Con la Rendición de Cuentas el gobierno echa leña a la hoguera

El gobierno ha conseguido hacer de estas semanas un período condensado de conflictividad social y política.

Curiosamente lo hace cuando sus oponentes, sobre todo en el campo social y también en el político, aunque por distintas razones, dan visibles pruebas de que no es en un clima de enfrentamiento en el que prefieren dirimir las diferencias.

El empecinamiento ciego y sordo asume entonces proporciones que resultan sorprendentes. Es lo que está nuevamente en desarrollo.

Cuando no se han extinguido todavía los ecos de la interpelación realizada el jueves 11 y culminada en la jornada parlamentaria del martes, y adquieren particular gravedad los juicios adversos que desde distintas filas partidarias se emiten contra las imperfecciones de la labor de contralor del Banco Central, el gobierno instala en el Parlamento un proyecto de Rendición de Cuentas que, abarcando un número amplio y variado de temas, genera de inmediato la protesta y la movilización social. Un proyecto, además, que dando cuenta de los pesados déficit que el Estado sigue arrastrando, evidencia la incapacidad absoluta de este elenco económico para alcanzar las metas que se ha propuesto.

Las protestas no se han demorado. Es el sentido de la jornada de paros y manifestaciones del miércoles cuando sindicalistas de distintos gremios se unieron para protestar contra los proyectos gubernamentales referidos al Banco Hipotecario del Uruguay y a los demás bancos oficiales y los efectos de los recortes y «reestructuras» sobre la construcción de viviendas.

Sobre una plaza de ofertas laborales absolutamente disminuida, las nuevas medidas habrán de provocar, al decir de los sindicalistas, la pérdida de miles de puestos de trabajo en el castigado sector de la construcción. El efecto de esta merma en los niveles de empleo ha de operar sin duda como un factor de profundización de la atonía económica imperante.

La restricción global prevista del gasto público en esta Rendición de Cuentas es del 12% para este año y del 28% para 2003 y 2004: lejos de insinuar algún tipo de intervención anticíclica, el gobierno acentúa su deserción de la actividad económica.

Otro aspecto que apunta en el mismo sentido es el referido a la participación del salario en el conjunto del gasto público, y su comparación con el peso relativo de los costos de pago del servicio de la deuda.

De acuerdo con la propuesta del gobierno se estaría asistiendo a una rebaja salarial del orden del 15% para todo el sector público globalmente considerado.

Es obvio que eso conspira contra el poder de compra con lo que –sumándose a los efectos restrictivos del nuevo Impuesto a las Retribuciones Personales– la restricción de los gastos de funcionamiento habrán de operar como un factor más de enfriamiento de la actividad económica.

Un capítulo especial merece la consideración de las propuestas gubernamentales en materia de recursos.

En un estudio realizado por el Instituto Cuesta-Duarte referido a la Rendición de Cuentas se consigna que: los impuestos de mayor peso son aquellos que gravan el consumo (IVA e Imesi son el 47% de los ingresos), el crédito (el Imaba que es el 2,71%) o los sueldos (el IRP que es 8,5%). Entre los tres grupos suman el 60% de la recaudación, mientras que los impuestos al patrimonio (riqueza) apenas suman 3,26 (casi un tercio del impuesto a los sueldos).

Por lo tanto la estructura tributaria aceleró la recesión al gravar el consumo, las ventas y los ingresos de la mayoría de la población (sueldos y jubilaciones).

Conclusión: el Estado es financiado con mayor peso relativo por los sectores de menores ingresos a través de su gravamen sobre su consumo y sus salarios. *