Aborto en Rivera: juez no descarta indagar a los periodistas de El País y El Observador

El hallazgo de un feto en el basurero municipal por un grupo de hurgadores reavivó una vieja campaña destinada a lograr la destitución del jefe de Policía de Rivera, el inspector principal (r) Juan Carlos Soto.

Cuando se encontró el feto, se apersonaron en el lugar las jerarquías policiales, el médico forense, y el juez en lo Penal de 2º Turno, el doctor Mijhail Rottas, quien ordenó las diligencias del caso. Investigaron funcionarios de la Seccional 9ª con apoyo de la Dirección de Investigaciones, la Intendencia Municipal de Rivera y del propio Ministerio de Salud Pública (MSP).

 

Todo era mentira

La tarea policial tuvo éxito luego de haber recabado datos de las mujeres embarazadas que se atendían en las policlínicas zonales, 39 en total, de las cuales 38 fueron visitadas. Sólo faltó una joven que no se encontraba en su domicilio cuando se presentaron los efectivos policiales. Pero su abuela admitió que su nieta se practicó un aborto. La joven nunca fue ubicada, y sobre ella no pesa ninguna requisitoria, ni policial ni judicial.

A partir de este hecho, se publicaron diferentes versiones en torno al caso. Se escribió que la lista de embarazadas fue conseguida por los policías mediante presión a una funcionaria del MSP. Se afirmó que los investigadores se habrían hecho pasar por funcionarios del ministerio. Hasta se llegó a publicar que el procedimiento se habría realizado sin una orden judicial.

 

Ninguna mujer denunció el procedimiento policial

En las últimas horas, LA REPUBLICA dialogó con el juez de la causa, doctor Mijhail Rottas, quien manifestó su sorpresa ante las versiones de prensa. «Me sorprendió todo lo que se dijo al respecto. En el Juzgado Penal de 2º Turno, al cual pertenezco, no hay radicada ninguna denuncia al respecto de irregularidades de procedimiento, ni de parte de las damas visitadas, ni del MSP. Como estamos en feria judicial desconozco si alguna de mis colegas recibió algo».

Cuando se le consultó sobre si tenía conocimiento del procedimiento, el magistrado explicó: «Desde el momento en que me constituí en el lugar donde fue hallado el feto di la orden de que se investigara, y fue lo que se hizo».

Al respecto de la posibilidad de citar a responsables de los medios de prensa que se hicieron eco de informaciones que no son ciertas, el doctor Rottas manifestó: «Espero reintegrarme primero, y voy a estudiar tal posibilidad».

 

Di Giácomo descarta la responsabilidad del jefe de Policía

No pasó desapercibida en la ciudad de Rivera la presencia del fiscal nacional de Policía, que montó su centro de operaciones en una oficina de la calle Fructuoso Rivera. Su visita había sido anticipada por la ministra del Interior, Daisy Tourné. El anuncio generó expectativa.

En el transcurso de la visita, el doctor Di Giácomo tomó declaración, entre otros, al propio jefe de Policía, inspector Soto, y también a todos los funcionarios que participaron del procedimiento de investigación.

El fiscal regresaría a nuestro departamento dentro de unos diez días, pero ya trascendió de fuentes altamente confiables que el funcionario no habría encontrado responsabilidad por parte del máximo jerarca de la Jefatura de Policía del departamento, así como de sus subordinados.

En las últimas horas, un familiar directo de una de las embarazadas manifestó en diálogo con LA REPUBLICA que los policías «se presentaron en mi casa. Nunca ingresaron. No estuvieron más de cinco minutos. Hicieron alguna pregunta y luego se retiraron».

Preguntado si los policías se hicieron pasar por funcionarios del MSP, la fuente expresó: «Lo único que dijeron fue que estaban realizando un censo sobre mujeres en estado de gravidez».

 

Un policía disparó por decisión propia

Por otra parte, el fiscal nacional de Policía debe investigar la fuga de dos reclusos de la cárcel departamental, uno de los cuales, Cristian Castaño, perdió la vida en un hecho aún no esclarecido, a pesar que consta en la sede del Juzgado de 2º Turno que se había impartido una orden del jefe de Policía y del magistrado de no utilizar balas de fuego, lo que en apariencia no fue cumplido por uno de los policías.

En oportunidad del anuncio del relevo de tres de los jefes del Interior, el hecho de la fuga fue esgrimido por los matutinos El País y El Observador como el motivo por el cual la ministra Tourné destituiría al jefe de Policía. Como es de conocimiento, nunca hubo tal destitución.

De acuerdo a información que obra en poder de LA REPUBLICA, no se descarta que vecinos de diferentes barrios del departamento inicien una recolección de firmas en apoyo a la gestión del jefe, y en rechazo a lo que se interpreta como una maniobra política que tuvo por intención agraviar al magistrado y al jefe, en un accionar que incluso fue dañoso y perjudicial para la imagen pública del instituto policial. *