Una ONG integrada por catedráticos y amas de casa pide "Justicia para Todos"

Entre otras acciones públicas de la organización Justicia para Todos, antes llamada «Juradis», está la de haber promovido varios proyectos sobre participación en la administración de justicia, y elaborado otros tantos anteproyectos de ley, siendo el más conocido el de los juicios por jurado.

La ONG Justicia para Todos existe desde 1992 y a partir del artículo 13 de la Constitución (Juicios por Jurado) ha intentado que se reglamente el procedimiento llamando a respaldar al Juez Penal a un Jurado de 12 ciudadanos extraídos al azar del padrón electoral, propuesta que esta en la actual Constitución, desde 1930, aunque en esa época se leía «deberá» en lugar de «podrá», como reza actualmente.

Justicia para Todos, «aumentó su número de adherentes en estos últimos tiempos, por la crisis que enfrenta el sistema judicial», dijo el presidente, doctor Alardeo Fernández Vicente.

Integran la organización civil personas comunes de distintas profesiones y pensamiento filosófico políticos, «pero todas coinciden en que la Justicia uruguaya puede y debe mejorar, permitiendo la participación activa en la administración de justicia», afirma por su parte el vicepresidente, doctor Carlos Aparicio.

Esta sociedad civil pro justicia si bien la integran varios letrados que a su vez la han representado hasta ahora de forma práctica, también tiene en el grupo a varias amas de casa, jubilados, empresarios y estudiantes de Derecho.

«Tenemos una lista de adherentes con las más disímiles actividades sociales y laborales, todos coincidentes en que la participación en la administración de justicia se hace hoy imprescindible, para bien de que haya Justicia para Todos», asegura calmadamente el presidente-fundador de la ONG Justicia para Todos, profesor doctor Alfredo Fernández Vicente.

Fernández Vicente es abogado defensor y profesor de Práctica Forense en la Facultad de Derecho, y el vicepresidente es el profesor doctor Carlos Aparicio, también profesor universitario, aunque todas las autoridades de la ONG son fundadoras, por lo que son renovables mediante la convocatoria.

 

Los propósitos de la organización

1. Promover el juicio por Jurado, como lo indica el artículo 13 de la Constitución de la República.

2. Promover impulso procesal de los presuntos titulares de un interés directo, personal y legítimo.

3. Promover la noticia de las resoluciones judiciales adoptadas en la etapa presumarial y/o en relación a partes policiales en los que no se encontró mérito para formación de expediente.

4. Promover la creación del Consejo de la Judicatura con competencia en la designación, ascenso, traslado y sanciones de Magistrados Judiciales, sustituyendo a la Suprema Corte de Justicia de estas funciones.

5. Promover que la función de los jueces y fiscales sea, luego de una primera designación, establecida a término.

6. Promover la creación de varias Salas de Casación por vía legal.

7. Promover la Instancia Judicial Unica, integrada por los 3 magistrados de los hoy Tribunales de Apelaciones.

8. Promover el Juicio Monitorio Penal para delitos leves.

9. Promover el mejoramiento del programa de Secundaria (Educación moral y cívica), en lo relativo a la comprensión del sistema de Justicia.

10. Promover la transacción en materia penal en determinados delitos.

11. Promover el arbitraje, mediación y conciliación en materia civil.

12. Promover la creación de una Justicia Municipal con tribunales locales o zonales, para entender en las Faltas.

13. Promover que las infracciones aduaneras regresen al ámbito administrativo, con algunas excepciones.

14. Promover que el ámbito notarial tenga plena competencia en la Jurisdicción Voluntaria, debiendo someterse la actuación al Poder Judicial para su homologación, previa vista del Ministerio Publico.

15. Promover el traslado de Actos del Registro Civil como los matrimonios al ámbito notarial, protocolizando el expedientillo administrativo e inscribiéndolo en el Registro General del Estado Civil.

16. Promover la participación ciudadana organizada en el contralor de la ejecución de las penas, incluyendo las alternativas.

17. Promover la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, en relación con las víctimas de delitos.

18. Promover el seguro obligatorio contra terceros en accidentes de tránsito.

19. Promover la salida de las Defensorías de Oficio del ámbito del Poder Judicial, encomendándose al Colegio de Abogados esta competencia, confeccionando una lista de abogados que acepten el cargo voluntariamente y que sus honorarios sean fijados por sentencia a descontar de los tributos nacionales.

20. Promover la formación de Salas de Casación en la Suprema Corte por vía legal, integradas por un ministro y dos magistrados de los hoy Tribunales de Apelaciones. *