La violencia como única respuesta a la inseguridad

Nos hemos ocupado en más de una oportunidad del hecho alarmante que es la progresiva instalación en la sociedad de conductas violentas. La fuerte carga de agresividad manifestada en el relacionamiento entre los miembros del cuerpo social se hizo notoria hace algunos días, cuando ocurrió el episodio que tuvo como protagonistas a adolescentes liceales.

No obstante, a poco que se detenga uno en la crónica policial es posible enterarse de otros hechos, ocurridos en otras circunstancias y protagonizados por otros actores, reveladores de un «estado del alma» en el que campea la violencia brutal como única respuesta a comportamientos supuestamente infractores o a meras inconductas. Está de más aclarar que no estamos en presencia de comportamientos novedosos, lamentablemente. Pero conviene señalarlos y denunciarlos con firmeza para no olvidar que se trata de prácticas que deben erradicarse definitivamente.

En un confuso episodio, no suficientemente aclarado aún, un joven de 17 años fue castigado con especial ferocidad por un vecino suyo que se desempeña como policía. Aparentemente, la actitud de éste se debió a que el joven integraba un grupo que momentos antes lo había agredido por negarse a «dar para el vino». Aunque la versión del joven difiere de la dada por el policía, no es el propósito de esta nota terciar en la contienda o dilucidar el caso. De esto último deberá encargarse el juez competente.

Nos interesa sí manifestar nuestra honda preocupación por una respuesta injustificada, a todas luces desmedida y decididamente inaceptable. Si nuestro ordenamiento jurídico  recogiendo el pensamiento y la doctrina occidentales  proscribe que se castigue a los infractores mediante penas que vayan más allá de la privación de libertad, y nuestra Carta Magna se ocupa de asegurar la vigencia de los derechos humanos para todos los habitantes, ¿cómo admitir la justicia por mano propia o, peor aun, los castigos corporales aplicados por la propia Policía? En ninguna circunstancia puede tolerarse la práctica de la tortura o de los malos tratos, y menos si provienen de funcionarios cuya misión es muy otra: prevenir los delitos, aprehender a los delincuentes y someterlos a la justicia.

Si la víctima de la golpiza había cometido algún delito, correspondía proceder de acuerdo con las leyes y no violentarlas.

Si pretendemos que la Policía mejore su imagen y recupere la confianza de la población, es menester erradicar estas prácticas que hacen posible que la sociedad siga viendo a los funcionarios policiales como peligrosos enemigos.