Marginalidad y violencia
Los sociólogos señalan que la destructuralización familiar que, por estos tiempos, vive la sociedad uruguaya, se ha convertido en una incubadora de violencia. Jóvenes sin trabajo ni educación, en la miseria, con problemas de alimentación, los que no han podido concurrir o desertado de los centros de enseñanza y que se encuentran en un país que no les ofrece futuro, buscan –en ocasiones– zanjar sus diferencias con la sociedad que los rechaza, agrediendo, siendo protagonistas de una espiral de violencia que cada día crece en intensidad. Cada día aparecen reflejados en la crónica policial autores de delitos, algunos aberrantes, más jóvenes.
La falta de esperanza, el rechazo que deben sentir de un mundo que les es ajeno, en el cual son agredidos continuamente, ellos los jóvenes y especialmente los más pobres que, ni siquiera pueden iniciar el camino de la emigración, hace que muchos integrantes de ese grupo etario, se conviertan en personas que viven las peores consecuencias de una marginación agobiante.
Y, ante esta situación que engendra focos violencia, ¿qué le ofrece el Estado? Casi nada o muy poco. Los establecimientos especializados del Iname están desbordados y es imposible que en su seno se concrete una tarea de reeducación adecuada para que quienes han pasado por los mismos puedan reinsertarse en la sociedad y comenzar una vida distinta.
Por otra parte el Ministerio del Interior realiza, a través de la Policía, una igualación hacia abajo, al igual de lo que ocurría en épocas oscuras del país, cuando una tipología humana, una señal distintiva o una manera de actuar, bastaba para caer en la condición de réprobo y pagar las consecuencias.
Acaso esto no es lo que ha ocurrido con los jóvenes, que por falta de trabajo, tratan de ganarse la vida en las esquinas de la ciudad, limpiando parabrisas de automóviles.
Bastó que se produjera una acción delictiva en una de esas esquinas, para que las autoridades realizaran un fichaje generalizado de quienes tratan de subsistir en esa más que humilde actividad.
Los uruguayos estamos en una encrucijada atroz. La pobreza impuesta por el gobierno de Jorge Batlle en base a sus políticas recesivas es en buena medida culpable de todos estos males que, los oscurantistas de siempre, pretenden resolver reiterando la rebaja de la imputabilidad. Buscan que las hoy inhóspitas cárceles, que son una real afrenta para el género humano, además de centro de continuas violaciones de derechos que deberían ser inalienables, se pueblen de jóvenes, casi niños, para que allí pierdan las últimas reservas humanas que posibiliten que esas víctimas (no victimarios) sean medianamente recuperables.
Estos procesos de marginación, de desestructuración familiar, de violencia creciente, se deben también colocar en el debe de este gobierno, aunque algunos comenzaron a verificarse mucho antes. Sin embargo ahora la responsabilidad, no sólo por omisión sino también por la acción implacable de la política económica, deberá ser reclamada.
El rompimiento de los lazos que hacen a la familia, a la convivencia en el barrio, en los institutos de enseñanza, a que asistimos hoy en el país es un síntoma más de un modelo económico perimido, que ha fracasado en toda la línea. *
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