La demonización del Estado

Todos estamos de acuerdo en la necesidad de modernizar el Estado, de hacerlo menos pesado y más eficiente. Todos coincidimos, también, en que muchos gastos superfluos pueden eliminarse y en que las tarifas de los servicios y productos de las empresas públicas deberían ser menores.

Esta realidad  de larga data  ya había sido oportunamente denunciada como uno de los males del país, cuyas causas deben buscarse en viejos vicios que los partidos tradicionales  los únicos partidos que se alternaron en el gobierno  lejos de combatir fueron profundizando. Clientelismo, amiguismo, acomodos, corrupción, ineptitud, están en el origen de una burocracia perniciosa.

Ahora bien, el hecho de reconocer esa realidad no implica en modo alguno alinearse en la trinchera antiestatista a ultranza desde la que se dispara artillería gruesa contra el Estado. Entre los dogmas del pensamiento único del neoliberalismo ocupa un lugar de privilegio la demonización del Estado, que se ha convertido en el enemigo público número uno.

Mucho se lamentan los abanderados del liberalismo radical porque la reducción del gasto público que suponen las medidas de eliminar o fusionar ministerios y otras disposiciones no es suficiente. Y proponen  como lo hace El Observador en su editorial de ayer  atacar a fondo los dos grandes males que, según ellos, impiden la reactivación de la economía: el gasto excesivo en retribuciones y los monopolios estatales.

Dice textualmente el colega: «El grueso del gasto público, alrededor de un 70%, se concentra en pagos a funcionarios y aportes a la seguridad social para financiar lo que queda del sistema de reparto. Es ilusorio pensar en bajar sustancialmente el déficit mientras se siga intentando mantener la falacia ruinosa de monopolios estatales mediante intentos de referéndum y mientras no se elimine la virtual inamovilidad de los empleados públicos, privilegio que no tienen los trabajadores privados, que constituyen el 80% de la masa laboral del país».

Como puede verse, la receta es sencilla. Con ese clásico pragmatismo inmoral, los ideólogos vernáculos del neoliberalismo preconizan nada menos que la total desregulación. ¿Que se gasta demasiado en retribuciones a los funcionarios? Pues que se reduzca la plantilla y que sean despedidos. ¿Que las tarifas públicas son demasiado altas? Pues que se permita el ingreso de multinacionales para competir con las empresas estatales. Poco importan las consecuencias que cualquiera puede prever: más desocupación y monopolios privados.

Tal es el modelo que nos quieren imponer y contra el que debemos seguir luchando hasta derrotarlo definitivamente. *