Muerte en la Cópa América será denunciada en la OEA

Liliana Suárez, la madre del joven asesinado, le dijo a LA REPUBLICA que «nadie parece tener responsabilidad por lo que ocurrió ese día». La mujer, curtida por el dolor y la impotencia, repasa todas las gestiones realizadas desde entonces a la fecha, obteniendo en todos lados respuestas negativas, o directamente ninguna.

Anunció que tiene previsto presentarse hoy en el Juzgado Letrado de Paysandú para aportar nuevas pruebas que ha ido recogiendo durante todos estos años. En esta oportunidad explicó que concurriría junto al periodista argentino Diego Spina, quien en el marco de una investigación habría obtenido datos de relevancia.

Como LA REPUBLICA ha venido informando, en torno a este crimen se mezclan varios poderes, especialmente el obtenido por los barrabravas que ejecutaron el asesinato, al amparo de políticos y policías argentinos. Es que en su momento se logró identificar a los presuntos responsables, pero estos contarían con el respaldo mencionado.

Pero más allá de que los intereses creados se encuentran del otro lado del «charco», el homicidio fue cometido en territorio uruguayo y hasta el momento no ha habido avances en las investigaciones, las cuales estarían suspendidas por la vía de los hechos.

El crimen

Daniel había salido del estadio sanducero junto a unos amigos, contentos por la aplastante victoria cuatro a cero que la selección de su país había obtenido frente al equipo chileno, en el marco del segundo partido por el Grupo C de la Copa América 95.

Ya fuera del perímetro de seguridad establecido en aquel momento por la Policía en las inmediaciones del estadio. Fue en el cruce de Bulevar Artigas y Sarandí que se generó un enfrentamiento entre hinchas argentinos. Otras versiones señalan que en realidad se trató de una emboscada ejecutada por barrabravas contra el grupo de Daniel y otras 35 personas que habían llegado desde la vecina orilla para presenciar el partido.

Lo cierto es que Daniel recibió varias heridas de arma blanca, siendo derivado al hospital local, en el que murió momentos después a raíz de un paro cardiorrespiratorio causado por la abundante pérdida de sangre. Otros tres jóvenes argentinos resultaron heridos, aunque salvaron sus vidas. Transcurría por entonces la noche del martes 11 de julio de aquel años.

A pesar de los rastrillajes y operativos realizados por la Policía local, no hubo detenciones de relevancia en torno al caso.

OEA y solicitada

Liliana Suárez afirmó que en varias de sus comparecencia en la sede judicial aportó nombres, domicilios y demás datos sobre los sospechosos. Pero no ha habido actuaciones oficiales en ese sentido, ni pedido de colaboración a las autoridades argentinas para ubicarlos e indagarlos.

A ocho años y un mes del homicidio, la madre del joven revela que en ningún organismo su planteo es recibido. «Como anfitrión, la Asociación Uruguaya de Fútbol se viene negando consecuentemente a asumir responsabilidades con respecto al hecho» cuestionó Suárez en entrevista con LA REPUBLICA. Asimismo dijo que en la Confederación Sudamericana de Fútbol la situación es casi similar.

«En el año 2000 fue presentada una demanda contra la Confederación como ente organizador y a la AUF como anfitrión. Desde aquel año al momento, luego de una serie de exhortos a Paraguay, sede de la Confederación, se han realizado alrededor de tres mediaciones sin tener una respuesta concreta. Aparentemente nadie se hace responsable de los hechos, y siguen pateando el tablero sin dar respuestas concretas», enfatizó la madre de la víctima.

En este sentido manifestó su desconcierto ya que ante una muerte no hay ningún organismo o autoridad que demuestre interés por llegar a la verdad. En este contexto de frustraciones acumuladas, en coordinación con su abogado, prepara iniciar una demanda ante la Organización de Estados Americanos (OEA). «Vamos a plantear el caso para que intervenga al respecto», anunció.

Más allá de esta acción que ya está definida, hoy en Paysandú pondrá más elementos a disposición de la Justicia uruguaya, al tiempo que repartirá una solicitada entre la población local a los efectos de la obtención de datos de parte de eventuales testigos». *