Enseñanza pública: un deterioro cada vez mayor

n nuestra edición de ayer, una investigación de Daniel Martínez Soto aborda una faceta de la crisis que afecta directamente a la educación. La desocupación y la caída del nivel de salarios que afecta a la sociedad uruguaya ha causado, entre otros efectos, un paulatino corrimiento del alumnado de las instituciones privadas hacia el sector público. El hecho de no poder hacer frente a la cuota del colegio obliga a miles de familias de clase media a optar por la enseñanza pública, con lo cual son cada vez más los institutos que se ven privados de alumnado que pasa a colmar la capacidad de escuelas y liceos públicos. Ello conduce, necesariamente, a reducir personal; y esos docentes que quedan sin trabajo o ven reducida su carga horaria, tratan de compensar la pérdida volviendo a la enseñanza pública. Pero ocurre que la política de recorte de gastos impide la creación de nuevos cargos y la ampliación de la capacidad locativa con que cuenta la educación estatal.

Es así que los estudiantes deben asistir a clase en aulas superpobladas y con profesores y maestros desbordados, en una situación claramente antipedagógica.

El deterioro de la educación pública –que arranca antes de la dictadura pero que se magnificó durante los años de plomo– hizo que la clase media buscara en la enseñanza privada lo que la estatal no brindaba a sus hijos. Incluso los salarios docentes reflejaron ese deterioro cuando en los institutos privados las remuneraciones superaron el nivel de las retribuciones en escuelas y liceos públicos.

Pero actualmente, la crisis que se profundiza día a día obliga a numerosas familias de los sectores medios a abandonar los colegios privados para volver a los institutos estatales por no poder hacer frente a la cuota. Ello ha tenido un doble efecto: por un lado, ha generado desempleo; y por otro, está desbordando la capacidad de las escuelas públicas, ya superpobladas.

Al igual que en Argentina, entre los sectores de bajos ingresos se incrementa la deserción escolar, mientras para las capas altas empezó a multiplicarse una impresionante oferta de posibilidades vinculadas con instituciones extranjeras.

Es un error afirmar que no hay una política de Estado en materia educativa. La hay, y está peligrosamente dirigida a estimular el aprendizaje de ciertas técnicas o destrezas en desmedro de la solidez formativa que es de esperar de una enseñanza democrática.

No es improcedente recordar que antes que se instalara oficialmente la dictadura cívico-militar, la clase dirigente se las había ingeniado para lanzar una ofensiva sin cuartel contra la enseñanza popular. La Ley de Educación General –o «ley Sanguinetti» en «honor» al ministro de Educación y Cultura de Bordaberry–, promulgada a comienzos de 1973, barrió con la autonomía de los consejos de Primaria y Secundaria, iniciando así el proceso de deterioro a esta altura irreversible de la educación pública. Después de consolidada la noche negra durante la cual hubimos de soportar todo tipo de desmanes y de atropellos de parte de funcionarios ineptos y complacientes, la prolija destrucción de la enseñanza continuó acelerándose.

Pero una vez recuperada la normalidad institucional, las esperanzas de que la educación pública retomara su antiguo esplendor se vieron frustradas. Es cierto que se terminó con ciertas prácticas abominables y con la persecución, y que los funcionarios destituidos volvieron a ocupar sus cargos. Pero el daño ya estaba hecho, y los docentes ya no tuvieron participación orgánica en las decisiones de los organismos de la educación. *