Los reclusos alojados en todas las comisarías del país serán trasladados

La superpoblación de la cárcel pública departamental, que tiene albergados a casi 200 reclusos, cuando su capacidad locativa no supera los 80, y la enorme cantidad de procesamientos decretados en este año obligaron al jefe de Policía de Rivera a una redistribución de los reclusos, alojándose casi medio centenar en las diferentes comisarías del departamento. La mayoría de ellos está vinculada a delitos económicos, como, por ejemplo, los ediles procesados por fraude, todos aquellos vinculados a maniobras con automóviles y hasta quienes participaron de la estafa con facturas falsas. En todos los casos, estas personas habitan en las «cuadras» de las seccionales, afectando el número de efectivos que se destina al patrullaje, de acuerdo a lo manifestado oportunamente por el jefe de Policía inspector Juan Carlos Soto.

«Al momento de tener presos en las comisarías, debemos disponer de cuatro o cinco efectivos para su custodia, lo que debilita la tarea en la zona. Pero además se debe sumar el perjuicio al propio funcionario policial que resigna su lugar de descanso y a veces hasta los comedores ante la presencia de reclusos», comentó el jerarca.

Entre la población de internos de la cárcel pública esta situación es mal vista, ya que entienden que hay muchos de sus compañeros que han cumplido largas condenas con méritos suficientes para acceder a otro régimen y se les cede el lugar a los que cometen delitos de «cuello blanco».

Los diferentes operadores del derecho del departamento han emitido opinión al respecto de la orden ministerial. El doctor Fernando Araújo manifestó a LA REPUBLICA: «Es una potestad del ministro de llevar adelante la medida, porque entendamos que las comisarías no son lugar para alojar presos. El problema radica en la superpoblación carcelaria y de acuerdo con lo que menciona la Constitución, debemos bregar por la reinserción social del recluso y de esta forma es muy difícil. En las últimas horas estuvimos en la cárcel visitando a uno de nuestros defendidos y se puede advertir un clima de tensión en los internos, lo que no es un buen síntoma. Salvo que haya elementos que uno no conoce para la decisión que tomó el ministro, esto, sin dudas, va a traer problemas. Si esta medida se aplicara de aquí en más, lo entenderíamos, pero traer gente que de alguna manera se siente con «derechos adquiridos» por estar en una comisaría genera realmente una tensión innecesaria, sobre todo si tenemos en cuenta de lo mucho que se habló de la construcción de la nueva cárcel, que es la única solución que le vemos al problema».

LA REPUBLICA también consultó al comisionado parlamentario, doctor Alvaro Garcé, quien expresó: «Me preocupa mucho la situación, dado que de mis recorridas por todos los centros de detención del país, hemos informado que Rivera es uno de los tres departamentos en peor situación en lo que al sistema carcelario refiere. La máxima autoridad al respecto es el ministro del Interior, pero eso no nos impide a nosotros ponernos en contacto con él a los efectos de buscar una solución al respecto de una decisión que es legítima, sin duda, pero en el caso de Rivera, a los efectos de no complicar más una situación que de por sí es bastante difícil, (deberíamos) pensar en algún tipo de flexibilización».

La medida está prevista para la próxima semana, no descartándose que se utilice la Cárcel Granja, ampliando el número de reclusos allí alojados como forma de descomprimir una situación que, se presume, puede complicarse en las próximas horas. *