Crisis y movilización social

EDUARDO BONOMI

 

Integrante del Comité Ejecutivo del MLN-T, la Dirección Nacional del MPP y la Mesa Política del FA

El país se cae a pedazos: la crisis aumenta día a día y el gobierno, para financiar el déficit que su política económica y social determinó, no encuentra nada mejor que hacer caer sobre el pueblo trabajador, sobre los productores y sobre otros sectores empresariales que, en este momento, necesitan de la reactivación económica para salir adelante, la mayor parte del esfuerzo económico.

El presidente Batlle, cuando anunció algunas de las medidas que iba a tomar, opinó que el modelo es caduco y que hay que cambiarlo; pero, en realidad, se refería a la velocidad de aplicación del modelo: sus palabras fueron una reafirmación del modelo que viene desarrollando desde que asumió la presidencia de la República y que nos ha conducido a la crisis actual.

Posteriormente aplicó el paquetazo y nos prometió otras medidas, a cuenta de mayor cantidad: impuestos a los sueldos, impuestos a las frutas y verduras; libre flotación del dólar, con la consiguiente inflación que está determinando; compromisos con el FMI respecto a la privatización de las empresas del Estado por vía de las asociaciones o concesiones, así como el debilitamiento extremo de los organismos financieros del Estado: BROU y BHU, incluyendo el BSE, para favorecer la actividad de la banca privada; compromisos con la Unión Europea, en el marco de la OMC, para emprender la privatización del recurso agua…

Todas son medidas recesivas, que no van a hacer más que aumentar la crisis, incluyendo la libre flotación del dólar que, en este caso, no se resolvió como forma de reactivación económica, sino para corregir uno de los problemas que estaba determinando la política económica de la coalición: la necesidad de usar las reservas para mantener el dólar dentro de las bandas de flotación. Las reservas se estaban usando para pagar la deuda, sostener los bancos privados y mantener el dólar dentro de las bandas de flotación. Ahora se las va a usar, así como los fondos que provengan del acuerdo con el FMI, para pagar la deuda y sostener la banca, pero no se van a usar para sostener el dólar. No hay previsto absolutamente nada para reactivar la economía. Se va a seguir caminando hacia el abismo y afectando el trabajo, el salario y las condiciones de vida de la gente.

Son perfectamente previsibles las movilizaciones y las protestas populares, organizadas o espontáneas, en defensa de sus derechos y contra los atropellos del gobierno. Es perfectamente previsible que, aun por aquello del derecho al pataleo, la gente va a salir a la calle.

Las organizaciones sociales de mayor incidencia y convocatoria, el PIT-CNT, la Concertación para el Crecimiento, Fucvam, la FEUU o incluso las organizaciones políticas, como el EP y el FA, van a tratar de canalizar esa movilización hacia la conquista de alternativas económicas, sociales y políticas. No hacia la mera protesta, sino que intentarán fortalecer las alternativas de cambio, en el marco del país productivo y solidario, que permita la reactivación económica, el aumento del trabajo y el empleo, y el aumento de los salarios sumergidos; así como la defensa de los recursos nacionales, las empresas y los organismos financieros del Estado.

Sin embargo, en una situación como la actual, también se pueden dar movilizaciones meramente de protesta, que reivindiquen el derecho al pataleo, y se dirijan a marcar la responsabilidad de los que han tomado las decisiones que nos llevaron a esta situación que está marcando a fuego a la mayoría de los uruguayos. Ello, de hecho ya se ha dado, y distintos sectores parlamentarios de los partidos tradicionales han hecho los mayores escándalos cuando estas situaciones se han dado a partir de los trabajadores o los estudiantes: incluso han tratado de confundir las cosas cuando, en el caso del «escrache» al diputado Hackenbruch, olvidaron o no mencionaron o escondieron cuidadosamente que uno de los más claros organizadores, según informó el matutino El Observador, fue el chino Malai, quien financió la campaña del candidato a intendente de Canelones, Yamandú Castro, del Partido Nacional… Bien, los mismos que han puesto el grito en el cielo cuando se produjeron estas movilizaciones han guardado el más cuidadoso silencio cuando movilizaciones parecidas fueron llevadas adelante por productores rurales que responsabilizaban a diputados del Interior del país por la falta de sensibilidad cuando se votó la suspensión de ejecuciones de los productores endeudados, así como tampoco dijeron nada cuando los mismos productores rurales les cobraron cuentas dentro del mismo Parlamento Nacional por no apoyar los reclamos del 16 de abril.

En realidad, lo que hay es un verdadero operativo que trata de desestimular la movilización y la resistencia a un proyecto que está determinando la miseria y, en algunos casos, hasta la guetización de los orientales. Tan grande es el operativo que están llevando adelante que pareciera que quieren orientar la movilización hacia la mera protesta y, encima, después poder decir: ya lo habíamos adelantado, la izquierda y las organizaciones sociales quieren desestabilizar al país y llevarlo por el camino de la desobediencia.

El derecho a la protesta es un derecho legítimo de los pueblos, y el nuestro lo ha ejercido en innumerables ocasiones, nosotros reconocemos ese derecho; pero, sin embargo, creemos que en el momento actual, con la acumulación política y social que se ha alcanzado, la movilización está orientada, y bien orientada, en el camino de alcanzar alternativas de cambio que permitan transformar la política económica y social del gobierno de coalición y lograr las soluciones por las que la mayoría de los orientales venimos luchando. *