Cuando la verdad es un parto difícil

«Le dijimos al mundo que en Chile se hacía justicia. Es lo que está ocurriendo en estos días, y lo único que pido es respeto para lo que hacen los tribunales.»

Presidente Ricardo Lagos.

Ni en Chile, con un presidente socialista ni en la Argentina, donde la izquierda integra la alianza en el gobierno, la lucha por la verdad es asunto de «coser y cantar».

Todo el que piense, en esos países o en Uruguay, que las cuestiones pendientes en materia de violaciones a los derechos humanos se resuelven sin vencer resistencias y presiones se estará internando en uno de los escapes favoritos de los políticos uruguayos de esta generación: el siempre balsámico y embriagador angelismo.

En medio de toda clase de insinuaciones y presiones militares o de ex militares, durante los tres últimos días de la semana pasada sesionó en Santiago de Chile el Tribunal de Apelaciones que tiene que resolver por sí o por no acerca del desafuero del general Augusto Pinochet.

La aprobación de la solicitud formulada por los abogados querellantes y los representantes del Ministerio Público dejaría abierta las puertas para los juicios penales en 94 querellas elevadas al juez Juan Guzmán Tapia.

El centro de los debates del Tribunal de Santiago no ha sido, ni mucho menos, una cuestión de leguleyos o puramente formalista. Por el contrario, la acusación del juez Guzmán Tapia fue al corazón del tema que agita la opinión pública en Chile y en buena parte de otras comarcas: en sus 1.300 folios, las imputaciones a Pinochet recorren toda la gama del horror, todas las peripecias vividas por un pueblo a lo largo de casi veinte años de dictadura.

El punto de partida de la acusación se funda en el carácter de delito permanente que tiene la desaparición. El eje lo constituye la situación de 19 desaparecidos de los 72 prisioneros políticos de la Caravana de la Muerte llevada adelante en 1973, después del golpe militar contra Allende.

En este terreno los testimonios han sido sobrecogedores, como los de la abogada Carmen Hertz, esposa del periodista y abogado Carlos Berger, desaparecido el 29 de octubre de 1973 de la cárcel de Calama.

La búsqueda de Berger condensa todos los sufrimientos a que se puede ver expuesta una familia cuando se produce la desaparición forzada.

Más de una vez su madre y su esposa recibieron «información» situando el cadáver de Berger en tal o cual lugar del desierto que rodea la región donde fue secuestrado.

En la siniestra peregrinación que lleva más de 25 años no encontraron nada convincente que permitiera determinar si se trataba o no del periodista. Desesperada por años de búsqueda infructuosa, la madre de Berger se suicidó en junio de 1988.

La doctora Hertz insistió en mantener el delito como secuestro calificado, ya que esa figura no se contempla en la autoamnistía decretada por el propio gobierno de Pinochet.

También son significativas las alegaciones del abogado Juan Bustos, que desarrolló la figura de Pinochet como el «autor mediato», que –según Bustos– «es el que tiene el dominio del acto criminal» pero que utiliza a otra persona para su ejecución.

Según surge de lo aportado por el matutino Clarín, uno de los cuatro medios que se autorizó a ingresar a la sala donde sesiona el Tribunal, uno de los centros del debate estuvo en las afirmaciones de la doctora Clara Czczaranski, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, que actúa como fiscal. Después de fundamentar el juicio por la participación criminal de Pinochet en los hechos investigados, la doctora Czczaranski terminó diciendo: «Por omisión, comisión y encubrimiento pido que se lo desafuere para que enfrente el juicio hasta la sentencia».

Las consideraciones desarrolladas por los defensores de Pinochet generaron gran malestar en la sala y fueron el disparador de algunos incidentes.

Ricardo Rivadeneira sostuvo que «lo que hay que juzgar son responsabilidades políticas y lo que se está investigando son hechos administrativos.»

Como réplica a esto es difícil no coincidir con las afirmaciones del abogado de la acusación quien sostuvo que «Chile se comprometió a enjuiciar a Pinochet y debe responder por ello ante el mundo. No son actos administrativos sino crímenes contra la humanidad.»