Las políticas del FMI y los "realistas" de aquí

CARLOS SANTIAGO

 

Es muchas veces bueno, especialmente cuando se está sumergido en una crisis de la magnitud de la uruguaya, tratar de separar las aguas para poder, de alguna manera, desbrozar la paja del trigo y entender, con la mayor profundidad posible, los elementos que conforman la coyuntura.

Y así lo hacemos, en ocasiones, llegaremos a comprender que en ocasiones nuestros gobernantes, especialmente durante el período extenso y nefasto del contador Alberto Bensión al frente de la cartera de Economía, actuaron con una dinámica propia y favoreciendo intereses sectoriales, aunque ello fuera un desatino y en definitiva nos produjera una erosionada relación con el FMI.

¿Por qué vamos a esto? Leamos lo que ha dicho Michel Mussa, economista jefe del FMI, un oficialista vinculado a la más rancia tecnocracia fondomonetarista. Afirmó que «una de las más importantes conclusiones con relación a las crisis financieras recientes ha sido la percepción de que los esfuerzos precedentes para afrontar tales crisis, utilizando programas de ajuste y paquetes de ayuda organizados por el FMI, de hecho, han empeorado las cosas«.

Mussa no es un renegado del FMI, por el contrario, es un economista que ha tenido en sus manos decisiones trascendentes que han hecho al «sustento» de las economías de distintos países y regiones. Entonces: ¿cómo se entiende que el gobierno de Batlle y Bensión sólo recurrieran a la política recesiva, la del ajuste permanente, que –de acuerdo con lo afirmado por Mussa– no habría sido «impuesta» por el organismo financiero multinacional, sino de «construcción» propia de nuestro gobierno.

¿Será que Batlle y Bensión, en su afán de lograr el aporte del FMI, llevaron adelante posturas que ya estaban fuera de época y que hoy ni siquiera son contempladas como válidas por lo propios tecnócratas del FMI? El economista Mussa sostiene que esas políticas «han empeorado las cosas», sin embargo aquí, con una constancia brutal, sin tener en cuenta la destrucción de riqueza que estaban provocando, se aplicaron de manera implacable.

Al analizar lo realizado por el gobierno, apuntalando con las cuantiosas reservas que alguna vez tuvo el Banco Central al sistema financiero, cuando éste comenzó a ser desestabilizado por la «corrida» de los depositantes no residentes y dio comienzo al fin de los lucrativos negocios off shore, Mussa también dice cosas interesantes.

Recordemos que la actividad financiera uruguaya nunca tuvo, en base a esa actividad off shore, incidencia en la totalidad de la economía del país. A la «corrida» de argentinos se sumó el desfalco de los Röhm en el Comercial.

Las reservas comenzaron a ser trasladadas a tapar los agujeros, cada vez mayores, con el fin de mantener un «negocio» de un sistema que no servía para dar apoyo a la economía uruguaya, sino que su tarea principal era la de ser «funcional» a la Argentina. Llegaban a nuestra plaza los depósitos, bien o mal habidos, desde el país vecino, que eran depositados de inmediato por las entidades financieras en otras del exterior, en «negocios» off shore.

Esos cuantiosos recursos sólo reportaban cuantiosas ganancias, por intereses cobrados por ese pasaje de mano, a los bancos intervinientes. Nunca sirvieron para que el sistema financiero cumpliera con la labor que teóricamente debería ser la esencial: abrir líneas de crédito para impulsar el desarrollo económico en el país.

Sin embargo cuando se desató la crisis de los depósitos, la política de Batlle y Bensión fue la de utilizar las reservas para sostener a entidades privadas que habían ingresado en una crisis al llegar a su fin un modelo de negocios.

Y ese camino, en contra de los intereses de todos los uruguayos, fue continuado hasta el fin, incluso recurriendo a un cuantioso endeudamiento.

Veamos lo que dice el analista del FMI al respecto de situaciones similares: «Debido a que los deudores generalmente sufren daños económicos sustanciales en una crisis financiera, mientras que los acreedores a corto plazo y de la deuda soberana son frecuentemente vistos escapar con pérdidas limitadas, buena parte del énfasis en las discusiones recientes de esta cuestión se han concentrado en los más eficientes y efectivos mecanismos para implicar a los acreedores privados en la contención y resolución de las crisis financieras de los mercados emergentes».

El economista, obviamente, le asigna un papel fundamental al sector privado, al sector privado que debe «ser implicado» –dice– en la resolución de las crisis financieras.

Entre este planteo y lo hecho por el gobierno uruguayo existe un enorme trecho y por ello debe ser que todavía se mantiene en la mayor reserva en contrato firmado con los demás bancos propietarios del Comercial. ¿Por qué? Es evidente que quien asumió los costos totales de la crisis de ese banco, saqueado por los Röhm, fue el Estado uruguayo. Y lo mismo ocurrió posteriormente con el resto del sistema financiero, tal como surgía de la diaria caída de reservas.

Conocemos perfectamente los antecedentes del FMI, su apego a las políticas de contracción.

Pero es evidente que los técnicos de ese organismo advirtieron que Uruguay se había convertido en un barril sin fondo, en el cual en semanas desapareció una primera partida de setecientos millones de dólares, destinados a cumplimentar la política de Batlle y Bensión para «honrar las deudas del país». Era obvio que para entregar más dinero plantearían nuevas condiciones que restañaran de alguna manera la sangría permanente de dinero que, obviamente, se trasladaba al exterior.

En ese contexto se explica el anuncio de la liquidación de los bancos de Montevideo y Caja Obrera.

También esa posición coincide con otros elementos de la realidad, como lo que ocurriría con las otras entidades que requirieron continua asistencia y que de ahora en adelante deberán valerse por sí mismas. *