Abogado del acusado por triple crimen de Mercedes dijo que no confía en la Policía
«Por eso es que pedimos que sea la Dra. Roybal la que tome testimonio a las personas que incluimos en el escrito presentado», dijo el abogado. Como se adelantó, el Dr. Durand pidió por escrito a dicha jueza diligenciar varias pruebas en procura de aclarar completamente el triple crimen de la familia Gutiérrez Aguirre, ocurrido el 3 de julio pasado. En dicho pedido se incluye un nuevo testimonio al ex novio de Marisel Gutiérrez, a doña Lola Delfante (abuela de la joven), a vecinos de la casa de la infortunada familia, a un testigo que vio a Mauro Gadea en una club deportivo el día 3 de julio a la misma hora en que se consumaba el crimen. Adelantó que se entrevistará con el Dr. Guillermo López, médico forense que practicó la autopsia a los tres cuerpos, y con el jefe del Instituto Técnico Forense, el Dr. Guido Berro, con la finalidad de evaluar la información que le aportara el Dr. Ruben Wernik donde se concluye que las tres personas fueron asesinadas por un diestro, siendo que Gadea es zurdo.
Durand se entrevistó con el inspector mayor Washington Curbelo, jefe del equipo de investigadores designado por el ministro José Díaz para revisar la investigación de este caso. «No quedé conforme. Fue una entrevista en la cual Curbelo dijo que él es simplemente coordinador, porque tiene confianza en el trabajo que realiza el comisario inspector Roberto De los Santos del Departamento de Operaciones Especiales (DOE)».
Historia del arma
Paralelo a ello se conocieron algunos detalles de la historia del arma que fue utilizada en el triple crimen. Como se recordará, en la casa de Mauro Gadea se incautaron tres pistolas con silenciador, todas con la numeración borrada. Las pericias de balísticas determinaron que una de ellas fue la que mató a la familia Gutiérrez Aguirre. De acuerdo al trabajo realizado por los técnicos se pudo reconstruir la numeración del arma, determinándose que había sido vendida en Mercedes. Pero esta historia guarda otra historia tan complicada como la dilucidación total del triple crimen. Según pudieron establecer los colegas del periódico Acción de Mercedes, la pistola 7,65 utilizada en el triple crimen fue entregada por un coleccionista, como parte de pago, en una armería de Mercedes. Este episodio ocurrió hace unos 14 años, cuando este coleccionista de armas, tras adquirir algunas armas, además de dinero entregó un revólver 357 y una pistola 7,65 (la utilizada en el triple crimen).
Poco tiempo después el coleccionista, al presentar la renovación de su registro ante el Servicio de Material y Armamento del Ejército relatan los colegas de Acción tuvo problemas ya que le «saltaba» que esas armas estaban en su poder. En virtud de que tampoco figuraban en el stock de armas usadas de la armería mercedaria. Ante el reclamo de este coleccionista el encargado de la armería realizó un movimiento administrativo «adjudicándole la pistola y el revólver a una persona que había comprado un arma en la sucursal (de la empresa) de Paysandú». El rastreo del arma llegó hasta esa persona de Paysandú que pudo establecer que había comprado solamente un arma, un revólver calibre 22, y no esas dos que le adjudicaron. Por lo que ahora se procura establecer a quién fue vendida el arma utilizada en el triple crimen, pero también si el encargado de la armería la vendió «en negro», en provecho propio o con conocimiento de los propietarios del comercio.
¿Y esto?
Por otro lado, en una inexplicable reacción la actuaria del Juzgado Letrado echó de la sede judicial al corresponsal de LA REPUBLICA y a un colega de un diario de Mercedes, impidiéndole que pudieran acceder a un expediente que habían solicitado. Al parecer las diferentes audiencias que se han venido realizando en torno al triple crimen y otras instancias judiciales han aumentado el natural nerviosismo de la sede judicial. Es que en los últimos días las oficinas de calle Roosevelt y Varela han sido el centro de atención de la opinión pública y quizá ello fue el motivo que desencadenó la inesperada reacción de la escribana Cristina Zefferino, actuaria del Juzgado. El pasado martes el corresponsal de LA REPUBLICA junto al colega del Diario Acción de Mercedes, concurrieron a la sede judicial respondiendo a la inquietud de un profesional del medio que pretendía mostrarles el expediente de uno de sus defendidos. Un trámite habitual, donde el Dr. Víctor Gil trasmitió sus apreciaciones en torno a uno de sus defendidos y para un conocimiento más objetivo de la causa, su intención era que la prensa pudiera acceder a los pormenores del caso a través del propio expediente. La situación no pasaba de un mero trámite, en un expediente donde la Justicia ya dictó sentencia, determinación a la cual, como es habitual en estos casos, el profesional pretende apelar. Una vez que el Dr. Víctor Gil accedió al expediente de su defendido, lo entregó a los periodistas para su lectura, provocando la reacción de la escribana, actuaria del Juzgado, quien prácticamente sin mediar palabra se lo quitó de las manos al periodista de LA REPUBLICA, inquiriéndoles sobre qué hacían en el Juzgado y los motivos por los cuales querían ver dicho expediente. «Acá solamente pueden estar quienes fueron citados. Así que ustedes no pueden estar. Se van», ordenó la profesional.
Para evitar que la situación subiera de tono, junto al colega de Acción el representante de LA REPUBLICA se retiró del Juzgado. Cabe acotar que se concurrió al Juzgado junto al Dr. Víctor Gil, simplemente porque el profesional trasmitió la inquietud.
Para conocimiento de la escribana, los periodistas así como cualquier ciudadano pueden solicitar expedientes penales cuando el juez ya dictó sentencia, sin necesidad de ser asistidos por abogados. Por lo que, aunque la actuaria no quiera, LA REPUBLICA seguirá concurriendo al Juzgado en el entendido de que cumplimos con nuestro trabajo y no violentamos ninguna norma como para ser expulsados de una oficina pública. *
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