Las búsquedas del senador Rafael Michelini

Aunque el fallo del juez Eduardo Cavalli hunde sus raíces en actuaciones judiciales de hace mucho tiempo, el procesamiento de Juan Carlos Blanco ha generado una serie amplia y variada de repercusiones no sólo en el campo técnico judicial y político sino también en el área de los magistrados.

A la vez, desde algunos medios de prensa se ha aludido, invocando diversas «fuentes» de carácter militar, a la existencia de determinadas reacciones en las Fuerzas Armadas, aunque las opiniones que se atribuyen al estamento militar son a menudo contrapuestas.

Mientras para unos, los militares toman distancia de las palabras del ministro de Defensa, Yamandú Fau, para otros, existe una viva inquietud por la reapertura del debate acerca de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

En este marco hacen su reaparición, como convidado de piedra en el debate democrático, las acciones más o menos encubiertas de los servicios de inteligencia alimentados durante los años de plomo.

Probablemente sintiéndose respaldados por las declaraciones de los ex presidentes Sanguinetti y Lacalle, algunos personajes sórdidos, beneficiarios de la Ley de Impunidad, que ocuparon cargos de importancia en el sistema concentracionario de la dictadura, aparecen ahora desempolvando expedientes con los «antecedentes ideológicos» de algunos funcionarios actuantes en el procesamiento de Blanco.

Aplicando sistemáticamente estos criterios terminarían invalidando a buena parte de las personas que hoy ocupan  con honor y distinción  cargos públicos de importancia, no sólo en el campo parlamentario sino en los máximos estrados judiciales o en las altas jerarquías de la administración.

Alentados por la ofuscación de quienes desde la presidencia no supieron enfrentar la arrogancia de los uniformados, estos individuos actúan como si la dictadura continuara, como si la recuperación de las instituciones democráticas todavía no hubiera tenido lugar.

Desde usinas de ese perfil parece haber surgido también una serie de rumores descabellados referidos a lo que se llamó «actos de hostigamiento a integrantes de las Fuerzas Armadas», por parte del senador Rafael Michelini.

El propio senador desmintió estos rumores.

Reivindicó, sí, y esto es importante consignarlo, la validez y legitimidad de su búsqueda de información.

Vale la pena destacar la decisión del parlamentario nuevoespacista, su persistencia en la defensa de los valores de la verdad y de la justicia y su empeño por transformarlos en hechos efectivos.

Fue esa actitud, realizada con cuidado y en silencio, la que hizo posible uno de los más grandes logros de los últimos tiempos en materia de vigencia efectiva de los derechos humanos: el reencuentro de Sara y Simón, después de veintiséis años de separación forzada.

Ante los rumores, el senador Michelini ha dicho que preferiría que los que dieran la información acerca de los desaparecidos fueran los propios militares, exhortándolos a que digan lo que saben, dónde están los restos.

Como se ha dicho en estos días, el procesamiento de Blanco ha modificado profundamente toda la situación de la justicia y de los derechos humanos en el país. Y lo ha hecho con la escueta y terminante elocuencia de los hechos: un auto de procesamiento, una orden de detención, un número y unas fotos.

A partir de estos hechos nítidos y sencillos, lo que parecía imposible se volvió posible.

Los puentes que una percepción equivocada había declarado intransitables se volvieron el camino para la justicia.

Por eso tienen vigencia las afirmaciones que, en el acto público realizado en la noche del miércoles por el PIT-CNT, contenía la proclama leída por un sindicalista: las indagaciones de Michelini merecen todo el respaldo de la sociedad civil, son un paso para seguir avanzando en procura de unas verdades que el Estado uruguayo no puede seguir ocultando. Entre otras, la verdad acerca de qué pasó con María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, la joven madre desaparecida en Uruguay en 1976, después de dar a luz una niña. *