Miembro de la Pastoral Carcelaria opina sobre la prisión canaria

"Ningún guardiacárcel tiene a su perro en las condiciones en que vive un preso"

Canelones

 

A las 10 y 30 de la mañana del sábado 7 de abril, Leonardo Andrade, un hombre de 24 años que hacía dos años y medio había sido procesado por «copamiento» y se encontraba alojado en el Pabellón 5 de la cárcel canaria, saltó dos tejidos de alambre e intentó escapar. Desde sus torretas, los efectivos militares lo divisaron e iniciaron una balacera. Tres impactos de un fusil FAL dieron en su cuerpo y le provocaron la muerte. Desesperada, su madre pidió «justicia» y presentó al caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Al ser entrevistado por LA REPUBLICA, Galeano –quien visita el centro carcelario desde hace nueve años– brindó su visión sobre este tema.

¿Cuál es la situación actual dentro de la cárcel de Canelones?

–Ante el cambio de subjefe de Policía apareció la preocupación del jefe de Policía, Luis Pereyra Roldán, por la superpoblación en la cárcel de Canelones. Comparto eso, y lo compartía antes, cuando en octubre, tras ser invitado por una edila del Partido Colorado, fui a la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental. Si bien me escucharon, a partir de ese momento no cambió nada. De todos modos, debo destacar que los más preocupados fueron los ediles Richard Díaz, del Encuentro Progresista, y Lilián Díaz, del Partido Nacional. Los que me llevaron para hablar sobre este tema han desaparecido.

En aquel entonces, un empleado de la Junta nos dijo que lo mejor hubiera sido ir directamente a la Intendencia para hablar sobre este tema, salteando la comisión, pues allí los ediles no tienen poder y no pueden decidir nada. A mí me dolió, pero ese funcionario decía la verdad. La superpoblación en la cárcel, que no es de ahora sino que se arrastra desde hace mucho tiempo, lleva a que en lugares donde entran solamente 12 personas, haya más de 30. Esa imposible convivencia hace la violencia. Y eso lo saben la Policía y las fuerzas vivas de Canelones, no es nada nuevo.

Siento que la preocupación salta tras la lamentable muerte de un muchacho que escapaba el pasado siete de abril. Ese día yo estaba dentro de la cárcel, oficiando la reunión de la Iglesia Católica de todos los sábados. En ese ámbito, uno de los muchachos preguntó por qué quiso irse. Nuestra respuesta fue que es tal la ansiedad de libertad que uno siente dentro de esa cárcel, que hizo la locura de tirarse a cualquiera con tal de salir. Lamentablemente murió, y Dios quiera que alguna vez pueda aclararse lo que sucedió. Personalmente, no soy muy positivo. Un funcionario policial me dijo que no entendía qué le había ocurrido a este muchacho, que nunca había sido sancionado.

–¿Por qué cree que nunca se sabrá lo que ocurrió?

–Porque no hay testigos directos que sean imparciales y puedan decir lo que vieron. Podrá existir un informe de la Policía o del grupo militar que estaba a cargo de la custodia de la cárcel. Pero más allá de esta irremediable muerte, la situación carcelaria no cambia: cada día se agrava más. Cabe destacar que Canelones tiene una capacidad para 250 presos y hay 500. Eso tampoco hace posible la buena convivencia.

Su madre, con todo el derecho, pide justicia. Puede ir a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, pero que no aliente esperanzas respecto a que eso cambiará, porque se trata de un sistema. Debemos cambiar el sistema carcelario, que es inhumano. Ninguno de los guardias de la cárcel tiene a su perro en las condiciones en que viven los presos. Se olvidan que el derecho que se perdió es el civil, y que el derecho a la vida, a la salud, siguen estando presentes.

Por otro lado, observo que hay una desidia por parte de todos los partidos políticos porque saben que ni ellos –ediles, diputados, senadores y toda esa clase de líderes– ni sus parientes ni sus amigos van a caer. Y los que caigan, saldrán a los pocos días, como ya hemos visto. Entonces, la cárcel es una realidad para los pobres. Los únicos que irán presos son los pobres. Los ricos tal vez vayan algunos días de manera testimonial a algún lugar que no sea peligroso para su integridad física o moral.

Además, aquí existe una realidad social. En las casas antiguas, el baño se hacía lejos de las habitaciones por los malos olores que salían. Actualmente, los manicomios y las cárceles también deben estar lejos de los centros poblados para que no se sienta el mal olor de lo que crea esta sociedad. Los presos son una realidad de esta sociedad y de la que están creando los que dicen que gobiernan.

En ese sentido, hoy la ciudad de Canelones tiene una sola fuente de trabajo, el frigorífico, cuya actividad se verá perjudicada por el brote de fiebre aftosa. Y la gente, ¿de qué va a vivir? ¿Cómo hacemos para que estas situaciones no sean fermentos para que haya más personas en la cárcel?

Por otra parte, la Policía no está preparada para atender a los presos. El 90 por ciento de los policías que van a las cárceles no quiere estar allí, es como una sanción. En la cárcel hay personas con deficiencias mentales o con capacidades diferentes; algunos son incapaces de razonar. ¿Cómo podemos internar a esos muchachos con gente que tal vez nunca recibió un abrazo y hoy se desquita con cualquiera?

–La madre del preso asesinado por un soldado sostiene que su hijo no estaba condenado a muerte. ¿Fue correcta la actitud de ese militar?

–El policía no está preparado para tirar a matar, sino para contener. La formación del militar es diferente, no sabe cómo detener a una persona.

Cuando existe una confrontación de guerra, al enemigo no se le puede decir alto, hay que tirarle a matar.

Yo me pregunto: ese soldado que mató a este muchacho, ¿cuántos años le llevaba a su víctima?

¿En qué se diferenciaban sus vidas? ¿Acaso el militar vive en un barrio residencial y tiene todas las comodidades para llevar una vida digna? Estoy seguro que no. Y si no hubiera tirado terminaba preso y quedaba sin trabajo, porque se le escapó una persona. Alguien le dijo que estaba ahí para eso.

No defiendo a quien disparó, porque ninguna muerte es justificable. Pero hay una figura que se llama autor intelectual, y sería bueno que alguna vez el que se tenga que poner el sayo, que se lo ponga.

–¿Quién es para usted ese «autor intelectual»?

–El Ejército y la Policía responden a un gobierno y a su política. Pero las leyes son del Parlamento, y si hay una ley que permite que la vigilancia de un sector civil esté a cargo de militares, el Ejército no tiene la culpa, los culpables son los que votan esa ley.

Hay una ley que establece que una persona tiene que ir presa ocho años por cometer un copamiento, y la votaron nuestros diputados y senadores. Ahora, ¿cuántas de esas personas vivieron durante un día la situación del preso, para entender a quién se está juzgando?

Es verdad que aquí se mata y viola, pero para terminar con eso la solución no es enterrar gente de por vida en la cárcel. A una persona que cometió un delito, ¿se le hace justicia o venganza? Escucho mucho más el «que se pudra en la cárcel» al «que se haga justicia».

Si pretendemos encontrar culpables en Uruguay, no los busquemos entre los de abajo, sino entre los que tienen chances de introducir cambios y no lo hacen. El soldado que disparó es el culpable directo, pero a él no le dieron chance, y estaba en juego su trabajo.

El muchacho que murió no tenía sanciones. Cometió un error, se dio cuenta de lo que había hecho cuando estaba preso y pidió perdón. ¿Y qué chance tuvo de pensar afuera, desde esos cómodos sillones de parlamentarios?

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