La reforma de la Caja Policial provocaría fuga de cerebros

Federico Gyurkovits

Esta situación ha provocado un alerta en filas policiales que entienden que el traspaso de la Caja Policial al sistema mixto de jubilaciones y pensiones será inevitable. Esto en el entendido de que cuando la administración Batlle explicó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) su programa de gobierno, con el objetivo de obtener financiamiento, se comprometió a varias cosas.

Una de ellas, la universalización del sistema previsional, de manera que todas las cajas que aún no han sido intregadas al método creado por la Ley 16.713 –que dio paso a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs)– lo sean. El ministro de Economía, Alberto Bensión, le aseguró el 14 de abril de 2000 al director gerente interino del FMI, Stanley Fischer, que por intermedio de «medidas de reforma estructural» antes de fin marzo de 2001 iba a «remitir al Parlamento un proyecto de ley de reforma de las Cajas de Jubilaciones y Pensiones especiales, como la del sector bancario, profesionales universitarios, escribanos públicos, Policía y Fuerzas Armadas».

Para que la carta de intención, que permitió el acuerdo entre el organismo crediticio y el gobierno siga vigente, el Poder Ejecutivo tiene poco más de 60 días para culminar el proyecto y darle vista al Poder Legislativo. Datos oficiales demuestran que son 25 mil las prestaciones que abarca esta caja –entre jubilaciones y pensiones– y que anualmente el Estado vuelca al sector aproximadamente 100 millones de dólares.

 

Resistencia

De acuerdo a un sondeo realizado por LA REPUBLICA entre varios oficiales de la Policía en puestos claves del organigrama, el tema ha provocado una fuerte incertidumbre sobre lo que pueda pasar, pero también preocupación por lo que pasará de aprobarse tal como está el borrador. A raíz de la urgencia por definir un tema tan complejo, el Círculo Policial y la Asociación Nacional de Policías en Retiro trasladaron al Ministerio del Interior la inquietud de la fuerza, y lograron la fomación de una comisión de estudio. El punto de partida de este grupo de análisis, que se reúne semanalmente, es el proyecto que ya había sido presentado por el ministerio en la legislatura pasada, aunque nunca fue tratado.

Pero ahora la realidad es otra. Las fuentes consultadas señalaron que la posición de los organismos sociales de la institución será de firmeza a la hora de consensuar el proyecto, ya que lo que se apruebe repercutirá no solo en los actuales integrantes de la Policía, sino también en los futuros.

Una de las fuentes remarcó que al leer el actual proyecto «se evidencia un desconocimiento total del tema y demuesta la forma inconsulta en la que fue elaborado». En todas las policías del mundo, se hizo notar, existen régimenes especiales dado las características especiales de la profesión. «No existe otro funcionario público que tenga una pespectiva de vida tan impredecible y sacrificada», enfatizó el consultado a la hora de justificar el rechazo a la modificación del sistema.

Uno de los principales cuestionamientos realizados por los policías al proyecto oficial, es la elevación de los topes de permanencia dentro de la institución para las dos formas de retiro –obligatorio y voluntario–, que según el caso puede alcanzar a los 10 años. Por ejemplo, con respecto al obligatorio, los agentes de 2ª y de 1ª (grado 1 y grado 2 respectivamente), que son aquellos que se encuentran en la primera línea en la lucha contra la delincuencia, tendrán que estar en las calles hasta los 55 años. En el sistema actual la edad de retiro obligatorio para estos se encuentra entre los 50 y 52.

La extensión más grande en la «vida útil» del funcionario se da en los grados 6 y 7 (oficial subalterno) que de 45 y 48 años respectivamente, pasan a 55. Pero en el proyecto del Ministerio del Interior, al cual accedió LA REPUBLICA, «se aconseja que se prevea que en el año 2003 sea evaluada la elevación de las edades dispuestas a fin de considerar qué ajustes deberían realizarse, tendiendo en lo posible a seguir aumentando las edades de todos».

Por otro lado, se eleva también el coeficiente de retiro para que un funcionario pueda pedir la baja por voluntad propia. Hoy por hoy ese coeficiente (que se calcula teniendo en cuenta los años de servicio y la edad del policía) es de 75 puntos, y el nuevo sistema propone elevarlo a 90. Y un tercer y gran cambio que promueve el Poder Ejecutivo es «una rebaja del haber de retiro de hasta un 50 por ciento del sueldo recibido según el grado en actividad».

 

Puestos clave

No es la primera vez que se introducen cambios en la sistema jubilatorio de la Policía. En 1992 bajo la gestión de Juan Andrés Ramírez al frente de la cartera del Interior, se promulgó una ley que en un momento atrajo a varios funcionarios, los cuales al pasar los años la definen como perjudicial.

Sin embargo, los policías que verían más afectados sus intereses con el sistema futuro, si es que no logran las organizaciones sociales promover cambios al proyecto original, son lo que están regidos por el primer sistema, o sea que en 1992 no optaron por la «ley Ramírez». Varios oficiales jefes de Montevideo e Interior, que a su cargo tienen puestos claves en los organigramas de las Jefaturas de Policía o de Direcciones Nacionales, aseguraron a LA REPUBLICA que antes de que eventualmente se apruebe la ley en el Parlamento, donde existe coalición para darle trámite rápido y cumplir con el acuerdo asumido con el FMI, se produciría una ola de retiros.

Esto dejaría a la Policía virtualmente «descabezada». Muchos oficiales jefes que están en edad de retiro voluntario, pero en base al lugar a que han llegado, a la esperanza de seguir ascendiendo en la estructura, y a la vocación de servicio, se mantienen dentro de la fuerza, optarían por dar un paso al costado. «A cierta edad, y con las perspectivas de lo que se viene, tenemos que pensar más con el bolsillo que con el corazón», dijo uno de los que eventualmente dejaría su cargo, al equiparar las ganas de seguir trabajando con los perjuicios económicos que le traería ingresar al sistema mixto.

En «los comentarios sobre las reformas propuestas para el régimen previsional», existente en el proyecto que se viene analizando, se dice que luego de una exposición realizada por el contador Ariel Davrieux (director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) «queda claro que el nuevo régimen por el sistema mixto beneficiará a aquellos policías en actividad que tengan menos de 35 años de edad y 15 de servicio». Si bien de esto se desprendería que salvo los policías que no cumplan esos requisitos, todos los demás (los que ya están dentro de la fueza como aquellos que ingresen en el futuro) se verán favorecidos, las fuentes calificaron al proyecto como «desmoralizador» y «atentatorio» contra la institución. Esto en el entendido de que tendrán que trabajar durante más años «en la profesión pública con los índices de divorcio, estrés y suicidio más altos», a sabiendas de recibir una jubilación más baja.