El temor a la consulta popular

El Senado debía tratar ayer la derogación de los controvertidos artículos 612 y 613 de la Ley 17.296 de febrero de 2001.

El mero hecho de haber incluido en una ley presupuestal disposiciones en un todo ajenas a la temática que debe tratar una ley de esa naturaleza es de por sí revelador de la desprolijidad con se maneja el gobierno.

Desde luego que se intentó esgrimir el argumento de que, como las leyes presupuestales (la materia presupuestal) no son pasibles de ser sometidas a plebiscito, era improcedente interponer el recurso de referéndum para derogar los dos artículos cuestionados.

Afortunadamente, la cordura y el sentido común prevalecieron entre la mayoría de los ministros de la Corte Electoral, y fue así que el organismo se expidió reafirmando que ambas disposiciones nada tenían que ver con el Presupuesto y que debía procederse a someterlas a la voluntad popular en virtud de haberse llegado al número necesario de firmas.

Fue una decisión de suma importancia por cuanto echó por tierra el argumento pueril contra la consulta, al tiempo que dejó en evidencia el manejo desprolijo del gobierno.

Desde que se avizoró la posibilidad de que la recolección de firmas fuera exitosa y que por tanto se llegaría a la cifra exigida para habilitar el plebiscito, la coalición gubernamental empezó a hablar de la posibilidad de derogar las dos normas en cuestión. Es que muchos vieron en esa consulta popular mucho más que el pronunciamiento sobre el tema específico de Antel; advirtieron que podría transformarse en un plebiscito contra el gobierno. En caso de habilitar el recurso, se habría podido asistir a toda una gran campaña propagandística a favor y en contra de la privatización de Antel en la que estarían incluidos debates en televisión que habrían dejado en evidencia la endeblez de argumentos del gobierno para defender lo indefendible. El recuerdo del plebiscito de 1992 está aún demasiado fresco y el doctor Batlle no quiso arriesgar una derrota como la sufrida por Lacalle.

Es propio de los gobiernos débiles el temor a la opinión del pueblo; el temor a confrontar ideas y proyectos para el país, porque en el fondo tienen la sospecha de que sus ideas y proyectos van a ser rechazados. Esa es la razón que explica la premura en derogar los artículos 612 y 613, pues con tal de evitar una derrota estrepitosa y pública, prefieren dar una marcha atrás y otorgar una pequeña victoria política a la oposición.

Pero más allá del miedo y de la renuencia a enfrentar debates, el gobierno se niega a incluir en el proyecto de ley de derogación de las normas cuestionadas una disposición –reclamada por las fuerzas progresistas– por la que se establece a texto expreso la vigencia de la anterior Carta Orgánica de Antel. En tales condiciones es menester promover que los mecanismos legales sigan su curso y que se convoque a la ciudadanía a expedirse sobre el punto. *