El presidente de la Junta Departamental reclamará responsabilidades políticas al intendente Besozzi

Dos procesados por la Justicia continúan trabajando en la Intendencia de Soriano

Este sonado caso, que desde hace más de un mes viene dando que hablar, parece que no deja de generar sorpresas. Como se recordará, LA REPUBLICA informó que la Intendencia decidió mantener en funciones a un trabajador que hace un mes resultó procesado sin prisión como «coautor de un delito de peculado».

Obviamente, la situación levantó polvareda cuando el presidente de la Junta Departamental de Soriano señaló: «Vamos a requerir algunas responsabilidades políticas, porque yo creo que existen».

En declaraciones a LA REPUBLICA el escribano Daniel Ordusgoity manifestó que su sector político está a la espera de una resolución, «a los efectos de ver cuál es la conducta del Ejecutivo, si mide a todos con la misma vara».

Luego acotó: «No sé hasta dónde el fiscal le va a hincar el diente a este tema», pero «seguramente, nosotros vamos a requerir algunas responsabilidades políticas».

 

«Se les comprometió  un lugar de trabajo»

Esta semana, el intendente blanco Guillermo Besozzi confirmó lo informado por LA REPUBLICA el pasado 19 de setiembre. Pero fue más lejos aun al afirmar que no es uno, sino que son dos los funcionarios que continúan trabajando en la Intendencia a pesar de haber sido procesados por la Justicia.

En un reportaje emitido por Radio Centro de la ciudad de Cardona (el cual fue realizado por el ex diputado colorado devenido periodista Walter Vener Carboni), el intendente Besozzi no tuvo reparos en afirmar que «a aquellos que vinieron y denunciaron los hechos y de alguna manera estaban», se les aplicó «la ley del arrepentido».

Besozzi reconoció: «Es cierto, hay dos funcionarios que quedaron trabajando», aunque «no eran de los principales». Después agregó que «se les comprometió un lugar de trabajo, no en los grados que estaban», sino «como peones».

Besozzi justificó la actitud asumida con estos dos funcionarios que fueron procesados por la Justicia doloreña porque «hay que reconocer algo, acá si no hay gente que se anime a hablar es muy, muy difícil llegar a esto, como se llegó en Agraciada. Finalmente hay gente que hablando con ellos se dan cuenta de que no van a llegar muy lejos en estas situaciones y prefieren hablar», por lo que se acordó esta «ley del arrepentido» por la que se los mantuvo trabajando.

 

Una «ley» que nunca existió

Procuramos conocer las características de esta famosa «ley del arrepentido» pero nos encontramos con una nueva sorpresa: no existe. Una calificada fuente en derecho laboral explicó a LA REPUBLICA que en casos como este debería haberse realizado un sumario con retención de la mitad del sueldo, y que si bien en la órbita judicial pueden aplicarse atenuantes a aquellos que brindan información o prestan colaboración en el caso, se realiza una vez que se dicte la sentencia, pero en la órbita administrativa esta ley no existe.

En otras palabras, en la órbita judicial el arrepentimiento puede llegar a atenuar la pena, pero no exime el delito.

Diferentes actores políticos consultados por LA REPUBLICA, tanto del partido del gobierno municipal (el Partido Nacional) como de la oposición, expresaron su sorpresa por la medida adoptada por la intendencia.

En particular porque también se conoce que otros funcionarios que fueron indagados, y que hasta el momento no se ha probado su participación en los ilícitos, fueron removidos de sus cargos en una medida que sin dudas evidencia un retiro de la confianza, mientras que estos dos funcionarios continúan trabajando en la intendencia, a pesar de que ya fueron procesados por la Justicia, aunque sin prisión. *

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