Rendición de Cuentas: excesos de la derecha

DOREEN JAVIER IBARRA

 

El contenido de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2001 es un verdadero exceso, ya que abarca distintas temáticas que deberían tener un tratamiento independiente a través de proyectos de ley específicos.

El conjunto de los 163 artículos de la derecha, parece que hubiera sido compaginado para excitar y provocar a la ciudadanía. El resultado de la acotada reunión de la Lista 15, que se encargó de redactarlos produjo una serie de divergencias dentro del Partido Colorado y el Partido Nacional.

Cito solamente dos ejemplos de Secciones y Capítulos del Proyecto que deberían desglosarse: la Sección III, que corresponde a la Racionalización de Recursos Humanos, que no es otra cosa que la desregulación laboral; y, la Sección VI denominada Empresas Públicas, que es inconstitucional por introducirse en la modificación de Cartas Orgánicas, por ejemplo del Banco Hipotecario del Uruguay.

El Poder Ejecutivo reincide, una vez más, en solicitar facultades o cometidos para reglamentar o ejecutar distintas disposiciones. El exceso de las mismas origina un vaciamiento de las funciones del Poder Legislativo, quien debe ser el órgano regulador y decisor de las resoluciones que adopte y no delegar atribuciones.

Los temas que se tratan refieren a la reducción de los créditos correspondientes a Gastos de Funcionamiento en Inversiones en un 8 y 28% respectivamente, abarcando a todos los Ministerios y a la Universidad de la República, el Poder Judicial y ANEP.

Aun sin acuerdo en la coalición se faculta al Poder Ejecutivo para fusionar, suprimir o reorganizar Ministerios, eludiendo la participación de los partidos políticos opositores.

Con los retiros anticipados e incentivados de los funcionarios públicos, se intenta disponer su cese obligatorio a los 65 años de edad.

La desregulación laboral echa por tierra gran parte de las conquistas que durante décadas lograron los funcionarios públicos, nucleados en los distintos sindicatos. Como ejemplo cito la prohibición de otorgar beneficios extrasalariales, que muchas veces permitió mantener el poder adquisitivo de los salarios.

Se propone una nueva figura de ingreso a la función pública a través del régimen de contratos a término, dándole a los funcionarios un estatus similar al derecho privado.

En el Capítulo Redistribuciones y Adecuación se reitera la posibilidad de declarar y redistribuir a funcionarios excedentarios, los cuales son elegidos por las jerarquías de las Unidades Ejecutoras, sin la posibilidad de presentar recurso administrativo y amenazándolos con la configuración de renuncia tácita al cargo.

En las normas generales, sobre funcionarios, se retrocede en varios beneficios laborales, como el de licencias, licencias por enfermedad, por estudio, causales de destitución y cumplimiento de horarios.

En la lesiva Sección de Empresas Públicas, se da un nuevo paso para la desaparición de AFE; se avanza hacia la futura desaparición del Instituto Nacional de Colonización y se le da el golpe final a PLUNA, enajenando las acciones de PLUNA S.A. Como decía, se propone la reformulación de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario. Es inconstitucional como lo fue en oportunidad de tratarse el Presupuesto Nacional, donde se incluyó el art. 612 y 613, relacionado con la Carta Orgánica de Antel.

Se ataca, nuevamente, la autonomía de los gobiernos departamentales, donde a través de cuatro artículos se pretende securitizar el cobro de adeudos por concepto de tributos municipales; se habilita, de las partidas presupuestales, descontar los adeudos de las Intendencias con OSE, UTE, Antel; y se condicionan las transferencias a las Intendencias.

Contradiciendo los argumentos de la coalición de gobierno, cuando se votara el último ajuste fiscal se pretende prorrogar más allá del 31 de diciembre de 2003, la aplicación del impuesto a los sueldos y jubilaciones (IRP), que han sido disminuidos en grado sumo en los últimos meses. En definitiva, nos encontramos ante un proyecto verdaderamente dañino para el Estado y sus funcionarios, por lo que será necesario realizar todos los esfuerzos, de los ciudadanos y los parlamentarios, para evitar descomponer al Estado aun más y agravar la situación económica y social del país. Proseguiré argumentando sobre el particular, porque discrepo radicalmente con la forma de disminuir los gastos. *