Con un fallo penal favorable, los denunciantes evalúan una demanda civil contra el ex jerarca

Ex receptor de Aduanas de Rocha procesado por abuso de funciones

El funcionario Carlos Magnin se desempeñaba como receptor aduanero en Rocha cuando fuera denunciado ante la justicia penal, al tiempo de formularse una denuncia administrativa en la Dirección Nacional de Aduanas. Fuentes consultadas indicaron que en la actualidad el funcionario procesado se desempeñaba en Montevideo pero sin un destino específico.

De este tema LA REPUBLICA ya se había ocupado en su momento, poco después de haber comenzado el proceso penal y es así que en mayo de 2004 publicó un primer artículo sobre el punto donde informaba en el título: «Funcionarios acusan al receptor de Aduana de Rocha de vender mercadería decomisada a bagayeros». En julio de este año, luego de la acusación del fiscal Ricardo Perciballe, el juez actuante, Dr. Juan Gómez, decretó «el procesamiento sin prisión de Carlos Magnin Rodríguez imputado de la comisión de un delito continuado de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, imponiéndosele como medida sustitutiva arresto de fin de semana en seccional policial de su domicilio», de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Trámite y Sentencias Interlocutorias, del Poder Judicial.

El expediente judicial está seguido en la Ficha 340-40364/2003 y de acuerdo a lo establecido en los cuatro años del proceso, las investigaciones seguidas «giran en torno a dos denuncias ventiladas en expedientes diferentes resultando a posterior acumuladas en atención a su vinculación subjetiva y en el entendido que merecen una dilucidación simultánea». Esa referencia está hecha básicamente en relación a que funcionarios aduaneros formularon sus denuncias en forma individual constituyendo expedientes diferentes, pero relacionados con el mismo tema.

Los funcionarios denunciantes acusaban al receptor de Aduanas de entonces de cometer varias irregularidades, entre ellas la venta directa de mercadería decomisada a los propios bagayeros mediante una práctica que se aparta notoriamente de los caminos administrativos, actuando en un mismo acto como juez y parte.

Pero lo acusaban también de cobrarse un porcentaje en cada una de las ventas, sin figurar su firma en el acta de incautación, generando una total ausencia en los controles del Estado a través de la DNA.

Los funcionarios, que señalaba ser perjudicados económicamente por los mecanismos utilizados, también denunciaron ser víctimas de persecución con traslados permanentes a distintas localidades a partir del malestar de éstos con los procedimientos empleados en la Aduana de Rocha. Según señalaron los denunciantes, durante el tiempo de estadía al frente de la Aduana de Rocha, el funcionario cobraba un porcentaje de toda incautación aunque en la mayoría de los casos no estaban presentes en los procedimientos. La negativa de funcionarios a «pagar» este tributo, los condicionaba a frecuentes traslados, en la mayoría de los casos a destinos donde el tránsito de mercadería es menor y por tanto generan un perjuicio económico directo debido a la casi inexistencia en el número de incautaciones. En la dependencia del Ministerio de Economía, los funcionarios actuantes en procedimientos de incautación reciben un porcentaje del producido de la venta de la mercadería, teóricamente como forma de estimular al funcionario a cumplir correctamente con su función. Este hecho era visto por los denunciantes como la razón por la que sólo algunos dependientes del receptor aduanero habían llevado adelante el acto de denuncia y posterior proceso.

A más de un mes de haberse expedido el magistrado, no ha trascendido cuales han sido las acciones que ha desarrollado la Dirección Nacional de Aduanas con relación a la situación del funcionario que al momento de su procesamiento estaría asignado a una división de la Dirección en Montevideo sin destino especificado. Mientras tanto, entre los aduaneros que iniciaron la denuncia, si bien no hubo manifestaciones públicas trascendió la expresión de satisfacción mientras no se descartaría -con un fallo penal favorable- encarar acciones civiles contra quien fuera su jerarca. *

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