
Al igual que los médicos y otros profesionales, ahora son los magistrados que se ven enfrentados al dilema de afrontar demandas civiles de ciudadanos eventualmente afectados por dictámenes rectificados en tribunales de alzada y por la propia Suprema Corte de Justicia.
La Asociación de Magistrados emitió en las últimas horas un comunicado dirigido expresamente a los 500 jueces en todo el territorio nacional. El mismo está firmado por la jueces penales Anabella Damasco y Homero da Costa Porto.
Dice el repartido: “Estimado colega, diversos magistrados, a través de AMU, han manifestado su interés de viabilizar la contratación de un seguro tendiente a cubrir los riesgos derivados de la actividad jurisdiccional, en cuanto a responsabilidades de naturaleza civil por los fallos o actuaciones dictadas o cumplidas en el ejercicio legÃtimo de nuestra función”. Más adelante agrega: “Es necesario, entonces, saber el número de colegas que están interesados -primariamente- en el tema, a los efectos de iniciar los contactos con las compañÃas que se desempeñan en nuestro paÃs, para optar luego entre las diversas ofertas”.
El comunicado finaliza diciendo: “Para ello le solicitamos a los colegas de la capital y del interior del paÃs, de todas las categorÃas, que se hallen interesados, que lo comuniquen a la Asociación, ya sea en forma personal, vÃa e-mail, fax, o por cualquier medio idóneo, contando para ello hasta el dÃa 28 de febrero del año en curso”. El ministro de la Corte, Leslie Van Rompaey, habÃa opinado dÃas atrás, cuando aún no se habÃa formalizado la consulta a nivel nacional: “Para mà no es necesario, pero si algunos colegas quieren tomar previsiones ante esa eventualidad, está dentro de su derecho, pero no es una situación que a mà como juez de instancia me preocuparÃa”. *
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