Rendición de Cuentas: capítulos inconstitucionales

DOREEN JAVIER IBARRA

 

El Poder Ejecutivo que preside el doctor Jorge Batlle, nuevamente se aprovecha de un texto complejo y diverso, para incluir en el Proyecto de Ley de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2001, normas que violentan la propia Constitución de la República.

Ya había acontecido en oportunidad de considerarse el Presupuesto Quinquenal 2000- 2004, cuando se introdujo la modificación de la Carta Orgánica de Antel, autorizando la enajenación del 40% de Ancel. Artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296 que deben plebiscitarse.

Hoy nuevamente introduce, en la Sección VI Empresas Públicas, variantes sustanciales, de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay y por vía indirecta dispone la liquidación total de Pluna, sin participación del Parlamento, como lo indica el artículo constitucional Nº 189..

Además, en el Proyecto se solicitan una infinidad de facultades, cometidos o autorizaciones para el Poder Ejecutivo, agrediendo también la Carta Magna. El artículo 86 de la Constitución expresa que «la creación de supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificaciones de dotaciones…», corresponden al Poder Legislativo, ya que no puede delegar en otro Poder esta función. Esto se relaciona con la Sección III) Racionalización de Recursos Humanos del Estado, que es una real Reforma del Estado que vincula directamente a los funcionarios. No se puede continuar extendiendo cheques en blanco al Poder Ejecutivo.

Más allá de las flagrantes inconstitucionalidades lo cierto es que tanto la Sección III Recursos Humanos, como la VI Empresas Públicas, deben ser desglosadas del Proyecto, es decir extraer, quitar del texto del articulado, para que se cuente con la posibilidad de considerar profundamente y con la participación de todos los actores, disposiciones que afectan a miles de compatriotas y que debilitan la integridad del Estado.

El ortodoxo pensamiento liberal del Presidente de la República, está reflejado en los 163 artículos de la Rendición de Cuentas. Es lo que desde siempre pregonó: desarticular al Estado; disminuir la incidencia de las Empresas Públicas y desplazar a funcionarios.

Su modelo económico se refleja, en consecuencia, en este Proyecto de Ley.

Se lesiona a los funcionarios, los cuales quedan sin defensa antes posibles actos arbitrarios e inconsultos de eventuales jerarcas de las Unidades Ejecutoras, que los pueden declarar «excedentarios» para que sean redistribuidos, sin posibilidades de intervenir en su propio destino laboral y bajo la amenaza de que si no acepta la nueva designación se configurará la renuncia tácita. Estas disposiciones se extienden a los Organismos del artículo 221 de la Constitución, es decir a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Se puede afectar además, el propio sueldo del funcionario declarado excedentario, ya que si a los seis meses no se le ha fijado un nuevo destino, se disminuirán sus retribuciones y compensaciones en un 50%.

Además, a los funcionarios médicos y no médicos, que cumplen tareas en los servicios de asistencia médica y odontológica de los Entes Autónomos, se les desplaza a otras funciones fuera de sus instituciones, cometiéndose dos errores e injusticias: eliminar servicios que hace muchas décadas cumplen una importante función preventiva y sanitaria y afectar a un personal eficiente y capacitado.

Se crea una nueva figura con el Régimen de Contratos a Término, que no es otra cosa que desregular groseramente las actuales disposiciones laborales, con el riesgo de que se convierta en otro foco de clientelismo político, el cual fue utilizado durante décadas por los partidos tradicionales.

No se tiene en cuenta que el promedio de edad de los funcionarios es sumamente alto. Por ejemplo en algunos Organismo alcanza a 48 años, en la Banca Oficial es de 45 años, lo que de alguna forma le quita dinamismo a la función, por lo que se requiere personal joven. Debería incluirse en la disposición, de no autorizar ingresos hasta el 2015, excepciones justificadas. Pero lo que es alarmante es que se abre la puerta de ingresos, basados en el clientelismo, que tanto mal le ha hecho al Estado y al país.

Los anuncios del Gobierno, realizados a través del Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Alberto Bensión, de desregulación laboral, se concretan en este proyecto.

No tienen en cuenta que la reactivación económica y la disminución del desempleo no pasa por disminuir beneficios que se lograron con el esfuerzo, la movilización y la lucha de los trabajadores, sino que el camino es achicar el Estado en gastos prescindibles, que los hay en todos los ministerios. La prosecución de la política económica sigue hundiendo al Uruguay, en un destino sin salida.

Proseguiré analizando el tema. *