Dos policías presos por recibir coimas de un narcotraficante

La muerte de un hombre, en lo que parecía ser un caso de legítima defensa a manos de su pareja, una mujer de 30 años, dejó al descubierto una red de intercambio de informaciones entre efectivos policiales y un conocido delincuente, que de alguna manera tendría vinculación con una importante organización delictiva.

Según trascendió ayer, un cuñado de la matadora intermedió mediante el pago de coimas con algunos policías conocidos para que ella quedara en libertad, generándose desde ese momento una relación de intercambio de informaciones por dinero.

Por ejemplo, se ponía en conocimiento del civil cuándo se realizaría un procedimiento en su zona de injerencia y que se cuidara de frecuentar determinadas zonas, ya que estaban siendo vigiladas.

Fuentes judiciales consultadas por LA REPUBLICA dijeron ayer que, si bien en las últimas 48 horas se entrevistó a 10 funcionarios y se terminó procesando con prisión a un subcomisario y a un sargento, «no hay dudas de que hay más policías involucrados», sostuvieron.

La investigación policial de este caso estuvo a cargo de la Brigada de Narcóticos de Montevideo, que estaba detrás de una ramificación de la denominada «Operación Marlyn», que fuera desbaratada hace ya algunos meses.

El caso de coimas ahora descubierto se traslada hasta el pasado 8 de agosto cuando en una casa de la Adolfo Artagaveytia 3904, en la zona de Piedras Blancas, donde fuera ultimado de un disparo en la cabeza con un revólver calibre 38 Julio César Figueroa, de 32 años, quien estaba siendo investigado por la mencionada repartición policial y por el juzgado de la ciudad de la Costa. Por este episodio, fue detenida la pareja del fallecido, una mujer de 30 años, quien dijo que le había disparado ya que él hombre habitualmente la castigaba físicamente, argumentando legítima defensa. Posteriormente la mujer quedó en libertad, aunque el sumario no fue cerrado en forma definitiva.

Cuatro meses más tarde de este episodio y tras largas horas de escuchas telefónicas, los investigadores policiales entregaron una serie de elementos ante el juzgado de la Ciudad de la Costa, que derivaron en la citación de una quincena de personas, entre ellas 10 funcionarios policiales.

Según fuentes consultadas por LA REPUBLICA, el civil que resultara procesado, quien vale decir se encuentra en prisión por la comisión de un delito de «homicidio», había «movido» ciertas influencias para ayudar a su cuñada que había ultimado de un disparo a su pareja en la casa de la calle Artagaveytia. Este hombre habló con algunos policías a los cuales conocía y mediante el pago de unos dos mil pesos, éstos le habrían aconsejado que declarar a la mujer y habrían «maquillado» algunos hechos, para que la misma recuperase la libertad. Desde ese momento se generó una relación de intercambio de informaciones, por las cuales el hombre pagaba desde 3.000 a 15.000 pesos a los policías, cuya función era ponerlo en alerta cuando su negocio de venta de estupefacientes podía peligrar. Tras 48 horas de actuaciones judiciales, la magistrada Mariana Mota accedió al pedido del fiscal Gilberto Rodríguez, y procesó con prisión al civil por «el artículo 34 del decreto de Ley 14.294, en la modalidad de suministro de estupefacientes en carácter de continuado y en reiteración real, con un delito de cohecho continuado», mientras que también procesó a un subcomisario, que por ese momento trabajaba en la Seccional 18ª, y a un sargento que se desempeñaba en la División de Homicidios, tipificándoles «un delito de cohecho continuado».