SOS Urgente

La proximidad del acto electoral no nos puede hacer olvidar la urgencia de la realidad social.

Todos los índices demuestran un agravamiento del cuadro social y en especial adquiere un tono dramático el tema del empleo.

La reiteración de las citas comiciales, cuatro desde abril de 1999, puede generar una falsa apreciación de parte de la ciudadanía, de que la izquierda ha perdido su preocupación por los problemas acuciantes de la gente.

Se percibe un agravamiento del tema del desempleo, ya que los actores económicos reciben senales que para el 2000 la recesión se mantendrá y en particular que el Estado no realizará políticas anticíclicas, para paliar la crisis.

Asistimos en 1999 y principios de 2000 a incrementos récord en la tramitación de seguros de desempleo, directa consecuencia de la pronunciada baja de los niveles de actividad de nuestro país. Fenómeno particularmente agudo en el área industrial.

La reducción de las inversiones públicas redunda en una pérdida de las fuentes de trabajo, caso notorio en la industria de la construcción y en la cadena de suministros. A ello se sumará que la política de privatizaciones laterales o periféricas, siempre traen como consecuencia una reducción de los puestos de empleo.

La llamada Ley de Urgencia tiene una principal y grave acefalía: la falta de medidas concretas para mejorar el tema del empleo. Ninguna medida de política activa para fomentar el empleo.

El Encuentro Progresista-Frente Amplio tuvo un gran acierto en la campana electoral cuando levantó el tema del empleo como un tema crucial y urgente.

En esta etapa de las elecciones municipales, también el papel de las intendencias en esta área es importante.

Alumbrado público

Un ejemplo lo tenemos en los artículos 37 al 40 de la llamada Ley de Urgencia que autoriza a pasar el alumbrado público a la UTE. En Montevideo, mientras este servicio estuvo a cargo de UTE, era seriamente deficitario, ahora que se triplicó (!sí aumentó un 300%!) el nivel de iluminación de la ciudad y se actualizó el cableado para cumplir esta función, se le quiere sustraer a la Intendencia de Montevideo este importante servicio. Con el agravante de que si UTE lo asumiera, lo tercerizaría, ya que no tiene personal para cumplir la atención del alumbrado público y además encarecería su costo para el ciudadano.

Hoy, objetivamente, el alumbrado público está subsidiado por la Intendencia de Montevieeo, mediante la redistribución de los impuestos (contribución inmobiliaria y patente de rodados), pero si se hace cargo UTE, descargará sobre el usuario todo el costo del alumbrado, sin ningún tipo de contemplación.

A eso debemos sumarle el agravamiento sobre el presupuesto familiar que significaría el pago mensual del alumbrado público, que iría en un único pago indivisible con el consumo de energía familiar, bajo la coacción del corte de servicios en caso de no pago.

Formación de núcleos de empleo

La propuesta del Plan de Emergencia apunta a la conformación de núcleos de empleo laborales para desarrollar tareas subcontratadas por el Estado (del estilo de las realizadas por la Intendencia de Montevideo con el grupo Tacurú, Gurises Unidos, El Abrojo u otros, que propiciaron 600 puestos de trabajo) con contratos, regulaciones sobre la calidad y condiciones de trabajo, promoviendo la organización de estas personas en torno a un objetivo laboral y de inclusión en la sociedad.

Se priorizarán las poblaciones de mayor riesgo social (mujeres jefas de hogar y jóvenes desocupados provenientes de hogares pobres).

Saneamiento y pavimento en Montevideo

El incremento de las inversiones en saneamiento, han permitido realizar en el quinquenio 95-99, 387 kilómetros de saneamiento, 900% más de lo realizado en el último período de gobierno colorado, 1985-89, 45 kilómetros.

Esto redunda en primer lugar en la salud de la población, pero también en trabajo para quienes realizan la obra.

En cuanto a pavimiento, se duplicó el promedio anual de cuadras pavimentadas, comparando igual período 1985-89/1995-1999. De 800 cuadras por ano se pasó a 1520 cuadras anuales en la actualidad.

La reducción del clientelismo político, que todavía se nota ostensiblemente en varias intendencias del interior, ha derivado en una mejoría en la eficiencia de la gestión y en mayores recursos para obras y servicios. Esto se refleja en un incremento de las horas trabajadas.

* A estos temas municipales debemos adicionar un problema pendiente y agravado:

Junta Nacional de Empleo

Como perla del legado del anterior gobierno, que no fue restituida por el actual gobierno se encuentra la suspensión de los cursos de reconversión laboral que se realizaban bajo la órbita de la Junta Nacional de Empleo.

De un solo plumazo se impidió que 1.500 trabajadores inscriptos pudieran acceder al curso de recalificación de la mano de obra con una remuneración mínimamente decorosa. Si a esto le sumamos que hay 11.000 trabajadores en espera de que la Junae les asigne un curso, tomamos conciencia de la gravedad de esta medida.

Pero la perspectiva es aún más incierta, ya que no sólo el Estado no se plantea aportar al Fondo de Reconversión Laboral (única política activa de empleo existente, financiada exclusivamente por los aportes de trabajdores privados y empresas), sino que los propios empresarios dudan en seguir aportando.

El deber del Estado en un momento de agudización de la crisis coyuntural y estructural, es mitigar la situación del sector laboral, duramente golpeado por el flagelo de la desocupación.