Hay una grabación de una charla entre los sospechosos

En la publicación mencionada se informó, el 9 de este mes, sobre una reunión de la familia Trigo con la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Colonia, oportunidad en que se conocieron datos sobre el caso, que estaban reservados. Con estos elementos, la Comisión solicitó entrevistas con el jefe de Policía de Colonia, Ricardo Bernal, y en Montevideo, con el ministro del Interior, Guillermo Stirling, y con el fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez.

Dice «Noticias» que uno de los temas trascendidos se refería a la búsqueda o no, por parte de Interpol, del ex propietario del Pub «Bucaneros», Mario Hernández, a quien la entonces novia de Andrés le ofreció 4.000 dólares y datos para robar una caja fuerte, la cual contenía –según ella– la suma de 50.000 dólares. Al mismo tiempo, encargaba a Hernández que contratara a los hermanos Pereira para que asesinaran a Andrés, según lo declarado en el Juzgado de Colonia por Hernández a fines de 1998.

El jefe de Policía, inspector Bernal, aclaró a comienzos de año que no existía ningún requerido por el caso Trigo.

Sin embargo, en setiembre del año pasado la Justicia solicitó a Interpol la captura de Mario Hernández, por considerarlo una pieza fundamental en el caso. No se sabe qué misteriosa interferencia permitió que dicho pedido pudiera no haber llegado a Interpol, lo que llevó al inspector Bernal a decir que no había requeridos.

Pero los misterios continúan. Según el semanario de Colonia, «fuentes de extrema confiabilidad, aseguraron que desde el mes de setiembre pasado, la Justicia solicitó a Interpol la ubicación y captura de Hernández, la que aún no se pudo concretar.

Cabe agregar que hace más de un año esta persona fue autorizada por el juez Gerardo Siri para radicarse con su familia en la Argentina a pedido de su abogado, quien luego renunció a la defensa del ex propietario de «Bucaneros».

Esto significa que el individuo está requerido por la Justicia y a pesar de ello fue autorizado a radicarse en el vecino país. Para colmo, Hernández parece no temer ser detenido, puesto que fue visto por los vecinos de Real de San Carlos paseando con su mujer y su hijo en el mes de enero y seguramente no vino de contrabando.

 

Una grabación comprometedora

Al mismo tiempo, el semanario «Noticias» dio a conocer públicamente el contenido de una grabación de una conversación entre los hermanos Hugo y Daniel Pereira y el comisario Eduardo Romero, jefe de Homicidios de Montevideo. Dicha grabación, que paralelamente se filmaba en directo desde un automóvil, fue auspiciada por el entonces juez Sergio Torres y la fiscal Mariela Luzzi. Cabe señalar que la investigación realizada por Romero en Colonia, durante la jefatura de Hugo Pintos Funes, permitió avanzar mucho en el caso, pero se desconoce de qué manera y forma fue obtenido el alejamiento de ese eficaz comisario, cuya presencia es reclamada constantemente en el departamento. En esa grabación, Hernández ratifica a los hermanos Pereira haber recibido el ofrecimiento de dinero por parte de la ex novia de Andrés para que lo mataran. Además, en la grabación se menciona el nombre de un policía como posible involucrado. Este policía –dice «Noticias»–, que es uno a los que Trigo se refiere en sus proclamas, estuvo sumariado seis veces durante la Jefatura del inspector Alfredo Garagorri. A través de la grabación se entiende claramente la conversación entre Hernández y los Pereira donde se menciona a «un milico de iniciales R.M., que es el macho de ella» (textual) y se establece que la caja fuerte entregada para el robo era en pago por el asesinato de Andrés Trigo. Según la evaluación del comisario Romero, de la grabación, Hugo y Daniel Pereira le exigen a Hernández la identificación del autor de la muerte de Trigo. Asimismo, Hernández les ofrecía 3.000 dólares y luego aumentó la suma en mil dólares más para matar a Andrés Trigo, agregando que el «premio» era la existencia en la casa de los Trigo de una caja fuerte donde había 50 mil dólares. Después de este sustancial avance en las investigaciones, el comisario Romero es obligado a volver a Montevideo «por orden superior» y el caso volvió a empantanarse.