Narcos tienen montados sus propios servicios de vigilancia

En el marco de esta coyuntura el ministro del Interior, Guillermo Stirling, ha presentado un Proyecto de Ley que pretende penalizar la posesión de droga en cantidades, que en la actualidad se considera como consumo personal, lo cual no está penado. Esta iniciativa fue presentada a mediados de setiembre, luego de cuatro meses y medio de que estuviera en práctica la nueva forma de combate a la venta de estupefacientes. Esto ha permitido determinar que los vendedores ahora circulan con pocas cantidades a sabienda de que no serán penados.

Fuentes policiales explicaron a LA REPUBLICA que la presión ejercida sobre los vendedores ha motivado que estos deban reorganizar su forma de actuar. Si bien la comercialización siempre fue un delito y venía siendo reprimido a nivel general por las comisarías, por alguna dependencia que lograra una línea investigativa, o por la propia Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas (DGTID), el hecho de que haya ahora una repartición con estos fines específicos ha provocado movimientos.

Fue el 7 de mayo que Stirling emitió una orden de servicio reconociendo el aumento de los delitos que giran en torno a los estupefacientes, especialmente en clubes nocturnos y centros de enseñanza. En virtud de esto el secretario de Estado asignó a la Jefatura de Policía de Montevideo (a través del Departamento de Orden Público) la lucha contra la droga. Ello sin perjuicio de la tarea que realiza la DGTID, con la cual Orden Público deberá coordinar acciones.

La misión

Orden Público era hasta entonces la dependencia que como cometidos particulares tenía la investigación de casos de prostitución clandestina y proxenetismo, entre otros. Desde el pasado 7 de mayo el comisario Héctor Alvez, a cargo de la repartición, debió formar entre sus funcionarios un grupo dedicado a esta «nueva» misión.

Como lo señalaba Stirling en la orden de servicio, la principal función era detectar y cortar la venta de drogas en lugares de concentración de jóvenes.

Al analizar las estadísticas de estos meses se observa una cantidad importante de procedimientos, aunque las cantidades de estupefacientes incautados en relación a las personas detenidas no resultan impactantes.

Esto se da, tal lo señalado por fuentes vinculadas al área, porque las incautaciones provienen principalmente de los consumidores, cuyos testimonios resultan posteriormente claves para el procesamiento de sus proveedores.

En líneas generales las pesquisas comienzan con la aprehensión de individuos consumiendo marihuana o cocaína, y de las indagaciones a las que son sometidos surgen datos de sus posibles abastecedores. Luego se montan operativos de vigilancia en los centros de venta y, cuando la situación está plenamente confirmada, se pide al magistrado de turno la orden para allanar el lugar.

Cuando esto ocurre, a pesar de que los narcos no tengan en su poder grandes porciones de las sustancias, la forma en la que se hallan ya fraccionadas y envueltas para ser comercializadas resultan pruebas claves en su contra.

Además se secuestran los elementos clásicos del vendedor, tales como balanzas de precisión, bolsitas de nailon o papeles cortados para envolver la droga, dinero en efectivo que no puede ser justificado y, por último, se tienen los testimonios de los consumidores.

Un ejemplo reciente del accionar de la dependencia ocurrió el pasado fin de semana en la zona de Parque Batlle.

Los funcionarios detuvieron a 12 personas incautándoles a algunas de ellas pequeñas dosis de cocaína. La investigación estuvo enfocada en un cantina pool donde fueron detenidos dos hombres de 29 y 48 años a los que se les incautaron más de 20 gramos de «coca» y una pastilla de éxtasis. Ambos fueron procesados.

Las cifras

Los procedimientos se han realizado en distintos puntos de la capital, sin constatarse zonas especialmente afectadas por esta actividad. Se han producido detenciones tanto en Pocitos, como en el Cerro o en la Ciudad Vieja.

Las fuentes consultadas por LA REPUBLICA explicaron que el promedio de edad de las 26 personas procesadas oscila entre los 25 y 30 años.

Una vez que los procedimientos culminaron y hubo resolución judicial los antecedentes de los casos son comunicados a la DGTID, que centraliza a nivel nacional la lucha contra el narcotráfico. De esta manera se cotejan datos buscando reconstruir las líneas de la droga, en procura de cortar el circuito de raíz.

En su ámbito, el Departamento de Orden Público ha logrado en base a sus actuaciones, los procesamientos de esas personas durante los primeros cinco meses de actividad. Las estadísticas obtenidas por LA REPUBLICA señalan que de mayo a setiembre fueron detenidos 228 consumidores e incautados poco más de dos kilos y medio de cocaína, dos kilos 200 gramos de marihuana y 190 gramos de éxtasis (646 dosis).

En relación a los costos que estas drogas tienen para el consumidor final, las fuentes explicaron que depende de la oferta que haya en el mercado.

Aunque aseguraron que los precios oscilan entre 150 y 200 pesos para una «gota» de cocaína (un gramo aproximadamente); entre los 20 y 30 pesos para una «palanca» de marihuana (uno o dos cigarrillos); y en los 20 dólares las pastillas de éxtasis.

Precisamente sobre estas últimas, la mencionada dependencia logró la mayor incautación en la historia. Anteriormente se había hallado una partida importante escondidas en tubitos de chocolate a dos hombres de nacionalidad argentina en la Costa de Oro. En esta ocasión el hallazgo de las dosis fue la culminación de un operativo realizado por funcionarios policiales de la Seccional 11ª que en un procedimiento de rutina interceptaron a dos individuos que en su poder tenían varias dosis.

La información fue comunicada a Orden Público que, en coordinación con la comisaría, allanó el domicilio de los detenidos encontrando una impresionante cantidad de pastillas.

Las dos personas fueron procesadas con prisión y de sus testimonios quedó establecido que la droga química había sido traída desde España.

El encargado había sido uno de ellos, quien logró burlar los controles de todos los aeropuertos por los que tuvo que pasar hasta llegar a Carrasco.

Uno de ellos, revelaron las fuentes, durante la temporada estival se desempeñaba como salvavidas en las playas de Maldonado y allí pensaba comercializarlas durante los próximos meses.

Los cambios

Como se decía al principio, no había hasta mayo una dependencia de la Jefatura de Policía de Montevideo que estuviera claramente dedicada al combate de la venta de estupefacientes. De alguna manera esto había favorecido a los narcos que habían logrado aumentar su actividad a límites tales que llamaron la atención del ministro del Interior.

Al empezar a trabajar en la materia Orden Público, los vendedores «chicos» vieron reducido su campo de acción, por lo cual debieron reformularse. Así lo revelaron las fuentes consultadas por LA REPUBLICA, que trabajan de manera directa en esta actividad.

Entre estas señales se destacan algunas en especial. Si bien siempre se había constatado, en los últimos tiempos se ha dado con mayor asiduidad el hecho de que los vendedores comienzan a circular con pocas cantidades de droga para evitar que se les tipifique los delitos de tenencia o comercialización.

O bien salen a la calle a vender la dosis justa cuando se les solicita vía radio llamada o teléfono celular, o tienen en la vía pública «encanutados» (escondidos) en diversos lados sobrecitos con el producto.

Incluso se han dado casos en los que tienen la droga fraccionada y guardada en distintos puntos de sus domicilios, hasta en los lug
ares más insólitos. Entre los bloques de un muro, adentro de roperos, etcétera.

Pero el hecho que sí ha causado asombro y preocupación es el que está indicando que los vendedores han montado «sus propios servicios de vigilancia», dijeron las fuentes.

Según se puntualizó, los «dealers» tienen por lo general personas jóvenes que también realizan discretas vigilancias en los alrededores al punto de venta, y que se comunican con el «jefe» cuando advierten algo irregular. De acuerdo a la información recabada estos espías pueden ser personas del barrio o vecinos que, a cambio, reciben su paga.

Gracias a las actividades de estas personas se han frustrado varios operativos, al punto tal de que cuando se produce el allanamiento no hay rastros de actividad alguna dentro de la finca.

En otros, el dato sobre la presencia extraña en las afueras, fue dado a último momento y cuando los policías llegan a la finca encuentra a los narcos tirando la droga por el inodoro.

Otro de los contratiempos que han encontrado los funcionarios es que los vendedores estables han convertido sus casas en «fortalezas» cubiertas de rejas y otros sistemas de seguridad que dificultan los operativos finales de los funcionarios.