Pericias caligráficas podrían mandar a prisión a ediles de Rivera que "zafaron"

El mal manejo de los ediles departamentales de los gastos de representación era tema de conversación en la casi totalidad de la población del departamento.

La convicción era de que «algo había», ya que se sabía de ediles que canjeaban vales de nafta por pañales o pagaban deudas particulares con los mismos y hasta de funcionarios de alguna estación que vendían facturas en blanco y aquellas que son confeccionadas en computadora y que habitualmente no son retiradas por el cliente, pero el hecho es que no aparecía ninguna denuncia.

Es de suponer que esto generaba una suerte de extraña sensación de tranquilidad en los curules, que estaban lejos de pensar que el hijo de uno de ellos, al presentar una denuncia pública desataría un verdadero escándalo en el deliberativo comunal. La presencia fugaz del Cr. Gabriel Gómez en la Presidencia de la Junta fue suficiente para determinar la gravedad del tema y además, contra la voluntad de la corporación de ediles, presentar la documentación exigida por el juez en lo Penal de 1er. Turno Dr. Federico Alvarez Petraglia, quien no tardó en decretar los primeros procesamientos.

Con el paso de los días se fueron sumando personas (28 en total) en su mayoría ediles de la presente y la pasada administración pertenecientes a los Partidos Nacional y Colorado, a los que se sumaron una secretaria de bancada del Partido Nacional y hasta el empleado de una estación de servicio.

De todas formas quedó la convicción de que «no están todos los que son», lo que motivó que el Dr. Alvarez Petraglia solicitara la presencia de la perito calígrafa Gabriela March, frente a la cual pasaron todos los ediles procesados y «alguno más».

Se descarta que con los resultados a la vista, varios de los ediles procesados, hoy en libertad, volverán a prisión acusados de delitos graves, además de algún líder político que se habría beneficiado por la maniobra, por lo que se dice que algún edil «habría robado para la corona».

Es de destacar que algunas agrupaciones fueron prácticamente desmanteladas por el simple hecho de que la mayoría de sus ediles titulares resultaron procesados.

 

Una vergüenza nacional

La gravedad de la maniobra determinó que los medios de prensa de la capital se hicieran eco de la situación durante mucho tiempo.

Se llegó al hecho de que en el programa «Zona Urbana», el edil Pablo González quien fuera presidente de la Junta, luego procesado por «fraude», apareciera entrevistado desde la cárcel, alegando inocencia y manifestando que en cuanto recobrara su libertad se reintegraría a su banca, lo que efectivamente hizo.

Desde ese momento, fueron reiterados los escándalos protagonizados por el edil González y sus fieles, en una suerte de «cobro de facturas», con amenazas e intento de agresión en varias oportunidades.

Lo que resulta poco creíble es que el propio González, quien se autodenomina edil independiente, ya que actualmente se encuentra con su afiliación suspendida por disposición del CEN del Partido Colorado, ha participado de varios viajes en representación de la Junta, como lo fue el reciente Congreso de Ediles en Salto, donde solamente por concepto de gastos de alimentación en dos días presentó facturas por 2.500 pesos.

Pero hasta el momento no existen datos sobre los gastos que generaron numerosos viajes a la capital del país, realizados en plena investigación de los hechos, donde varios ediles recurrieron al asesoramiento del Dr. Milton Cairoli, destacado penalista que fuera durante años ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien realizó un informe evaluando la situación por el que se dice habría cobrado la nada despreciable suma de 6.000 dólares.

 

El informe Cairoli

El informe en cuestión, que consta de casi 50 páginas, va desde la evaluación personal de los procesados, a los que cataloga de «buenas personas» hasta una suerte de cuestionamiento por la actuación del juez Federico Alvarez Petraglia. En el mismo, el Dr. Cairoli sugiere que los ediles deberían haber perdido sus fueros (si es que los tienen), pasar por el juicio político, para luego someterse a la Justicia, lo que es rechazado por destacadas figuras de la política local, así como también por reconocidos penalistas y hasta por los propios ediles que rechazaron la posibilidad del juicio al ex presidente de la Junta Pablo González.

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia analiza la situación considerando que en realidad el dolo no se concretó y que ni siquiera habría existido mala fe por parte de los procesados, ya que los mismos habrían manifestado que los dineros resultantes de la falsificación de facturas habrían sido volcados a obras de beneficencia. *