Ucraniano que llegó como marinero acusa a Acnur por despido arbitrario

La denuncia de un "refugiado" sin destino

La historia narrada por Yarigin comienza en 1993 cuando por una reacción alérgica producida por la pesca de krill, solicitó permiso al capitán del barco ucraniano en el que trabajaba como marinero, para atenderse y recuperarse en Montevideo, teniendo en cuenta que el barco regresaba periódicamente a puerto uruguayo. El capitán le respondió que si no se embarcaba en ese momento quedaría en Uruguay pero sin poder volver a su país nunca más.

A pesar de la amenaza resuelve quedarse en Uruguay y valerse por sí mismo. «Los primeros meses fueron difíciles. Tuve que dormir en la calle y en las plazas públicas, comer lo que pudiera; no hablaba castellano –aprendí a la fuerza– y se hacía difícil sobrevivir. Pero tuve la suerte de empezar a trabajar en un bar de la aduana, donde después que cerraba juntaba las mesas y ahí dormía».

El entrevistado explicó que a los dos meses de estar en ese lugar fue contactado por una persona que pertenecía a OPR-Acnur. «Me comentó que existía un lugar para refugiados, por lo que me acerqué a la organización y como tenía muchos conocimientos me ofrecieron trabajar con un sueldo importante. Fui el único «refugiado» que tuvo la suerte de quedarse a trabajar ahí; después estuve al servicio de Acnur durante cinco años hasta que en 1999 fui despedido arbitrariamente».

A partir de ese momento comenzó una larga etapa de reclamos laborales que «hasta hoy no han tenido solución».

Un hijo uruguayo

El ucraniano que actualmente habla claramente el español, cuenta que luego de comenzar a trabajar en la organización para refugiados se casó y de ese matrimonio nació un hijo, Viktor.

«Por él lucho con todas las fuerzas para quedarme en Uruguay, trabajar y salir adelante. Sé que si regreso a Ucrania probablemente nunca más vuelva a ver a mi hijo».

El ucraniano sostuvo que al comienzo, la directora de Acnur fue María Teresa Olivera de Aiscar «con quien tuve un trato excelente hasta que falleció en 1998. A partir de allí asumió como director su esposo, Arnaldo Aiscar y paralelamente comenzaron mis problemas. Fueron cinco años de trabajo en el transcurso de los cuales advertí ciertas cosas irregulares que se hacían ahí aentro». «Y como me molestaban porque sabía que estaba mal y como no podía denunciarlo porque perdería el trabajo, se lo comenté a una persona de afuera de la organización en quien confié. Esa persona me ofreció ayuda para interceder a nivel político contra estas irregularidades. Grabó la conversación y en vez de ayudarme, lo que hizo fue comenzar a chantajear al organismo», relató Yarigin.

El ucraniano relató por ejemplo que en cierto momento el organismo figuraba como que «tenía a más de 170 refugiados cuando en realidad no eran más de 40. Sin embargo el dinero que llegaba a Uruguay desde Buenos Aires –ahí está la oficina regional para toda América Latina– era por las 170 personas. La forma para incrementar esas listas era esperar a los barcos rusos, ucranianos, moldavos. Cuando llegaba un barco contactaban a los marineros a quienes le ofrecían entre 500 y 1000 pesos para llenar una ficha».

El denunciante dijo que los marineros accedían sin reparos ya que llegaban sin un peso y aceptaban llenar una ficha diciendo que estaban amenzados políticamente: «Después enviaban las fichas a Buenos Aires de donde mandaban el dinero para los ‘refugiados’ pero los marineros se subían a su barco y se iban».

Luego de comenzados los «chantajes» el ucraniano asegura que fue llamado por su patrón a la casa particular para «limpiar» los expedientes, y eliminar los archivos comprometedores.

«Después comenzaron a desconfiar de mí y para tener un argumento para despedirme, cuatro meses antes me dijeron que tenía que pasar a ser una empresa unipersonal. Cuando me despidieron (25/5/99) me dijeron que no podía cobrar despido porque precisamente era unipersonal».

La demanda

A partir de allí comenzó otra historia para la batalla en el Ministerio de Trabajo por cobro de rubros de naturaleza salarial e indemnizatoria. Se libran las instancias judiciales correspondientes y se cita a Acnur a comparecer, cosa que no ocurre, según el entrevistado.

Su abogado logró entonces un embargo sobre las cuentas bancarias (en dólares y pesos) de OPR-Acnur pero «cuando vamos a buscarlas nos encontramos con que no tenían fondos» relata el denunciante. No obstante confía en alguna «vuelta de tuerca» para poder hacerse del dinero reclamado, algo así como 10 mil dólares.

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