La familia del joven asesinado hace 8 años en Colonia pide cárcel para Píriz Brum y 2 policías en actividad

A las 4 de la mañana de aquel lunes 17 de agosto de 1998, Andrés hizo un alto en su trabajo en la cantina del club San Carlos –zona suburbana de la ciudad–, donde solía «dar una mano» cuando más movida se ponía «la vermú», una tradicional reunión bailable de fin de semana que, a ritmo de cumbia, aún sigue concitando decenas de seguidores. «Salgo un rato», fue el único aviso que dio a sus compañeros de tareas. Subió a la camioneta matrícula LA 8271, propiedad de su padre, en la que solía desplazarse habitualmente, y se marchó del lugar.

Luego de algunas vueltas se dirigió hacia su domicilio particular, en la calle Eduardo Acevedo. En ese entorno el muchacho fue interceptado por otro automóvil, al que siguió porque pudo haber sido obligado a hacerlo o porque no le resultaron desconocidos los ocupantes del rodado que apareció de improviso.

Pocas horas después, Graciela Fonte, la mamá de Andrés, entró al dormitorio de su hijo dispuesta a despertarlo, como habían quedado convenidos desde el día anterior. «Tenía pensado instalar la radio en la camioneta, por eso quería estar en movimiento bien temprano», recuerda. Al ver que no estaba, comenzó a cargarse de presagios e interrogantes.

A mediodía la noticia comenzó a esparcirse: en la apartada calle Atanasio Sierra, a un paso de la ruta nacional Nº 21, habían encontrado la camioneta. Dentro de ella, estaba el cuerpo sin vida del joven, con dos impactos de bala en la cabeza.

La sorpresa y la conmoción se adueñaron de la ciudad. Andrés Trigo Fonte era un muchacho muy conocido y apreciado, ya que a diario llegaba a cientos de casas en su condición de ayudante de su padre en el reparto de garrafas de supergás. A cada cliente le dispensaba una sonrisa y una palabra cordial. «¿Por qué lo mataron?», fue la reiterada interrogante que ocho años después repica con igual intensidad.

 

«La Policía cumple  con su deber»

Por aquellos años, la Policía coloniense tenía a su frente al inspector Hugo Pintos Funes, un duro, políticamente ligado a las huestes del entonces dirigente colorado Pablo Millor.

Los medios informativos locales lo habían mostrado dos años antes, a fines de 1996, cerrando un acto en la Jefatura de Policía con un mensaje de confianza: «La gente puede estar tranquila; la Policía cumple con su deber y está actuando como corresponde».

Sin embargo, en este caso y por algunas causas que permanecen entre brumas, esa actuación de los uniformados no fue así.

«A las ocho de la mañana (del 17 de agosto del 98) hubo una llamada a Jefatura avisando que había una persona ‘muerta o herida’ dentro de un vehículo en (la calle) Atanasio Sierra… Y nadie concurrió…», sostiene, tan indignado como aquel día, Walter Trigo, el padre de la víctima.

De ahí en adelante los «errores» no se dieron tregua. No se preservó la escena del crimen, se tiraron colillas de cigarrillos que estaban abundantemente esparcidas en la calle, no se pidió colaboración a expertos policiales de Montevideo y, para culminar la saga de inexplicables situaciones, en la comisaría 7ª lavaron la camioneta para «entregársela limpia a la familia», según argumentaron. (Walter Trigo, en agosto de 2000, definiría aquellas situaciones como «un manto de promiscuidades, negligencias e impunidades…»).

Sin duda, no parecía ser la misma Policía que un año antes, en agosto de 1997, había aclarado el homicidio de un chofer de la Direccion Nacional de Catastro y había puesto en la cárcel a sus tres jóvenes culpables. Entonces: ¿por qué tantas «torpezas» juntas en este otro caso?

 

La chica que andaba en «cosas raras»

La familia de Andrés -paralizada por tan hondo dolor- confió en la actuación de los uniformados y de la Justicia. Desde el gobierno central, la voz del entonces ministro del Interior, profesor Luis Hierro López, sentenciaba: «Vamos a ir a fondo, esto se va a aclarar».

Cuando la claridad se empezó a parecer cada vez más a las sombras y era notorio que «no pasaba nada», Walter, Graciela y Sandra (hermana de Andrés) comenzaron, por su parte, a juntar todas las piezas posibles de aquel macabro rompecabezas. Una de ellas, de fundamental importancia, resultó ser Karina (22 años), ex novia del joven asesinado. «La pareja en ese momento estaba distanciada, pero ella igual lo visitaba, insitía que quería seguir de amores», cuenta Graciela.

Y bien recuerda cuando su hijo, unos días antes del crimen, le dijo: «Mamá, mirá que ella anda en cosas raras… Después te cuento». Dos balazos le cerraron la boca.

Karina trabajaba como empleada de un almacén en el barrio Real de San Carlos. Vivía en una casa modesta como tantas otras de ese lugar y cobraba un sueldo mensual de 1.200 pesos. Por eso llamó mucho la atención cuando un día se hizo ver manejando un automóvil que declaraba ser de su propiedad y que había sido adquirido en un prestigioso comercio del ramo de Colonia.

La chica tenía «amigos policías» (retirados y en actividad). Algunos de ellos concurrían con bastante frecuencia a Carmelo y se reunían con Lilio Maurilio Martínez Perdomo (52 años), considerado «el zar de la droga» en la zona oeste del departamento. (En abril de 1999, Martínez fue asesinado a balazos cuando salía de un bar ubicado en la intersección de las calles Uruguay e Ituzaingó y se dirigía hacía su automóvil BMW deportivo que había dejado estacionado en las inmediaciones.)

En el colmo de las conductas extrañas, Karina llegó a ofrecer cuatro mil dólares a uno de sus amigos (un ex policía) para que «asustara» a Andrés. ¿Asustarlo? ¿Por qué motivo? El elegido para esa misión, responsable de un bar también en el Real de San Carlos, dijo una y mil veces que no aceptó aquel ofrecimiento. ¿Entonces quién dijo «si»? ¿ Y de dónde sacó esa suma de dinero una simple empleada de almacén que solía quejarse porque el sueldo no le daba para llegar a fin de mes?

Tiempo después, y por el trabajo de otro equipo investigador que actuó con firmeza, Karina terminó procesada con prisión, imputada por el delito de Coautoría de Homicidio. ¿Y los demás responsables? ¿Los que apretaron el gatillo, los autores intelectuales? Recluida en el establecimiento carcelario de Piedra de los Indios permanece hasta ahora en impenetrable silencio.

¿Miedo a lo que pueda sucederle? Su abogado defensor entiende que debe recuperar la libertad, pero las gestiones del letrado no encuentran andamiento.

 

Velas, retratos y  «prohibido olvidar»

Cuando la familia Trigo se cansó de la inoperancia policial y comprendió que lo peor que podía hacer era quedarse esperando, juntó fuerzas y salió a la calle el 17 de setiembre de 1998, marcando un hito histórico en la vida de esta comunidad.

Portaban velas encendidas, retratos del joven asesinado; pedían Verdad y Justicia. Y Colonia del Sacramento, la que tiene antigua fama de apática, de espiar detrás de las cortinas, esa noche cambió. Una multitud acompañaba a los Trigo-Fonte: era el inicio de decenas de «Marchas de Silencio», como fueron denominadas.

Desde Jefatura de Policía, y ante la consulta del periodismo por aquella «pueblada», el inspector Pintos Funes no encontró nada mejor que echar sombras sobre la vida de la víctima, en vez de centrar sus palabras en aspectos estrictamente profesionales. «Ese muchacho movía mostradores», se le ocurrió decir, a propósito de presuntos gastos que Andrés habría efectuado en alguna que otra salida nocturna. Pretendió apagar un incendio echando gasolina y sólo consiguió encrespar los ánimos populares.

En verdad, no era ese su pr
imer enfrentamiento con la sociedad coloniense. En julio del 98, un mes antes del asesinato de Andrés, Pintos Funes fue duramente cuestionado por el edil frenteamplista Ricardo Aranda. El curul dijo a propósito del jerarca policial: «Desde que llegó a Colonia se ha distinguido por sus críticas ácidas a la Justicia, a los ediles, a la prensa, a los jóvenes… El no entiende a la sociedad coloniense y ha elegido los caminos de la violencia y la confrontación».

Queriendo enderezar tantos tropiezos investigativos, la Policía llegó a anunciar que «por fin» había atrapado al culpable. Se trataba de un muchacho de 19 años que terminó en libertad y ante periodistas de Colonia y Montevideo denunció que lo habían «molido a palos» para que aceptara su vinculación con el homicidio.

Otros varios detenidos también quedaron libres y rápidamente se desarmó la frágil estructura de aquellas pesquisas. En noviembre de ese año los vecinos fueron por más y juntaron firmas pidiendo el alejamiento de Pintos Funes. La Junta Departamental, por unanimidad, también cuestionó su labor en este caso y sus expresiones fuera de lugar.

En 1999 el escribano Guillermo Stirling sustituyó en el Ministerio del Interior al profesor Hierro López. En su primera visita a Colonia -en el mes de febrero- en compañía del entonces Fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, estuvo largas horas reunido con el juez letrado Gerardo Siri y con la fiscal Mariela Luzzi. Consultado por la prensa, Stirling se comprometió a «investigar a fondo todas las circunstancias de ese crimen».

En mayo de ese año, el inspector principal (r) Alfredo Garagorry asumió como nuevo jefe de Policía de Colonia. Dos meses después de iniciada su gestión opinó: «Soy optimista y creo que estamos caminando sobre una base firme para aclarar el caso (Trigo)». En contraste con todo aquel despliegue verbal de las autoridades, había quienes ya estaban trabajando para encontrar la verdad: eran el comisario Eduardo Romero -en aquel momento al frente de la División Homicidios de Montevideo- y su grupo de colaboradores, que habían instalado su base de operaciones en Colonia, tras insistente reclamo de la familia Trigo, y lograban buenos avances en las pesquisas.

Romero y su equipo tuvieron que trabajar en condiciones adversas, teniendo que evitar que información confidencial se filtrara y llegara a oídos de los investigados, y aun así consiguieron llevar ante el juez a no menos de doce sospechosos, entre ellos la ex novia de Andrés, el ex policía que aseguraba no haber aceptado dinero para «darle un susto» al muchacho, y otros uniformados en actividad. Para la gente de Homicidios de Montevideo, ahí, entre ese grupo se resolvía la mayor parte del caso.

Todos quedaron en libertad y, peor aun, el ex policía que no quiso «asustar» a Andrés se fue a vivir a la vecina orilla. Su extradición es materia pendiente. El comisario Romero y los suyos se fueron de la ciudad convencidos de que «el caso podía haber quedado resuelto», según dijeron varias fuentes a LA REPUBLICA.

En 2000 asumió como nuevo jefe de Policía de Colonia el inspector Ricardo Bernal, actual responsable de la Policía montevideana. Mejoró notablemente el relacionamiento de la institución uniformada con la familia Trigo y con la sociedad toda. Un año después hubo nuevas detenciones, pero todos quedaron libres.

A esa altura de los acontecimientos Walter Trigo no anduvo con vueltas y al finalizar la lectura de una proclama, luego de una marcha, dijo con su voz más firme: «Los principales sospechosos (del crimen) trabajan en la comisaría 1ª y en Investigaciones».

En abril de ese año volvió Pintos Funes a Colonia, habló de nuevo con periodistas y reiteró argumentos que ya nadie estaba dispuesto a tolerar. Tal fue así que la Junta Departamental, con la totalidad de sus votos, lo declaró persona no grata, algo inédito en la vida social y política de Colonia.

En 2002 asumió un nuevo equipo de investigadores con participación de los comisarios Adolfo Hernández y Roberto De los Santos. La fiscal Luzzi se apartó del caso, cuestionada por la familia Trigo por la forma en que venía desempeñando su labor. El fiscal Cancela, de San José, la reemplazó y fue en ese marco que se llegó al procesamiento de la ex novia de Andrés.

 

Una trama cada vez peor

En 2003 surgió una estremecedora novedad: al homicidio de Andrés podría estar asociado Alejandro Ismael Píriz Brum, un delincuente peso pesado, de frondoso prontuario. Sería él quien habría aceptado el dinero para «asustar» a Andrés. ¿Cuál fue la cadena de contactos locales y fuera del departamento que hicieron posible dar con Píriz Brum para proponerle ese «trabajito»? Otra de las preguntas que algún día tendrán que ser respondidas. Este delincuente fue capturado en 2004 e indagado en la sede judicial de Colonia, pero -abogado capitalino mediante- evitó en esa instancia un procesamiento que parecía cantado. Para agravar la historia, el 22 de enero de ese año el entonces juez letrado de Carmelo, Carlos Colmenero, fue denunciado por el Ministerio del Interior ante la Suprema Corte de Justicia por «entorpecer la investigación y proteger a Píriz Brum». Caído en desgracia, el magistrado cesó en sus funciones.

Durante 2005, y ya con el inspector mayor Ruben Peraza al frente de la Jefatura de Policía, la frase repetida hasta el cansancio fue: «Se sigue trabajando», pero la sociedad coloniense no percibió ningún avance. Igual declaración reiteró el juez letrado Gerardo Siri. En lo que va de 2006, y cuando no se vislumbraba ningún movimiento de piezas en el tablero, a comienzos de agosto el magistrado fue sustituido por su colega sanducera Dolores Sánchez, y trasladado al departamento de Canelones.

A ocho años del asesinato, la familia Trigo -que aprendió a organizarse y a moverse por sus propios medios y con sus propias fuerzas- sigue levantando sus mismas esperanzas y convencimientos. «Tiene que haber procesamientos y pensamos que van a ser varios», comentó Walter, el papá de Andrés, a una revista local (mensuario «González»). Uno, «el de Píriz Brum, que es uno de los acusados directos». Otros dos: «…los que intercedieron entre la ex novia de Andrés y Píriz Brum, dos policías que aún están trabajando en la Policía de Colonia. Esperamos que a ellos también se los procese», dijo categórico. *