Dura batalla legal para recuperar a bebé alejado de su familia durante un "dudoso procedimiento policial"

Una dura batalla legal vienen librando desde hace tres años la madre y la abuela del niño Agustín Sebastián Agüero Ruiz, "sacado por la fuerza" de su domicilio de Barros Blancos por un patrullero de la seccional 25ª. de Canelones que, según los denunciantes, irrumpió sorpresivamente en el lugar y aduciendo tener una orden judicial se llevó al niño y lo entregó en adopción a una pareja de Las Piedras, en un procedimiento que aún hoy tiene muchos puntos confusos.

La madre y la abuela vienen reclamando desde hace tres años la inmediata restitución del niño a su hogar natural, pero hasta el momento solamente han conseguido que el juzgado actuante autorice una visita de dos horas el sábado y dos horas el domingo cada 15 días.

Ambas sostienen que el procedimiento judicial fue totalmente irregular, viciado de nulidad y carente de garantías e imparcialidad. También denuncian que la sede judicial ha demostrado una evidente pasividad, “entorpeciendo” la tramitación del expediente de restitución.

Sostienen que en este “dudoso procedimiento” la justicia ha dado largas al expediente, procurando ganar tiempo para desarraigar al menor de su entorno natural y que pueda progresar en relación con su nueva familia.

“Dudoso procedimiento”

Todo comenzó durante la mañana del 1° de noviembre de 2002, cuando Ana María Ruiz de Agüero se encontraba cuidando a su nieto Agustín Sebastián, de siete meses de edad, en su humilde hogar ubicado en la Ruta 8, kilómetro 25 en la zona de Barros Blancos. La madre no vivía con el niño y se lo había dado en custodia a su abuela.

Según denuncian, aproximadamente a la hora 11 un patrullero frenó abruptamente frente al domicilio. Una policía femenina perteneciente a la Cárcel de Canelones bajó uniformada y profiriendo amenazas ingresó intempestivamente a la vivienda pidiendo a gritos llevarse al niño. Otro policía uniformado perteneciente a la Seccional 25ª de Canelones permaneció al volante de la unidad.

Según la denuncia penal en poder de LA REPUBLICA, acto seguido la mujer policía reclamó airadamente la documentación del niño, cédula de identidad, partida de nacimiento, carné de asistencia y vacunas, argumentando que iba “a ser entregado en adopción por orden de un juez”.

Afuera también se encontraba estacionado un automóvil Fiat color blanco, con una persona que esperaba la realización del procedimiento para llevar a todos al Juzgado de Pando.

Amenazas e insultos

Mientras reinaba la confusión y el nerviosismo en el humilde hogar de Barros Blancos, y ante la insistencia de la mujer policía para que la abuela del niño se apurara, ésta optó por acompañar a la funcionaria junto al bebé. La mujer denunció posteriormente al juez que “la policía se metió en mi casa sin permiso, sin llamar, sin orden judicial y tocando permanentemente el revólver y las esposas para que me apurara”.

La abuela y el niño fueron trasladados en el patrullero hasta la Defensoría de Oficio y luego se realizó una rápida audiencia en el Juzgado Letrado de Pando de 4to. Turno.

Según denunció la madre, la mujer policía mencionó que hacía tres días que se venían realizando trámites judiciales para entregar al niño en adopción, lo que era desconocido por la familia biológica del bebé.

Cuando la abuela decidió concurrir al Juzgado para no complicar más la situación, alcanzó a denunciar la situación a una vecina, quien se encargó de poner al tanto de los hechos al INAU de la ciudad de Pando.

Cuando llegaron a Pando, la abuela estuvo esposada a un banco de la plaza principal, custodiada por policías, aguardando la hora de apertura del juzgado letrado.

Una vez que ingresaron a la sede, se celebró una rápida audiencia, sin que se permitiera la presencia de abogados de la familia Agüero, según denunciaron los familiares del menor.

“Saltaba de júbilo”

La madre del niño resumió la situación señalando que mediante “engaños, estratagemas, abusos y violencia física despojaron violentamente a mi hijo de los brazos de su abuela”, para entregarlo a un “matrimonio desconocido”. En la misma denuncia, sostiene que “el juez de Familia abusó de su cargo, no cumplió con los preceptos de igualdad de las partes en el proceso y no actuó con imparcialidad”.

El documento agrega que una vez culminada la audiencia, donde se entregó el bebé en adopción a un matrimonio de la ciudad de Las Piedras, la funcionaria policial que ejecutó el procedimiento “festejó la firma del acta con júbilo y a los saltos”.

Desde ese momento y hasta el presente, madre y abuela han luchado incansablemente por recuperar al niño. La abuela ha concurrido una y otra vez a distintas sedes judiciales, de acuerdo a las diversas instancias que el procedimiento le ha indicado. También denuncia que ha recibido amenazas de muerte de distinto tipo, mediante las cuales se la conmina a abandonar el caso.

Según su testimonio, una de las provocaciones ocurrió hace poco tiempo, cuando volvía del juzgado de Pando. Al bajar del ómnibus en la Ruta 8, próximo a su domicilio, fue interceptada por un patrullero que conducía el mismo efectivo que había estado en el procedimiento en su hogar el día del secuestro. El policía la insultó y la instó a abandonar su lucha ante la Justicia.

La señora dijo a LA REPUBLICA que pese a las dificultades económicas por las que atraviesa, ha tenido que mudarse dos veces de domicilio como consecuencia de las amenazas. Sin embargo, dijo que confía en la Justicia y continuará el caso hasta que el niño regrese a su hogar. *