Un fraude por US$ 780.000

El área jurídica y la dirección del Hospital Escuela del Litoral «Galán y Rocha» (HEL), de Paysandú, evalúan presentar ante la Justicia sanducera una demanda civil y penal contra el cabecilla y demás integrantes de la organización que perjudicó al hospital.

El principal sindicado por actos de corrupción se construyó una vivienda sobre la calle Bolívar, con la connivencia de barracas, sanitarias, y empresas locales que abastecían al nosocomio. El fraude en las áreas auditadas asciende a la suma de US$ 780.000.

Son ocho los funcionarios sumariados hasta el momento. Algunos ya reingresaron a sus cargos porque se venció el plazo legal de seis meses que corría desde que fueron sumariados, «pero todos ameritan que sus expedientes ingresen a la Justicia», explicó a LA REPUBLICA la abogada Cecilia Bottino, quien confirmó que los nuevos jerarcas que siguen investigando la corrupción detectada han sido «amenazados de muerte».

La investigación administrativa evidenció manejo irregular de dinero en comisiones de apoyo a ambulancias en Quebracho, Casa Blanca, Pueblo Gallinal y San Félix. A los pacientes les cobraban de 400 a 800 pesos por traslado. El dinero nunca fue al HEL.

También está sumariada la tesorera del nosocomio. En esa área había una empresa «trucha» que cobraba una cuota mensual por los servicios gratuitos que presta el HEL.

«Aquí debe haber un responsable de esa administración del dinero, porque no lo recaudábamos», acusó la abogada. «Las autoridades que tuvo el HEL en los últimos diez años tendrán que comparecer en los tribunales para explicar cómo se manejó el gasto, y de qué manera se autorizaron pagos, cuyos dineros fueron a parar a los bolsillos de infieles funcionarios. También deberán ser investigados los comerciantes y empresarios que, presuntamente, participaron en la maniobra delictiva», apuntó.

Bottino, responsable del área jurídica, dijo que «habrá una acción civil contra los responsables y ordenadores del gasto». «Se hizo una investigación desde 2005 en adelante», pero el fraude comenzó en «administraciones anteriores», explicó.

Además anunció que se investigará hasta 10 años atrás, que es el plazo para poder responsabilizar legalmente a quienes hayan estado implicados por acción u omisión.

«Es intención de esta administración pasar todos los expedientes a la Justicia penal de distintas áreas donde hemos encontrado situaciones inadmisibles», adelantó.

Entre otras irregularidades, un kilo de carne tenía, en 2005, «un costo» de $240 para la cocina; la ambulancia de Quebracho «gastaba» dos litros por kilómetro. Además, LA REPUBLICA pudo saber que el Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó hace 10 años una investigación por el faltante de 5.000 dosis de anestesia odontológica. Hasta el día de hoy no se supo si llegó al HEL o si fue comercializada. Nada se pudo probar.