Sindicatos policiales piden derogar artículo que prevé sanciones a rigor para efectivos

La norma, modificada en 1981 a fines de la dictadura civil y militar, prevé que los funcionarios policiales puedan ser sancionados con perjuicio de servicio y a rigor: pueden ser arrestados y privados de su libertad, obligados a permanecer en una dependencia policial.

«El artículo 24 es inconstitucional», dijo a LA REPUBLICA el agente de 2º Eduardo Segredo, un delegado de la coordinadora departamental de Canelones que presta servicio como guardiacárcel en Canelones.

«Equiparó las sanciones a militares con las sanciones a policías», dijo, al señalar que el artículo fue impulsado por los oficiales superiores que ejercieron cargos de mando mientras no hubo Estado de Derecho. «El problema es que se sigue aplicando en democracia», se lamentó.

La coordinadora nacional aguarda ser recibida por la ministra del Interior Daisy Tourné para solicitarle por escrito que deje sin efecto el polémico artículo 24 hasta que se apruebe una nueva Ley Orgánica Policial, una iniciativa legislativa ya anunciada por el actual gobierno.

 

«El artículo 24 es inconstitucional»

Segredo explicó que el artículo 258 de la Constitución habilita a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 24 de la Ley Orgánica Policial. La coordinadora sindical anhela que esa ley sea sustituida este año por una ley que permita la sindicalización.

«No descartamos una huelga de hambre en caso que el Ministerio del Interior omita actuar como intermediario con los mandos medios de las jefaturas departamentales de Policía que desconocen una directiva del propio Ministerio que prohíbe la represión sindical», advirtió.

Segredo recordó que el ex ministro del Interior José Díaz impartió una directiva que prohíbe sancionar a los policías que se sindicalicen. Según comentó, los sindicatos policiales podrían llegar a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

«Esperamos que la ministra Tourné ratifique por escrito la directiva del anterior ministro Díaz, que descartaba todo tipo de sanción para los policías que decidan sindicalizarse», adelantó Segredo, para quien «los mandos medios» están «desacatando» una resolución ministerial.

 

Juicio penal al jefe Sergio Guarteche

La coordinadora de Canelones integra la Conasip, organización que tiene delegados y coordinadoras en ocho departamentos del Interior. Al margen de la coordinadora nacional, la coordinadora canaria tiene una controversia judicial con el jefe de Policía del departamento.

El inspector mayor (r) Sergio Guarteche dijo en declaraciones públicas que los policías sindicalizados incurren en mala conducta y podrían ser perjudiciales para la disciplina del Instituto Policial. El sindicato le respondió con una denuncia penal por «difamación» e «injurias».

A modo de ejemplo de las «sanciones arbitrarias» que «los mandos medios» imponen a los policías sindicalizados, Segredo puso por caso el arresto a rigor durante diez días que padeció el agente de 1º Julio Pereira, quien estuvo recluido en la Seccional 10ª de Punta del Este.

 

Buscarán el apoyo de los círculos policiales

Otro punto del orden del día de la asamblea tratará el envío de una nota a los círculos policiales de los departamentos del Interior para que sus integrantes evalúen un comunicado del Círculo Policial de Montevideo que criticó la existencia de los sindicatos de policías.

La intención de la coordinadora es contrastar las opiniones de los oficiales superiores del círculo capitalino con las actitudes de sus colegas del Interior, para conseguir nuevos apoyos para el sindicato.

Para los oficiales superiores del círculo capitalino, la creación de sindicatos entre funcionarios del Instituto Policial es inconstitucional porque vulnera la verticalidad del mando y afecta la esencialidad del servicio que prestan los policías como instrumento de la Justicia. *