Investigan fabulosa estafa contra matrimonio brasileño

El matrimonio brasileño formado por Manuela Pereira y Decio Zago, de 82 y 94 años respectivamente, denunció la presunta maniobra como propietarios de padrones de subido valor en el norte del país.

De acuerdo con el expediente, cuando la pareja se disponía a vender una estancia de 3.800 hectáreas en el departamento de Tacuarembó se les ofreció una hipoteca por tres millones de dólares.

El matrimonio alega que recibió sólo dos millones de dólares. Se ignora el destino del millón faltante. El hecho es que los ancianos aparecen endeudados por el doble de la cifra de la hipoteca, por lo que se presume se los indujo a firmar una doble documentación.

La escribana y el abogado que asesoraban al matrimonio, ambos con un estudio en nuestro departamento, participaron además en el arrendamiento del campo en beneficio de un empresario domiciliado en la capital del país.

El contrato que avala la negociación es por la suma de 900 mil dólares, dinero que no fue recibido por la pareja de ancianos de acuerdo con lo que figura en el expediente penal.

El empresario citado, que de acuerdo con el contrato «firmado» tiene siete años para permanecer en el campo, exige en la actualidad la suma de un millón y medio de dólares para retirarse del mismo.

Lo complicado de la maniobra, en la que se han visto involucrados varios profesionales del medio cuyas identidades obran en nuestro poder, hace presumir una compleja instancia judicial, en la que los mismos procurarán deslindar responsabilidades.

En la documentación aparece una comisión abonada a un comisionista de ventas de campos por un monto superior a los 200 mil dólares, a pesar de que la venta no se produjo. De igual forma figuran recibos por honorarios por una cifra cercana al medio millón de dólares, los que no son reconocidos por la pareja de ancianos.

Los denunciados son una escribana, de iniciales SS, un abogado de iniciales JCD, un comisionista de iniciales MDS y un importador de repuestos de iniciales VS, según consta en el expediente judicial.De acuerdo con la información a la que pudo acceder LA REPUBLICA, la Fiscalía actuante emplazó a los denunciados, según dispone el artículo 126 del Código del Proceso Penal, sin existir hasta ahora un pronunciamiento definitivo.

El próximo paso incluirá, además, la citación de personas que fueron involucradas, en forma indirecta, como los responsables de un banco extranjero con sede en la Ciudad Vieja, donde se firmó el documento. *