Gremio policial enjuiciará a la Jefatura de Maldonado

El pasado jueves se cumplió la primera audiencia por el recurso de amparo presentado por dirigentes del gremio policial de Maldonado y dos funcionarios del recinto carcelario de Las Rosas, que acusaron al director del establecimiento, comisario inspector Raúl Acosta, y al director de Grupos de Apoyo, comisario inspector Rodolfo Domínguez, de haber incurrido en actos de «represión sindical» durante los graves episodios del miércoles 15 de abril.

La instancia se cumplió en el Juzgado de 7º Turno de Maldonado, a cargo del doctor Fernando Moreno, quien dispuso que mañana tenga lugar una nueva audiencia ante la falta de conciliación. En la instancia se le tomará declaraciones a algunos testigos propuestos por los jerarcas denunciados, tras la exposición inicial de cada una de las partes.

Los abogados defensores de los acusados dieron a conocer sendos escritos en los que explicaron lo ocurrido y las medidas que hubo que tomar para evitar cualquier incidente grave durante la profunda requisa realizada, en la cual se encontraron decenas de armas de fabricación casera ­algunas de grandes dimensiones­ y teléfonos celulares, entre otros efectos.

 

No hubo represión

La defensa de los acusados recalcó que no se trató de un acto de represión sindical y que no hubo intención de que no estuvieran presentes representantes gremiales dentro de la cárcel, sino que fue parte del operativo.

Aquella tarde del 15 de abril, las autoridades dispusieron que a menos de 100 metros del perímetro de la cárcel no permaneciera nadie ajeno al operativo, por lo que se impidió el paso tanto de periodistas, abogados y representantes políticos, como de familiares de los internos y los representantes del gremio que no estaban involucrados en el operativo. La medida fue tomada para evitar cualquier riesgo, más teniendo en cuenta que se afirmaba insistentemente que entre la población reclusa había por lo menos una o dos armas de fuego.

Eso incluyó el pedido al presidente del gremio y delegados que se retiraran del área interna del penal, lo que fue tomado como un acto de represión sindical.