Garcé: "Próxima administración asumirá con 1.000 presos más"

«Nuestra cárcel, señor, es un oprobio para el país; no se puede penetrar en ella sin experimentar un vivo dolor. Para tener una cárcel semejante, mejor sería mil veces no tenerla», comienza expresando el Informe de actuación y evaluación del Sistema Penitenciario Nacional 2008, realizado por el comisionado parlamentario, doctor Alvaro Garcé.

La frase es una cita de una carta de Juan Ramón Gómez, vicepresidente de la Junta Económico Administrativa de Montevideo, enviada en el año 1857 al ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores.

El voluminoso informe redactado por el comisionado enumera las carencias de nuestro sistema carcelario, y lanza algunos anuncios alarmantes ya que «urge un cambio en nuestras cárceles y para ello es imprescindible una transformación del afuera, fundamentalmente en los planos de la legislación y de la política criminal».

Adelantando que «sin dudas, la próxima Administración asumirá con más de mil personas privadas de libertad que las existentes al comienzo del actual período».

Poniendo como ejemplo que «la sobrepoblación o hacinamiento significa que hay más de una persona donde hay espacio sólo para una, lo que implica una pena cruel, inhumana o degradante». Agrega que «sobre un total de 128 establecimientos, 14 presentan indicadores de hacinamiento crítico, ya que sus densidades igualan o superan el 120%».

Destaca «una notoria mejora en Trinidad y Treinta y Tres», que junto a las cárceles de Paysandú y Salto «se encuentran en la vanguardia.

Colonia mantiene su ejemplar apuesta a la integración familiar intramuros», puntualiza Garcé, y «se valoran dos logros en materia de mujeres privadas de libertad: la inauguración de la casa de medio camino en el local donde funcionaba el Centro Nº 1 (Tacoma) y el pabellón femenino en la chacra policial de Florida». Aunque «en general se mantuvo el déficit de alimentación y condiciones de higiene». Más adelante agrega que «se mantiene la percepción sobre el elevado consumo de drogas entre la población reclusa, especialmente en los centros en cuya rutina predomina el encierro y el ocio. No existe información que permita cuantificar la magnitud del problema», pero que «la tenacidad de los controles a la visita hace suponer que la mayor parte del ingreso ilícito de drogas al sistema se vincula con la falta de lealtad de algunos funcionarios».

 

Recomendaciones

Dentro las «buenas prácticas» en el sistema carcelario, Garcé destaca «el proceso de elección de delegados en prácticamente todas las cárceles del país», en las que participaron de la votación cerca del 70% de la población reclusa, experiencia que «debe ser mantenida y consolidada. En cuanto a ejercicio democrático ha representado un saludable mensaje desde intramuros hacia el entorno social».

Concluye que en 2008 «la población reclusa alcanzó en nuestro país su máximo histórico, con más de 8.000 personas encarceladas», y «se mantiene la emergencia humanitaria en el sistema penitenciario declarada en marzo de 2005″, ya que «el hacinamiento constituye un trato cruel que vulnera los derechos de las personas privadas de libertad y la seguridad del personal de custodia». Vaticina que en 2010 «la próxima administración asumirá con unas 1.000 a 1.500 personas privadas de libertad más que las existentes al comienzo del actual período», y que «el aumento constante en la población reclusa es consecuencia de la falta de una política criminal racional y equilibrada». Recomienda: «I) Reformar la legislación penal y procesal penal, tomando para ello como punto de partida el trabajo de las respectivas comisiones creadas en 2005. II) Adoptar una política criminal racional y equilibrada, en la que la prisión preventiva tenga una aplicación acorde a su naturaleza cautelar. III) Implementar la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en los casos de delitos de menor cuantía. IV) Confirmar y consolidar las mesas de delegados y delegadas, como instancia representativa de las personas privadas de libertad. V) Instrumentar mecanismos de auditoría sobre los alimentos, medicamentos, útiles de limpieza y demás efectos destinados a la población reclusa. VI) Proveer los recursos para el cumplimiento de la sentencia dictada por el señor juez letrado de Primera Instancia en lo Contencioso de 2º Turno». Este pormenorizado informe incluye un capítulo especial sobre el motín en la cárcel de Mercedes, ocurrido en noviembre del año pasado, del cual ya diéramos cuenta en su oportunidad.