No tenemos institucionalidad

HECTOR BIDEGAIN

 

De lo que se trata, conciudadanos, es de que no tenemos institucionalidad y que, como consecuencia, sucede lo que sucede sin que se advierta por qué. En el mes de junio del año 1973, es obvio, gozábamos de constitucionalidad y democracia, habiéndose perdido ambos estadios como consecuencia de un solo «golpe», el «de Estado»; pero como la vida en sociedad sin la requerida institucionalidad deviene irracional, a mediados del año 1984 sucedía que los gobernantes de facto deseaban entregar el poder puesto que «no sabían qué hacer con él» y los gobernados, simple y sencillamente, «nos olvidábamos» de que había «gobernantes» sin prestarles atención. Se daba una situación paradojal: los gobernantes deseaban irse y los gobernados que se fueran, pero la pregunta era: ¿cómo hacerlo? La respuesta «vino» a través del dictado del llamado «acto institucional Nº 19″ por el cual se dispuso que el último domingo de noviembre del año 1984 se realizaría un «acto electoral», el que fue organizado por la Corte del gobierno de facto, de la forma y manera que ha sido recogida por la historia. Ahora bien, «el problema» era, y, lo que es aún peor, sigue siendo, el siguiente: ¿qué valor tendría el gobierno a emanar de dicho acto electoral y cuál sería su plazo de duración? Es obvio, la historia lo dice, que, en los hechos, se le dio el valor de gobierno permanente por el plazo de la Constitución que «regía» antes del «golpe» de 1973. Conciudadanos, sin la menor duda, fue y sigue siendo gravísimo error. Los principios generales del derecho impedían e impiden que se hubiera operado lo que se produjo, pero, sucedido, lo debemos enmendar. En efecto, el «acto electoral» del último domingo de noviembre del año 1984, sólo pudo haber tenido, como efecto, el de que el pueblo designara a quienes recibirían el poder –en todo el territorio– de los que lo detentaban de facto, administrar en forma interina, organizar una Asamblea Nacional Constituyente y plebiscitar su pronunciamiento, conjuntamente con nuevo acto electoral, ese sí, válido para gobernar, por el plazo que se determinara en la nueva Constitución. Todo, dentro del plazo de un año. Haber hecho lo que se hizo, constituyó un real y verdadero «golpe de Estado técnico» sin que lo hayan advertido gobernantes ni gobernados, y así estamos. En puridad y en esencia, tenemos «Organos de Gobierno» los que tienen «soporte» (sus titulares) pero carecen de «sustento» la necesaria e imprescindible institucionalidad, la que no hemos alcanzado, puesto que no la hemos intentado.

Para mí, lo expuesto es de una claridad que no admite la menor duda, pero como se pretende «seguir» con la «Vida Institucional» que, me parece indudable, no tenemos y que, en los hechos, constituye o configura un remedo de lo que no es, debemos enfrentar la situación absurda que se vive, sin que los demás se den cuenta, puesto que, con todo respeto, yo, creo que sí, esta nota es suficiente demostración. *