La Justicia investiga "una orgía sexual" con tres adolescentes fugados del INAU

La investigación publicada por el Semanario Entrega 2000 de Mercedes detalló los hechos ocurridos hace dos meses, el jueves 22 de febrero, cuando en horas de la tarde tres jovencitos (dos mujeres y un varón) se fugaron de la Unidad Materno Infantil (UMI) de Mercedes. Una de esas jóvenes proviene de San José, con antecedentes por prostitución, consumo de alcohol y marihuana, sería quien habría encabezado la fuga, junto con una adolescente de 13 años con retardo mental y un jovencito que se encontraba en dicho centro en situación de amparo.

Recién en la mañana del viernes, pasadas las 6.00 horas, regresaron a dicho centro del INAU el jovencito y la joven proveniente de San José y comenzaron a contar lo que le había sucedido a la adolescente de 13 años.

«Sin embargo ­comentan los colegas de Entrega 2000- no hay anotaciones sobre ello, más, no existe constancia de que se haya salido a buscar a la ausente, sabiendo la gravedad de lo ocurrido». Recién en la madrugada del sábado regresó la adolescente de 13 años recibiendo como orden «que se dé un baño y se acueste».

Los compañeros de fuga y la propia adolescente contaron a los funcionarios de INAU que habían participado de una orgía con ocho personas mayores de edad en una finca del barrio Artigas donde se consumió alcohol y marihuana. La jovencita, de apenas 13 años, tiene un considerable retraso mental «es una niña muy buena, absolutamente inocente», y fue sometida en reiteradas oportunidades en esta orgía, llena de alcohol y drogas.

Pero los hechos no terminaron allí, ni muchos menos. En las primeras horas de la tarde de ese sábado (24 de febrero pasado) los tres jovencitos vuelven a fugarse, y esta vez sí se dio cuenta a la Policía. Sobre las 16.00 horas, los policías devolvieron a la jovencita de 13 años a la Unidad Materno Infantil del INAU.

A estas alturas la jovencita presentaba abundante sangrado vaginal y anal, además de mordeduras en el cuello y marcas en varias partes del cuerpo. Pese a lo ocurrido en la jornada de ese viernes no se registró ninguna denuncia en la dependencia policial, tanto con la fuga de los tres menores como con lo que posteriormente relataron.

Recién el domingo, una funcionaria de la UMI y la encargada (interina) de la Jefatura de INAU realizan la denuncia ante el Departamento de Menores. Cabe acotar que la directora de la Unidad Materno Infantil en ningún momento realizó la denuncia, a pesar de que los hechos estaban registrados en el libro de novedades, recogiendo el testimonio de los adolescentes.

A raíz de esa denuncia la jovencita es examinada por un ginecólogo en el Hospital Mercedes «que emite un escueto informe sin mayores constataciones». Un par de días después el médico del INAU le realiza otro examen y detalla un informe que difiere bastante con el realizado por el ginecólogo. Toda esta situación fue comunicada al jefe de INAU, Víctor Giorgi, a través de la intervención del diputado Roque Arregui, determinándose una investigación administrativa «que comenzó con muchos bríos, pero que a más de dos meses de ocurrido el hecho parece haberse frenado. El mensaje enviado a la ciudadanía en general y a los funcionarios del organismo, no es el mejor. Ya que por acuerdo de la directora de la UMI y el jefe departamental, resolvieron trasladar a la funcionaria que realizara la denuncia. Es como decir que, de aquí en más, cuando veas alguna cosa que esté mal, no te metas, porque te perjudican a vos. Ni siquiera el sindicato ha salido a hacer pública esta situación que es muy grave», comentó una fuente.

La funcionaria que denunció el hecho fue trasladada al Hogar Chopitea, que alberga a niños. La adolescente con retraso mental también fue derivada allí.

«¿Qué puede pasar si desde su ingenuidad cuenta todo lo ocurrido a los niños y niñas más chicos que están alojados en el Chopitea?», se preguntan con razón los colegas de Entrega 2000.

Tomó intervención en este aberrante caso el Juzgado Penal a cargo de la doctora María del Carmen Roybal, pero más allá de eso cuesta creer que quienes deben velar por dar amparo a quienes más lo necesitan actúen de una forma que parecería estar en connivencia con los agresores.