¿Tras de cuernos, palos?

CARLOS BOUZAS

 

Lo estamos viendo. A partir del abandono de la banda de flotación del dólar, todos los comerciantes proveedores de los bienes que compramos usted y yo, se aplicaron alegremente a remarcar escrupulosamente todos y cada uno de los artículos que tienen en las estanterías, góndolas, percheros y vidrieras.

Tan contentos están todavía, que –al igual que la lechera del cuento– no se dan cuenta que nosotros estamos dejando de comprar.

Mientras tanto, nuestros gobernantes continúan discutiendo la tasa de corte de las letras de tesorería en moneda nacional de corto plazo, el riesgo país, la cotización del dólar y el mejor uso de la máquina doble cero sobre los salarios de los trabajadores del Estado en su búsqueda de la esmeralda perdida, perdón, del abatimiento del déficit fiscal.

El costo de la vida, pese a todo, ha comenzado a dispararse, mal que le pese a la misiadura de pesos que hay en los bolsillos. Si tomamos los últimos doce meses (año móvil) ya estamos en el nueve por ciento; muy lejos del idílico cuatro por ciento con que nos encandilaron tantas veces. Es hora pues, hasta por disposición legal, de hablar de ajuste de salarios y jubilaciones.

Me permito recordarle que en diciembre de 1997, durante la segunda presidencia del doctor Sanguinetti, amparado en el descenso de la inflación, el gobierno impulsó y obtuvo que el Parlamento aprobara una norma por la que los períodos de adecuación de los salarios de los funcionarios del Estado –y, por consiguiente, de las jubilaciones y pensiones– se acompasan según sea el porcentaje de inflación del año analizado mes a mes. Así, si la medición de un mes llega al veintitrés por ciento anual, los ajustes deberán ser cuatrimestrales (como lo fueron hasta ese momento y desde 1985); mientras que si se supera el diez por ciento corresponderán ajustes semestrales; en tanto que los mismos serán anuales si no se llega a esa cifra, que es la situación actual.

Como viene la cosa, seguramente en el mes que estamos viviendo, lleguemos a superar el fatídico diez por ciento, por lo que corresponderá un ajuste en los salarios de los funcionarios del Estado y en las jubilaciones. ¿Y los trabajadores privados? ¿Son los hijos de la pavota? (Para usar palabras del señor Presidente, en las épocas en que hablaba). Por supuesto que no, aunque, por supuesto también, el incremento salarial está incluido en los alegres remarques a que aludo algunas líneas más arriba.

Es cierto que desde hace algún tiempo –desde la mitad de la presidencia del doctor Lacalle concretamente– los sucesivos gobiernos se han desentendido de convocar a la negociación salarial en el sector privado, amparándose en la doctrina de la libertad de las partes en el libre mercado, pasando por alto la limitación a esa libertad que llevan implícitos la inseguridad laboral, el cierre de fuentes de trabajo y el incremento sostenido del ejército de los desocupados. Todo eso ha servido –de paso cañazo– para comparar lo desprovistos que están los trabajadores de la actividad privada, con los beneficios que conservan los públicos y acusar a los últimos de privilegiados, causantes de la discriminación de los primeros.

Yo opino que en este mes ha llegado el momento de barrer toda esa hojarasca (que viene muy bien al final del otoño) y realizar una concienzuda negociación en torno al ajuste salarial.

Si esa posibilidad no forma parte de los múltiples movimientos de números, cuentas y cálculos que está realizando el gobierno, me inclino a pensar que a través de la congelación de salarios, jubilaciones y pensiones se está contrabandeando un nuevo ajuste fiscal sobre el lomo de los uruguayos de ingresos fijos. Llegado el caso, habría que sacarle los signos de interrogación al título de esta nota. *