Funcionarios de la comuna canaria vinculados al "vilipendio de cadáveres"

Ladrones de tumbas

Este tema, sobre el que se ha venido informando, se agravó en las últimas horas cuando una persona concurrió a visitar a un familiar que tenía fecha de reducción para el año próximo y descubrió que su lápida había desaparecido. Hoy plantea una demanda por un millón de dólares contra la Intendencia Municipal de Canelones. El juez letrado de Las Piedras, Otto Gómez, prosigue con las indagaciones a los efectos de clarificar la situación y para encontrar nuevos involucrados.

Por su parte, el edil socialista Gustavo Valentini, calificó de mafiosa a la organización que llevaba adelante las mencionadas actividades ilícitas. Al ser consultado por LA REPUBLICA, el curul sostuvo que «estamos frente a una mafia que está instalada en los cementerios para lucrar con la muerte», al tiempo de afirmar que en buena medida la investigación salió a la luz pública porque supuestamente hay una figura conocida involucrada.

Sobre el hecho de que un medio de comunicación informara que él había involucrado a un popular futbolista en el escabroso tema, Valentini afirmó que «yo creo que fue mal intencionada la actitud de ese medio ya que jamás dije que el Chengue Morales tuviera algo que ver. Lo que dije es que de la investigación civil, así como de la penal, surgía varias veces su nombre. Eso no quiere decir que se haya encontrado culpable. Sé que un familiar indirecto se hizo cargo de la responsabilidad».

Vilipendio

El hecho real es que después de una trabajosa investigación se logró demostrar la existencia de un grupo de gente que configuró asociación ilícita y que como resultado ya hay varios funcionarios procesados por «vilipendio de cadáveres», o sea, manipulación de los restos para beneficio propio. El expediente sigue adelante porque el juez de la causa entiende que hay elementos para inculpar a más funcionarios de la comuna. De momento, se informa de un detenido, un procesado con prisión y uno exonerado por problemas sicológicos.

El problema tomó otra dimensión cuando a la familiar de una fallecida se le dio como fecha de reducción el año 2004, pero en febrero de este año detectó con asombro que en su lugar se encontraba otra lápida. Debido a ello el damnificado planteó la realización de una demanda de un millón de dólares frente a la IMC.

Como ya informara LA REPUBLICA, en el cementerio pedrense se detectaron, además, falta de crucifijos y lápidas y se tiene la convicción de que en otras necrópolis como en La Paz y Los Cerrillos pasa lo mismo.

Respecto al tratamiento que el tema tuvo en el ámbito oficial, el edil Gustavo Valentini, afirmó que «realizamos un pedido de informe a la Intendencia hace más de un mes y aún no hemos tenido respuesta. En el día de hoy continuarán las acciones judiciales y no se descarta la posibilidad de nuevos procesamientos. *

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