Contra la impunidad: una lucha que no cesa

La preocupación por las acciones represivas coordinadas de las dictaduras de la región en los años 70, ha despertado también en Brasil, país que hasta ahora se había mantenido en cierto sentido al margen de estas inquietudes.

En estos días, la máxima autoridad en materia de Justicia del Brasil, el Supremo Tribunal Federal, acaba de decidir autorizar a la Justicia argentina a que investigue acerca de la desaparición forzada de ciudadanos argentinos en territorio brasileño durante la dictadura militar.

En apoyo a esta decisión, el Supremo ordenó a los organismos de seguridad proveer de toda la información y toda la documentación sobre las personas secuestradas en ese país.

Ha sido denunciada la desaparición de, por lo menos tres personas en estas circunstancias: Horacio Campiglia, Mónica Pinus y Lorenzo Viñas.

La resolución del Supremo Tribunal Federal constituye un hecho señalable y establece un precedente en la larga y azarosa lucha contra el olvido y la impunidad.

La decisión, en realidad, no hace sino habilitar para que actúen los mecanismos de la Justicia argentina ante el caso de secuestros que se realizaron en el marco de una coordinación de carácter internacional.

Dicho de otra manera, las desapariciones forzadas de extranjeros en Brasil se hicieron en el marco de la coordinación de los servicios de inteligencia y de seguridad creada, de hecho, por las dictaduras del Cono Sur.

Esta coordinación se conoció luego como la «Operación Cóndor».

Investigar las acciones perpetradas en el marco de esa coordinación de comandos represivos requiere, justamente, habilitar la posibilidad de otra articulación, ahora la de los magistrados y funcionarios judiciales que buscan restablecer la verdad de lo ocurrido.

En Brasil la decisión del Supremo Tribunal parece haber estimulado la toma de conciencia de las responsabilidades de la Operación Cóndor en algunas situaciones dramáticas de la historia reciente de ese país.

Es así que el influyente Jornal do Brasil, que viene realizando una cobertura exhaustiva sobre las situaciones ligadas a la coordinación represiva, recoge algunas explosivas declaraciones del ex gobernador Leonel Brizola.

Brizola, que estuvo exiliado en Uruguay a partir del golpe militar de abril de 1964 en Brasil, recordó que en 1977, en pleno «Proceso», fue expulsado de Uruguay y debió refugiarse en la embajada de los Estados Unidos en Montevideo.

En esa situación, agrega, un general uruguayo le hizo saber que la expulsión era, en realidad, un recurso para defender la vida de Brizola, que estaba amenazada, ya que había un plan en curso de asesinato de líderes políticos en diversos países de la región.

El veterano dirigente político brasileño hizo referencia también al hecho que el ex presidente constitucional de Brasil, Joao Goulart, derrocado por el golpe militar de 1964, murió en una situación sumamente confusa en Argentina, en diciembre de 1976.

Según declaraciones formuladas por Brizola al matutino Clarín de Buenos Aires, las autoridades de los regímenes dictatoriales de Argentina y Brasil habrían impedido, en aquel momento, la realización de la autopsia, como reclamaban amigos del ex presidente.