Capitalismo, corrupción y democracia

Todos hemos asistido en los últimos días al triste espectáculo de las maniobras delictivas desarrolladas por algunos banqueros en perjuicio de los ahorristas y del país. Se trata de una escena por demás repetida, con el agravante de antecedentes y repeticiones que podrían haber operado, para la autoridad monetaria, como un indicador de alerta. Lamentablemente no ha sido así y las estafas culminaron de acuerdo con los intereses de los malhechores.

No es el propósito de este comentario examinar el episodio del Banco de Montevideo, con muchas y complejas aristas que están en proceso en los ámbitos políticos, judiciales y periodísticos.

Queremos referirnos, en esta oportunidad, a los efectos delicuescentes que la corrupción genera en las estructuras de credibilidad de una nación.

El asunto está provocando también en estos tiempos un debate importante en varios de los principales países de democracia capitalista.

Para empezar en los propios Estados Unidos cuando después del escándalo de la empresa Enron se han multiplicado las denuncias de irregularidades en el funcionamiento de grandes corporaciones. El modus operandi varía de una empresa a otra. Pero siempre queda como sedimento la deshonesta actitud de algunos de los principales jerarcas en el sentido de «maquillar» los balances, ocultar déficit, simular beneficios y perspectivas jubilosas para deshacerse vendiendo a buen precio el paquete o parte del paquete accionario de la firma.

En el fondo siempre estas sofisticadas formas del engaño terminan siendo tan sencillas como «vender un buzón» y todo reposa, en última instancia, en la mala fe del embaucador.

Las investigaciones que en búsqueda frenética vienen realizando los periodistas de investigación en los Estados Unidos han mostrado al señor George W. Bush como vinculado a este tipo de venta fraudulenta.

Al decir de Clarín en una nota publicada hace unos días, a Bush se lo cuestiona por su propia responsabilidad en la venta de acciones siendo director de la petrolera Harken Energy Corp. de Texas. El 22 de junio de 1990 vendió 212.140 acciones de la empresa por 848.560 dólares. Menos de dos meses más tarde, Harken tenía que admitir pérdidas por 23 millones de dólares y las acciones bajaron a menos de la mitad. Bush había hecho un magnífico negocio.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lo investigó y si bien no hubo un veredicto claro, muchos sospechan que usó su información privilegiada para obtener un enorme beneficio en detrimento de centenares de otros accionistas.

El vicepresidente Dick Cheney también estuvo complicado en una maniobra con acciones de la petrolera Halliburton.

Obsérvese que, además, estamos hablando de un elenco en el gobierno norteamericano que dispone de un poder difícilmente equiparable al que haya disfrutados cualquier otro gobierno en la historia de los Estados Unidos.

Es justamente desde este singular elenco de donde han provenido una serie de iniciativas destinadas a recortar gravemente la libertad de las personas, a incentivar el desarrollo de un clima de delaciones y a poner límites a la libertad de difundir información.

La percepción creciente de estar en sociedades donde a una parte de la población no se le aplican las mismas pautas de comportamiento que al resto, la idea de la impunidad protegiendo el andar delictivo de algunos grandes personajes del poder económico y político tiene como primer efecto visible la retracción de una parte de la población de las responsabilidades de la participación ciudadana.

Con el primado de estas pautas, el quehacer político empieza a quedar, cada vez más, en manos de algunos operadores de opinión, técnicos en imagen y operaciones de «marketing» político, cada vez más alejados de los valores de la militancia democrática y de la acción política como compromiso con valores éticos.

Una democracia sin calor de pueblo ni referencias éticas. Sin justicia y sin transparencia. *