Crece el malestar entre los policías de Treinta y Tres
Agustín Delarrosa
Voceros vinculados a la fuerza policial departamental, consultados por LA REPUBLICA, que pidieron no ser mencionados, dijeron que «nos sentimos seriamente doloridos porque la Policía de Treinta y Tres fue vinculada por hechos de corrupción y contrabando como los puestos al descubierto en las últimas horas. Queremos que se sepa que existimos los policías honestos y que desde hace mucho tiempo se vienen denunciando hechos irregulares y planteo de medidas para sanear la fuerza y sin embarco, estas denuncias no fueron tenidas en cuenta.
«¿Por que no vinieron antes los de la DNII para investigar la corrupción? No queremos que la población de este departamento nos mire a todos los uniformados como delincuentes y para ello, se debe hacer una investigación callada y discreta. Cuando se sepa el resultado, que se castigue a los culpables y se los señale públicamente, para que el pueblo sepa quién es quién. Ocurre que cuando cae algún «pez gordo», ni el nombre se le pone en la prensa y eso nos «enchastra» a todos.
Nuestras fuentes recordaron que «los hechos irregulares no pertenecen ni son responsabilidad directa del actual comando de la Jefatura, sino que se remontan a la anterior administración, donde el jefe de Policía era Pablo Manini Ríos, del Foro Batllista. Este comenzó sancionando y expulsando del departamento a un comisario inspector que pretendió llevar a la práctica un plan especial en materia de seguridad y sin embargo lo sancionaron y lo trasladaron al departamento de Tacuarembó, pese a que la población salió a la calle a domstrarle su afecto y solidaridad.
Paralelamente nuestros interlocutores recordaron a Manini Ríos por mantener «durante los cinco años de su mandato a un oficial superior en carácter de disponibilidad domiciliaria, por el simple hecho de que el jerarca en cuestión planteaba una guerra frontal al contrabando. Iluso, este oficial quiso ser un buen policía y lo mandaron para su casa».
A propósito de este jerarca aludido por las fuentes, el mismo, actualmente se encuentra encargado de la chacra policial, a pesar de ser el tercero en jerarquía del departamento y contar en su foja de servicios con numerosos cursos de capacitación como el realizado en 1995 en Formosa, Argentina, sobre «Capacitación y Perfeccionamiento para Comisarios», distinción única a nivel nacional.
«El señor ministro del Interior, no puede ignorar que un experto y honesto policía está plantando papas en la chacra policial», dicen las fuentes policiales consultadas.
Se puede agregar a todo este complejo panorama de connotación nacional, el hecho difundido por LA REPUBLICA en su edición del 20 de abril de 1999, en cuya oportunidad se informó que «un policía de Treinta y Tres pidió la baja tras denunciar graves ilícitos que no se investigaron jamás». Como se recordará, se trataba del agente de 1ra. Guillermo Pereira. El funcionario, que revistaba en la Seccional 3ra. a cargo del comisario Emilio Cardeza, denunció que allí sucedían hechos irregulares de suma gravedad, especialmente el pago de coimas a policías para que permitan el libre tránsito de mercaderías de contrabando.
El jefe de Policía Pablo Manini Ríos firmó su baja sin dar curso a las solicitudes del funcionario para que se investigaran los hechos denunciados.
El ex agente, también escribió una carta denunciando la situación al ministro del Interior, Guillermo Stirling, quien aparentemente nunca lo habría recibido.
Finalmente y en relación a los hechos de las últimas horas que se relacionan incluso con las afirmaciones del presidente Jorge Batlle, aludiendo a un comisario de este departamento, LA REPUBLICA pudo saber que culminó la administración administrativa urgente dispuesta por el actual jefe de Policía de Treinta y Tres, inspector Garagorry y el resultado establece que no se han comprobado irregularidades. Los acusados eran: el comisario de la Seccional l3ra., un oficial y algunos policías de escalafón inferior, quienes luego de indagados continúan en sus cargos en forma normal y sin ser sancionados ya que la Justicia estableció que eran todos inocentes.
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