14 procesados por usurpación, y desalojo obligado en 24 horas

El caso se remonta al primer fin de semana de febrero, cuando las autoridades del Colegio San Luis, que pertenece al Instituto de las Hermanas del Huerto, denunciaron la ocupación de unos terrenos pertenecientes a dicha institución. Las hectáreas invadidas se encuentran detrás del colegio, sito en la esquina de Camino Lecoq y Servidumbre.

El sábado 3 de febrero unas cien personas se introdujeron en los predios y con los elementos que habían llevado comenzaron a «construir» precarias viviendas. Ese día las monjas pidieron la intervención de la Seccional 21ª, cuyas autoridades se comunicaron con el juez Penal de 11º Turnoº, Roberto Timbal. Este indicó que los funcionarios se hicieran presentes en el lugar y buscaran, mediante el diálogo, la retirada de los ocupantes. Y así fue.

Pero al día siguiente la situación se repitió y cuando los uniformados concurrieron a los terrenos se generó un enfrentamiento que terminó con uno de los intrusos herido de bala. En la oportunidad LA REPUBLICA informó, en base a lo expresado por fuentes policiales, que cuando los policías buscaban una vía pacífica, uno de los ocupantes sustrajo una escopeta desde uno de los móviles. Al ser esta actitud advertida por los uniformados se originó un forcejeo que culminó con la persona herida de bala.

 

Predios con dueño

Los procesados de la víspera son los catorce jefes de familia que luego de aquellos episodios, y a la espera de la decisión judicial, permanecieron en el lugar cuidando las parcelas y las fincas que habían levantado. Estas 14 personas representan a un igual número de familias, siendo unas 50 personas las involucradas.

La resolución dispuesta por el juez Timbal arrojó luz sobre el tema, quedando establecido que los terrenos tenían dueño, de ahí la tipificación de «usurpación». A casi dos meses de los hechos y luego de estudiar todos los extremos, quedó establecido que el lugar pertenece a las monjas.

Las religiosas en su momento habían aportado la documentación que demostraba que las ocho hectáreas en «disputa» eran suyas, salvo una franja expropiada por la Intendencia Municipal de Montevideo para la realización de obras. Incluso las autoridades de colegio habían puesto el lugar a la venta, lo cual también quedó demostrado tras los registros existentes en la inmobiliaria Passadore.

 

Mercado negro

El 7 de febrero LA REPUBLICA publicó un informe sobre el caso, recogiendo información de los investigadores, quienes indicaban que por algunos indicios se podría estar ante un «mercado negro de venta de terrenos». Si bien hasta el momento la Justicia no se ha pronunciado al respecto, la Policía ha reunido elementos en este sentido.

El más puntual es quizá el de un hombre que al ser indagado tras los episodios de principio de febrero declaró que había sido contratado por otra persona que vive en la zona céntrica de la capital (Durazno y Acevedo Díaz) para que le cuidara un lote y materiales para levantar una vivienda.

También se demostró que varias de las personas que pretendían ocupar ya tenían su casa y que algunos de los que permanecen en el lugar no están allí con toda su familia.

Hoy a las 15 vence el plazo para que abandonen el lugar, motivo por el cual la Policía tiene previsto un dispositivo para que la orden se cumpla.