Caso del preso muerto por soldado en Canelones llega al Parlamento

Andrade vivía junto a su familia en la localidad de Barros Blancos. Hace 28 meses el juez de Pando lo procesó con prisión por «copamiento», y desde entonces aguardaba la condena. Antes de ser detenido, según consta en su certificado de defunción, era un desocupado que a veces hacía alguna «changa» para mantener a su hija de dos años.

Tras ser remitido, los jerarcas de la cárcel departamental ordenaron que fuera alojado en el Pabellón Nº 5, donde durante algunas semanas tuvo que dormir en el piso. Sus familiares, de bajos recursos, pasaban varias semanas sin verlo ante la falta de dinero para trasladarse hasta el centro de reclusión.

En declaraciones a LA REPUBLICA, su madre, Hortencia Moreira, aseguró que Andrade había escrito varias cartas en las que pedía disculpas a la familia que había asaltado y mostraba arrepentimiento. «Mi hijo no era peligroso, tenía buena conducta y era recuperable para la sociedad», afirmó la mujer.

De acuerdo a las informaciones brindadas oportunamente por voceros policiales, a las 10.30 del sábado 7 saltó dos alambrados y pretendió fugarse. Al cruzar el segundo tejido fue avistado por un efectivo militar apostado en el exterior del centro de reclusión.

La versión de los hechos establece que el soldado dio la voz de alto en varias oportunidades, y como el preso no se detenía efectuó tres disparos al aire. Al observar que sus advertencias no surtían efecto, apuntó contra Andrade y disparó varias veces su arma reglamentaria, un FAL. El recluso fue alcanzado por tres disparos: uno en la nuca, otro en la espalda y uno más en la rodilla. Murió de manera prácticamente instantánea.

Dichos trascendidos de prensa –los ministerios del Interior y de Defensa no emitieron comunicado oficial al respecto– no convencen a Hortencia Moreira, que promete luchar hasta que el caso, actualmente bajo la órbita de la Justicia civil, se aclare. «Por más que los militares tengan la consigna de disparar y matar, deben darse cuenta que si a este muchacho se le dio por correr, fue porque había perdido el control», dijo. Luego destacó que «el asesinato cometido por el soldado fue inhumano; aquí no existe la pena de muerte».

La mujer aseguró que dos presos constataron que «en medio de una balacera», cuando Andrade intentaba evadirse, «los policías que corrían detrás con perros le gritaron a los soldados que no dispararan porque ya lo tenían». «¿Por qué le dieron a matar si no era necesario?», preguntó, y subrayó: «Si la consigna militar es matar, pongamos un paredón y matemos a todos los presos, y así las cárceles estarán vacías». Sostuvo que «los militares tienen que pensar antes de disparar» y sugirió que para la custodia de las cárceles «pongan a personal experimentado y no a cualquiera que quiere jugar a la guerra».

Al Parlamento

Moreira afirmó que la ropa que su hijo vestía cuando fue ultimado no tenía manchas de sangre. El pantalón deportivo registraba un pequeño orificio, mientras que sólo la campera de jean presentaba manchas rojas. Estos aspectos también generaron dudas a los familiares, que reclamaron la reconstrucción del hecho. La madre aseveró que «con su muerte quisieron tapar las otras fugas, en las cuales no tuvieron que pegar ni un tiro» e insistió en que su hijo «se desesperó». Además, adelantó que en los próximos días presentará una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. «Creen que esto quedará así, y de esa manera seguirán matando», concluyó.