da la impresión de que no hay dudas de que la responsabilidad recaería sobre el contador Reyes y hasta en el propio intendente, pero ellos (Martínez y Reyes), se limitaron a señalar que como la investigación administrativa ordenada por el ejecutivo se encuentra en curso, no le es posible aportar mayores datos». Otra relevante información aportada por las fuentes consultadas señala que la Intendencia ya inició «tratativas con la directiva del BSE para intentar cobrar el seguro, o parte del mismo».

Consultada a su vez por LA REPUBLICA, la contadora Beatriz Martínez confirmó la presencia de ambos jerarcas en la sesión de la Junta Departamental, pero resaltó el hecho de que debía «preservar el secreto establecido» por la misma, como condición para tratar el tema. «Fue radicada como corresponde la denuncia ante el Banco de Seguros, también la denuncia policial y la investigación interna de la Intendencia, en carácter de investigación administrativa, también está siguiendo su curso. Por el momento, es todo lo que podemos manifestar públicamente», expresó la representante del municipio maragato.