"Mi tío es 100% inocente y la vecina acusada es más buena que la Madre Teresa de Calcuta"

En anteriores ediciones se informó sobre la situación de los integrantes de una familia de uruguayos residentes en Argentina desde hace 13 años, quienes están en prisión al haber sido procesados por el crimen del niño de seis años, Santiago Miralles, en la Localidad de Canning, en las afueras de la provincia de Buenos Aires. Ellos son Enrique Coito, su esposa Ana Isabel Machado, el hijo del matrimonio, Henry Alexander Coito y Abel Domínguez, padrino del joven. En esta oportunidad el sobrino de Abel Domínguez, RDB de 42 años, que vive en Montevideo, contó la situación por la que atraviesa su tío. La familia de Abel Domínguez está compuesta por su esposa Griselda Píriz, y sus dos hijas de 16 y 27 años. Los Domínguez viven en el mismo predio de los Coito Machado, de aproximadamente dos manzanas de dimensión. Al igual que la otra familia son caseros de una casa quinta, y viven en el fondo de la misma. Fue en el pozo séptico de la quinta habitada por los Coito Machado donde se encontró el cuerpo sin vida de Santiago. La familia Miralles vive en el mismo predio y es, a diferencia de las familias uruguayas, de clase media alta. El 16 de julio del año pasado la justicia procesó a los cuatro uruguayos por secuestro extorsivo y homicidio de Santiago. «Pongo las manos en fuego, mi tío no tiene nada que ver. Adelgazó 36 kilos, le dio un infarto, y además tiene un tumor en el brazo derecho», dijo el sobrino de Domínguez, quien se encuentra en el complejo penitenciario federal de Marcos Paz. «Yo lo fui a visitar el domingo pasado y la verdad es que está en una situación dramática. Es 100% inocente, yo lo conozco bien», agrega con absoluta convicción el entrevistado que por ahora prefirió no dar su nombre completo. «Hace como cinco años que mi tío no tenía relación con Coito Machado. Antes se llevaban bien, pero después se dejaron de dar. Con el que sí tenía relación era con Henry Alexander (hijo del matrimonio Coito Machado), también privado de su libertad. Habían sacado un préstamo de 20 mil pesos para comprar un auto, que luego lo iban a emplear como remise. Lo cual es mentira, en el sentido de que fue Henry quien sacó el préstamo. No fue mi tío el que pidió el dinero. Sí es verdad que tenían pensado ambos comprar el auto para usarlo como remise. Pero mi tío me dijo que le suena raro que Henry haya dicho lo contrario», agregó el sobrino de uno de los procesados. «No creo que lo hayan procesado por uruguayo, creo que por esa condición no fue discriminado. Tampoco por la condición social en la que se encuentra. Porque mi tío y su familia, dentro de todo, viven bien. Mi tío me contó que el jefe del comando policial dijo «Ya tenemos a los cuatro perejiles, ahora no nos van a joder más sobre el tema». Eso fue lo que dijo el jefe cuando ya tenían a los cuatro detenidos. Es como publicaron ustedes en LA REPUBLICA, la Justicia halló a los primeros perejiles y los encontró culpables». RDB también manifestó que los abogados defensores de Abel no hicieron nada. «Tuvo que cambiar cuatro veces de abogado. El primero que contrató, al día siguiente se tomó licencia. La verdad es que no hicieron absolutamente nada», enfatizó el entrevistado.

La familia de Abel Domínguez no tenía relación con Santiago, «ya que mis primas son mayores que el menor asesinado pues tienen 16 y 27 años. Los que sí tenían relación son los Coito Machado. Pero también puedo afirmar que Ana Machado es más buena que la Madre Teresa de Calcuta, tampoco tiene nada que ver», remarcó el denunciante. Cabe recordar que Enrique Eloy Coito Píriz remitió una carta a LA REPUBLICA pidiendo auxilio porque él y su familia continúan presos desde el 16 de julio del año pasado en Argentina por el secuestro extorsivo y homicidio de Santiaguito (como se conoció el caso a través de la prensa porteña). Enrique Coito, su mujer Ana Isabel Machado, el hijo de ambos Henry Alexander y Abel Domínguez, padrino del joven, continúan entre rejas por un crimen que, al parecer, no cometieron.

 

Antecedentes del caso

El hecho fue investigado por el fiscal federal de Lomas de Zamora, Carlos Daneri, y por el juez federal Alberto Santamaría. La carátula reza: «Secuestro extorsivo seguido de homicidio», el artículo 142 bis del Código Penal argentino establece para este delito la pena de reclusión o prisión perpetua. Santiago Miralles, de seis años, desapareció el 13 de julio. Un día después su familia recibió una llamada exigiendo un rescate de 20.000 pesos argentinos. El 16, la policía encontró el cuerpo, en una cámara séptica de la quinta que cuidaban los uruguayos y con una soga atada al torso de la que pendía una bolsa con cerámicas. Las pericias determinaron que Santiago fue asesinado a golpes. Manchas de sangre detectadas en el baño de los uruguayos, y 20 mil pesos que restaban pagar de un plan crediticio para adquirir un coche con el sueño de trabajarlo como remise, fueron determinantes para sembrar las sospechas y concretar el arresto.

La hipótesis manejada por el juez versaba que el asesinato fue planeado desde un principio, debido a que el niño conocía a sus vecinos e incluso iba a jugar a su casa con frecuencia.

El procesamiento de la familia se conoció el día 18, minutos antes de que los padres del niño, junto a Juan Carlos Bloomberg, y 300 personas más iniciaran una marcha ante los Tribunales Federales de Lomas de Zamora en reclamo de justicia. Dado que los acusados nunca dejaron de afirmar su inocencia, según los medios argentinos no dieron «declaraciones claras», se practicaron pruebas a las manchas -de un fluido que podría haber sido sangre- halladas en el Volskwagen Gol de los acusados, así como a las sogas y cerámicos incautados en la casa de uno de los detenidos, por su parecido con los utilizados para atar el cuerpo.

También se efectuaron pericias sobre ropas y un jabón que podría haber sido utilizado para lavar prendas que fueron encontradas húmedas. Asimismo debieron pasar por el examen del polígrafo.

Además se realizaron pruebas de ADN. Ninguna de las pesquisas brindó elementos contundentes que confirmaran la culpabilidad de los sospechosos. *