Comite Ejecutivo de FENAPES hizo mal las cosas y podrá ser denunciado penalmente

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El tema de la expulsión de estudiantes del Hogar Estudiantil tiene un perfil humano que lo hace extremadamente importante, porque involucra cuestiones de moral, de ética, de solidaridad, junto a cuestiones de intolerancia, de tiranía, de rumores que dañan , difaman e injurian a un grupo de hogareños. Se determina el cumplimiento del reglamento interno sin las mínimas garantías para aquellos que son involucrados en las decisiones, en una clara desviación de poder con una agresión personal sobre los involucrados que deja claro un absoluto abuso de poder.

Hablar de promiscuidad, de uso y abuso de sustancias prohibidas y hasta hablar de un supuesto hurto de garrafas de gas de la forma en que se ha manifestado, es un atropello a la razón, al espíritu crítico y a la reflexión, cuestiones fundamentales para quienes ejercen la profesión de educadores.

Si existen sospechas de cualquier tipo, sobre cualquier tema, lo primero, lo primordial, es realizar una investigación. Pero una investigación seria y competente no puede basarse únicamente en delaciones que nadie sabe qué motivos oscuros esconden, porque si a una delación no le adjuntamos pruebas irrefutables que la confirmen, no pasa de una opinión personal de quien la realiza, en lenguaje popular, es un “chusmerío”, que puede beneficiar a quienes quieran tomar alguna medida y necesitan de un motivo, cierto o inventado, da igual.

En cualquier institución seria y responsable de sus actos, ante una mínima sospecha de un hurto, se debe realizar la denuncia policial, para que la investigación oficial indique si hubo hurto y determine la culpabilidad de quienes cometieron el delito. Eso debería ser aún más necesario cuando el tema se encuentra en una institución que alberga estudiantes y más aún si esa institución representa un sindicato, con el agravante que el sindicato es de docentes, porque es una tarea fundamental del docente el expresar en todo momento su apego a la ley.

Robar es cometer un delito y quien lo hace debe ser castigado, por lo que, si alguien robo, la policía debe investigar, y para ello , la denuncia debería estar presentada. Fenapes nunca hizo denuncia policial sonbre ningún tema. Si no hay denuncia, entonces no podemos hablar de robo, y quien lo haga estará expuesto sin lugar a dudas a ser denunciado por difamación e injuria, ya sea una persona física o una persona jurídica, como lo es el Ejecutivo Sindical. Hablar de promiscuidad es una cuestión moral, y tiene un alto valor subjetivo de quien lo realiza. Aún así, un tema de promiscuidad debería tener mecanismos de solución en el colectivo y ese caso el accionar del equipo técnico, la Asistente Social y la Psicóloga, son fundamentales para que la cuestión se corrija. Expulsar estudiantes con ese argumento es una aceptación explícita de la falta de competencia que existe para encontrar una solución. Muerto el perro, terminó la rabia…. no parece ser la mejor opción para un colectivo docente.

El tema del consumo de sustancias prohibidas también tiene solución, y lo primero es que pase por las etapas de control, de persuasión, de ayuda hasta psicológica si fuera el caso, y de los pasos que todo castigo debe tener, la observación, la notificación, la suspensión temporal, hasta que finalmente, si no se obtienen los resultados esperados, la suspensión definitiva. Lamentablemente para la imagen de un sindicato docente, se borraron todas las etapas y se empieza por el final. Alumnos universitarios con excelente escolaridad, que en muchas reuniones los responsables del hogar los mostraban como ejemplo, hoy son expulsados, y lo más triste para una organización que indica en sus bases fundacionales su compromiso con la solidaridad, se expulsan estudiantes dando un aviso un 23 de agosto que el 31 de agosto deben dejar el hogar.

Un Sindicato Docente deja en la calle a un grupo de estudiantes, les avisa una semana antes que deben salir del lugar en el que están alojados, y utiliza para su decisión argumentos inventados, porque no tienen pruebas de lo que dicen, se niegan a informar por escrito a los padres sobre los supuestos motivos y con una clara intencionalidad manifiesta de perjudicar a los estudiantes, hasta dejan la imagen de que deciden simular delitos para justificar sus actos. No sólo el tema sería difamación, injuria y daño moral. Aparecen por ahí y habrá que investigar, simulación de delitos, persecución política y hasta alguna violación constitucional pensando en el Art. 8 de la Constitución de la República. Existen señales que indican que el tema tiene un fondo político, pero resulta inaceptable que una acción con estas características sea política partidaria. Eso ya es un acto repugnante.

Utilizar una institución dependiente de un sindicato docente para realizar acciones políticas partidarias es un acto repulsivo, que el mismo sindicato docente debería combatir. Para determinar lo que ocurre, obviamente se debería investigar, pero de forma objetiva, de forma de limpiar todo lo que este mal y se este utilizando en forma espúrea, por quien sea que lo haga, duela a quien duela y caiga quien caiga. Aceptar estos hechos sin manifestación alguna, es aceptar que expongan a todos los docentes que integran el sindicato a que sean tratados de forma igual, es exponerlos para que quienes tienen intereses diferentes puedan recrearse criticando acciones que dejan muy mal al cuerpo docente nacional, haciéndolos responsables de la situación que vive el sistema educativo nacional.

Si los docentes que integran este sindicato, que tiene en sus filas a la mayoría del cuerpo docente nacional, actúa de esta manera en estas situaciones, pobres los muchachos y muchachas que van a los liceos y tienen a estos educadores cumpliendo las tareas de enseñanza -aprendizaje. Una situación lamentable que deja estudiantes en la calle en medio de un semestre que ya están cursando. La pregunta de por qué no se toman las medidas con fecha 31 de diciembre, al final del año lectivo y de forma que quienes son notificados hoy que deben dejar el hogar tengan un plazo prudencial para organizar sus vidas, no tiene respuesta. Actuar así, dando una semana de plazo, suena a ilegalidad manifiesta, porque hasta en un desalojo por no pago de obligaciones, los plazos son mayores, y acá, los padres tienen un contrato con Fenapes que realiza los descuentos todos los meses. Actuar así, dando una semana de plazo, tiene, para todo aquel que piense en forma crítica y reflexiva, como debe hacerlo todo educador que realmente se siente educador, un motivo que indica una clara desviación de poder y que deja muy mal la imagen del sindicato.

Cuesta creer, porque son rumores y obviamente, los rumores son rumores y nada más que rumores hasta que se pruebe lo contrario, que estas acciones buscan desprestigiar una obra de alto contenido social como lo es el Hogar, para cerrarlo, y tal vez, abrir allí otra institución que pueda beneficiar a personas más cercanas. Sería el fin del discurso solidario, sería el fin del sindicato. Reiteramos una preocupación que de acuerdo a la Ley Anticorrupción, todos los funcionarios públicos deben cumplir y que de no hacerlo, implicaría la pérdida de su función, que si de hecho hay sospechas de un delito, éste debe ser denunciado. No hacerlo los encuadra en el delito de omisión, en una instancia penal. Por lo que, es necesaria una respuesta clara y contundente sobre el tema “garrafas”. Hablar del tema involucrando a todos los integrantes del hogar es levantar falsa sospecha y eso esta mal. Inventar un delito es simulación y eso también es delito. No se puede ser cómplice de estos hechos.

O hay denuncia policial o no se habla más del tema y no se lo utiliza como argumento falso para tomar medidas que afectan ética y moralmente a un grupo de estudiantes. Si es necesario que estudiantes dejen el Hogar porque por cuestiones reglamentarias como pueden ser la escolaridad o el tiempo de permanencia en el mismo, deben ceder el lugar a otros estudiantes que también tienen derecho a ese apoyo en sus estudios universitarios, que se indique los estudiantes que deben dejar el hogar por esas cuestiones reglamentarias, claramente definidas en cada caso particular y que esa medida tenga plazo de 31 de diciembre a cada año, como forma de no afectar el año lectivo de los mismos en sus respectivas carreras. Actuar de la forma en que se lo hizo muestra ribetes fascistas y totalitarios que le hacen daño al colectivo docente.

Todos quienes defendemos los derechos y las obligaciones que como ciudadanos reconquistamos después de un tristemente célebre período que tuvimos que vivir en nuestro país, estamos en el tema. Los que apoyan al ejecutivo de Fenapes en estas maniobras son cómplices de estas atrocidades y quienes quedan callados son omisos en sus obligaciones como ciudadanos. Quienes creemos en la ética, en la coherencia y en la justicia, levantamos nuestra voz contra estos actos bárbaros que violan los derechos humanos más elementales, y entendemos que la única solución para correjir estas desviaciones pasa por llevar todos estos temas a la justicia.

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Julio Wasen - Uruguay
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