"Los primeros perejiles fueron los culpables", dijo abogado de uruguayos presos por crimen de un niño

En la edición del pasado jueves se informó sobre los integrantes de una familia de uruguayos residentes en Argentina desde hace 13 años, quienes están en prisión al haber sido procesados por el crimen del niño de 6 años, Santiago Miralles, en la Localidad de Canning, en las afueras de la provincia de Buenos Aires. La familia Coito Machado vivía en un predio de aproximadamente 2 manzanas de dimensión. Ese predio es propiedad de la familia Romero, quienes tienen una casa quinta de grandes dimensiones. Los uruguayos acusados eran los caseros de la quinta, y vivían en le fondo de la misma. Fue en el pozo séptico de la quinta donde se encontró el cuerpo sin vida de Santiago Miralles de 6 años de edad. La familia Miralles vive en el mismo predio y es, a diferencia de la familia uruguaya, de clase media alta. El 16 de julio del año pasado la Justicia procesó a los cuatro uruguayos por secuestro extorsivo y homicidio de Santiago.

«La familia Coito Machado es humilde, de bajos recursos. Pero por ello no pueden ser acusados de haber cometido este brutal asesinato», dijo el abogado defensor argentino Leonardo Lomuto, entrevistado por LA REPUBLICA.

«No creo que los hayan procesados por ser uruguayos, por más que ambos países están atravesando un situación muy compleja, creo que por esa condición no son discriminados. Es por la condición social en la que se encuentran. El hecho de no tener documentación argentina les juega en contra también. Pero la Justicia encontró a «los primeros perejiles» y los encontró culpables. Lo que sucede es que les cabe el traje de sospechosos, por todos los motivos expresados», afirmó el letrado.

De todas maneras el abogado de los compatriotas manifestó: «Tenemos esperanzas de que el sistema judicial funcione en este país (Argentina). Tenemos firmes convicciones que hay otras alternativas de investigación que la Justicia no las emplea. Realmente no hay elementos de peso que puedan acreditarlos como culpables, solo indicios muy vagos».

Uno de ellos es que Henry Alexander (hijo del matrimonio), también privado de su libertad, junto con su padrino Abel Domínguez, en igual situación, habían sacado un préstamo de 20 mil pesos para comprar un auto, que luego lo iban a emplear como remise. «No es un indicio contundente». Lo que quiero decirle a la gente es «que los Coito Machado no tienen ni los medios ni la inteligencia para planificar y cometer un acto de esa gravedad, son gente de trabajo». Incluso el abogado presume que es un ajuste de cuentas contra el padre del menor, y tiene indicios de que esta persona estuviese implicada en actividades ilícitas, como puede ser el tráfico de drogas.

El abogado Lomuto está tramitando una apelación en la Cámara Nacional de Casación Penal en la sala 1, donde se interpuso un recurso de casación contra la resolución judicial que los vincula a esa causa. Cabe recordar que el jueves se informó que Enrique Eloy Coito Píriz remitió una carta a LA REPUBLICA pidiendo auxilio porque él y su familia continúan presos desde el 16 de julio del año pasado en Argentina por el secuestro extorsivo y homicidio de Santiaguito (como se conoció el caso a través de la prensa porteña).

Enrique Coito, su mujer Ana Isabel Machado, el hijo de ambos Henry Alexander y Abel Domínguez, padrino del joven, continúan entre rejas «por un crimen que no cometimos. Es más, el padre del chico muerto siempre estuvo envuelto con problemas de drogas, pero aquí nadie investiga nada», decía el hombre visiblemente desesperado.

 

Antecedentes del caso

El hecho fue investigado por el fiscal federal de Lomas de Zamora, Carlos Daneri, y por el juez federal Alberto Santamaría. La carátula reza: «Secuestro extorsivo seguido de homicidio», el artículo 142 bis del Código Penal argentino establece para este delito la pena de reclusión o prisión perpetua. Santiago Miralles, de seis años desapareció el 13 de julio. Un día después su familia recibió una llamada exigiendo un rescate de 20.000 pesos argentinos.

El 16, la Policía encontró el cuerpo, oculto en una cámara séptica de la quinta que cuidaban los uruguayos y con una soga atada al torso de la que pendía una bolsa con cerámicas cuya función era evitar la flotación. Las pericias determinaron que Santiago fue asesinado a golpes. Manchas de sangre detectadas en el baño de los uruguayos, y 20 mil pesos que restaban pagar de un plan crediticio para adquirir un coche con el sueño de trabajarlo como remise, fueron determinantes para sembrar las sospechas necesarias para concretar el arresto. La hipótesis manejada por el juez versaba que el asesinato fue planeado desde un principio, debido a que el niño conocía a sus vecinos e incluso iba a jugar a su casa con frecuencia. El procesamiento de la familia se conoció el día 18, minutos antes de que los padres del niño, junto a Juan Carlos Bloomberg, y 300 personas más iniciaran una marcha ante los Tribunales Federales de Lomas de Zamora en reclamo de justicia. La rapidez con que se dictó el procesamiento llamó la atención a la prensa argentina y valió varias críticas a la actuación policial y judicial en el caso, hasta el extremo de que aparecieran artículos titulados como «El irregular caso Santiaguito». Dado que los acusados nunca dejaron de afirmar su inocencia, según los medios argentinos no dieron «declaraciones claras», se practicaron pruebas a las manchas  de un fluido que podría haber sido sangre  halladas en el Volskwagen Gol de los acusados, así como a las sogas y cerámicos incautados en la casa de uno de los detenidos, por su parecido con los utilizados para atar el cuerpo.

También se efectuaron pericias sobre ropas y un jabón que podría haber sido utilizado para lavar prendas que fueron encontradas húmedas. Asimismo debieron pasar por el examen del polígrafo, o detector de mentiras como se le conoce usualmente.

Además se realizaron pruebas de ADN. Ninguna de las pesquisas brindó elementos contundentes que confirmaran la culpabilidad de los sospechosos.

Según una abogada defensora que actuó al principio, lo único comprobado es que el chico apareció en la cámara séptica del domicilio de los imputados. *